El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue más que enfático al presentar su primer informe de labores al frente de ese Poder de la Unión, sobre su objetivo de limpiarlo de vicios como la corrupción, el nepotismo y la incompetencia.

Mucho trabajo queda por delante, pero sin duda el titular del Poder Judicial Federal tiene respaldo no solo en los otros dos Poderes, sino también desde la sociedad que ha visto con preocupación el deterioro de la función judicial, el crecimiento de la corrupción y el influyentismo y la disminución de la calidad en las resoluciones de jueces y colegiados.

Un caso que se ventila actualmente en Guanajuato y que está próximo a resolverse en primera instancia en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato,  merece especial atención y sin duda crecerá hasta ser observado por los órganos de gobierno de la Suprema Corte como son el Pleno y el Consejo de la Judicatura.

Se trata de un amparo interpuesto por CI Banco, la entidad que participa como fiduciaria de los inversionistas en el proyecto City Center, un centro comercial construido al lado del parque de Los Cárcamos y cuya edificación ha sido considerada por grupos ambientalistas y ciudadanos usuarios del parque, como una amenaza que podría causar un deterioro significativo del cuerpo de agua y del entorno.

La solicitud de amparo de la entidad financiera pretende recurrir una determinación de la Gerencia de Calidad del Agua de la Sub dirección General Técnica de Conagua que, a consulta de ambientalistas leoneses, respondió que el cuerpo de agua de Los Cárcamos “se puede considerar como humedal”, tanto por sus características físicas como por el origen de sus aguas que son permanentes.

Esa disposición coloca cualquier determinación susceptible de modificar el equilibrio medioambiental de la zona en el terreno de la autoridad federal y no de la municipal.

La defensa de los inversionistas de City Center se fundamenta en la existencia de un oficio anterior, emitido por la subdirección técnica de la gerencia local de Conagua en Guanajuato en diciembre de 2016, que considera que el cuerpo de agua del parque Los Cárcamos no es de competencia federal y sus aguas no son propiedad de la nación.

Habría que recordar que en 2016 gobernaba el PRI a nivel nacional y que el gerente local de la Conagua era el ex alcalde de Ixtapaluca Humberto Carlo Navarro de Alba, designado por David Korenfeld, miembros ambos de la clásica política mexiquense.

La respuesta obtenida en la oficina local de Conagua por los inversionistas de City Center, encabezados por México Retail Properties (MRP), fondo de inversiones propiedad entre otros de Jerónimo Gerard hombre de negocios con excelentes relaciones políticas en el PRI, a través de su cuñado el expresidente Carlos Salinas de Gortari, les sirvió de justificación para eludir la supervisión federal y dejar todos los permisos en el ámbito municipal donde los inversionistas locales, los dueños de grupo Impulza, tenían allanado el terreno por sus relaciones con Héctor López Santillana.

Lo que está en juego ahora, en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el estado de Guanajuato, a cargo del juez Mario César Flores Muñoz, es la posibilidad de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pueda o no emitir una resolución que ponga fin a la denuncia popular presentada por el grupo ambientalista Acción Colectiva.

 Es un tema que no debería tener muchas complicaciones: si la opinión de una oficina regional está por encima de la determinación del órgano calificado para definir si el humedal forma parte o no de las aguas nacionales. De no ser así, entonces, los permisos obtenidos a nivel municipal tendrían que ser tramitados nuevamente pero ahora en la instancia federal, lo que sin duda daría más certeza al proyecto, en caso de estar bien sustentado.

Es importante subrayar que, contra lo que han dicho los defensores de la inversión rampante de City Center, lo que los ambientalistas reclaman no es la cancelación tajante del proyecto, sino la subordinación de este a los estándares más altos de la normatividad ambiental vigente en el país y evitar que se le de la vuelta a eso con acuerdos bajo la mesa entre los inversionistas y funcionarios sin competencia ni facultades.

La calidad de la determinación del juez Flores Muñoz, tendrá que ver sin duda con la defensa del medio ambiente, pero sobre todo con la defensa de la legalidad en materia ambiental, a la que una y otra vez se le ha dado la vuelta con argucias legaloides y con la complicidad de funcionarios que anteponen al medio ambiente y al derecho humano al medio ambiente, objetivos políticos e incluso personales.

Cualquiera que sea la resolución del juez Flores Muñoz, la sentencia irá a otras instancias y hasta la Suprema Corte, pues los ambientalistas leoneses están decididos a dar una batalla ejemplar para defender un bien natural que ha sido visto con desdén por las autoridades locales y los inversionistas, rebajándolo a un simple adorno de una plaza comercial más en la ciudad.

Seguramente al presidente Arturo Zaldivar le complacerá saber que en su lucha por cuidar la calidad del trabajo de los integrantes del Poder Judicial se encuentra acompañado desde la sociedad civil, para ayudarle a vigilar que ni la incompetencia ni la corrupción invadan el trabajo de la justicia.

Es lo menos que puede ocurrir en la situación de emergencia que vivimos como sociedad.