Si algo quedó claro en la elección del año pasado es que el tema que más escuece a los mexicanos y orientó su voto fue el hartazgo con la corrupción, también fue lo que les hizo respaldar la propuesta que ofrecía la lucha frontal contra ese flagelo.

Ahora hemos visto como Andrés Manuel López Obrador, el abanderado de la propuesta de erradicar la corrupción del sistema político mexicano parece limitar su esfuerzo a la historia que viene y no a la que ya pasó.

La política de punto final a la corrupción puede llegar a ser, tarde o temprano, una reedición del pacto de impunidad que ha sido la marca de referencia de la política mexicana y que ha permitido que se enseñoreé la impunidad y se reproduzcan las conductas que saquean el patrimonio público y sabotean los alcances de las políticas gubernamentales.

Esa sería la muerte de la Cuarta Transformación, algo que no sabemos bien aún con qué se come, pero cuyo eje central es la erradicación de prácticas corruptas ancestrales que han sobrevivido a todos los cambios de gobierno y de régimen de la historia del país como nación independiente.

Sin embargo, el riesgo de la inconsecuencia no solo amenaza al gobierno federal, sino que también socava otros esfuerzos trazados desde la sociedad civil que también quiere incidir en poner un freno a la corrupción rampante que nos invade.

En las pasadas campañas electorales, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), impulsó a nivel nacional y local la firma de un documento de compromiso contra la corrupción que incluyó 11 puntos.

Te lo firmo y ¿te lo cumplo? Foto: Zona Franca

La campaña pretendía proseguir con una línea iniciada tres años antes para la presentación de la declaración 3de3 de los aspirantes a cargos públicos, a fin de transparentar su patrimonio, su cumplimiento fiscal y sus posibles conflictos de interés.

No hay candidato en campaña que ante una convocatoria de esa naturaleza no acuda solícito a otorgar su firma y comprometerse con lo que sea, como parte del peregrinaje en busca de los votos, la aceptación ciudadana y la elevación de su imagen pública como un dechado de virtudes.

Sin embargo, como suele ser recurrente en este país, los compromisos firmados en campaña se convierten en papel mojado apenas un político salva la aduana electoral y se hace con el poder.

Así ocurre en el caso de Guanajuato, donde el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no solo no ha avanzado en lo mínimo para acatar el cumplimiento de algunos de los once puntos que rubricó en la campaña de 2018, sino que en algunos casos ya se apresta a hacer exactamente lo contrario, como ocurrirá con la designación de un fiscal carnal, en la persona de Carlos Zamarripa Aguirre.

Mientras que el organismo que convocó a Diego Sinhue y a los restantes candidatos a la gubernatura a firmar ese compromiso, está muy lejos de haber realizado acciones para darle un seguimiento a lo que en campaña fue una rimbombante escenografía para acaparar reflectores y notas de portada en los medios.

Jorge Ramírez Hernández ha lanzado dos tímidos exhortos al gobernador Rodríguez Vallejo para pedirle que avance en el cumplimiento de los 11 puntos. No solo no ha recibido respuesta, sino que la exigencia ha sido bloqueada en los medios de comunicación que mantienen mayor afinidad con las políticas gubernamentales.

Sin embargo, desde los gobiernos panistas del estado y del municipio de León ya viene una respuesta que no puede dejar de ser interpretada como un movimiento de ajedrez para neutralizar el activismo empresarial en pro de las buenas prácticas gubernamentales.

A través de filtraciones a los medios, esos mismos medios que se prestan a ser recaderos del poder con lo que de paso renuncian al papel de contrapeso que deberían ejercer en una sociedad democrática, ahora se sabe que Jorge Ramírez Hernández ya fue palomeado como el próximo presidente del Consejo Directivo de Sapal, la poderosa paramunicipal encargada de administrar el agua potable en León, cuyo presupuesto equivale a más del 40 por ciento del que ejerce el municipio en su conjunto y es superior al de cualquier otro municipio del estado.

No es nada desdeñable en términos de carrera política, que la presidencia de un organismo empresarial proporcione el reflector suficiente para recibir una invitación a encabezar la titularidad de una poderosa entidad pública que interviene de manera decisiva en el crecimiento de la ciudad y cuyas decisiones impactan en importantes inversiones públicas y privadas.

Ya el hecho de dejar inconcluso un proyecto tan importante como el del cumplimiento de los once compromisos contra la corrupción para asumir una responsabilidad público bajo el visto bueno de dos de los funcionarios que firmaron esos compromisos y hasta ahora no los han cumplido a cabalidad, resulta bastante sospechoso.

¿Quieren los empresarios, sobre todo esta nueva generación, que se les crea en serio su papel de líderes de la sociedad civil que luchan por el bien común y nada tienen que ver con las viejas complicidades entre sector público y sector privado? Bien harían entonces en superar la vieja práctica de la puerta giratoria, donde los que hoy supervisan mañana serán supervisados lo cual contribuye a generar prácticas insanas de complicidades, ocultamiento e impunidad.

Por lo pronto, si resulta que Jorge Ramírez es designado en próximas fechas como presidente del Consejo Directivo de Sapal, ese mismo consejo que vio interrumpida su continuidad el año pasado por el conflicto de intereses en el que incurrió su anterior presidente, sería bueno conocer a cabalidad su declaración 3 de 3, donde se expongan sus haberes, su cumplimiento fiscal y sus posibles conflictos de interés.

Ramírez es empresario y su sector es la industria de insumos eléctricos, muy relacionada con la industria de la construcción. Así que no estaría de más conocer quienes son sus principales clientes y si entre ellos hay proveedores de Sapal. Ahora, además, motivado por el caso de Pedro González, los organismos empresariales han lanzado un código de ética para la participación de sus integrantes en los consejos ciudadanos de la administración pública.

El presidente de Coparmex no ha logrado, hasta ahora, que la firma de los once compromisos contra la corrupción por parte de Diego Sinhue Rodríguez incidiera en las prácticas del nuevo gobierno y, por lo que se ve, ya no avanzará en el tema.

Sin embargo, le queda la posibilidad de realizar un aporte significativo a nuestra vida pública inaugurando la aplicación de esos mismos principios en el nuevo Consejo Directivo de Sapal, empezando por la declaración 3de3 de todos sus integrantes, la mayor parte de los cuales son empresarios, siempre reacios a la transparencia, aunque muy dispuestos a incursionar en los temas públicos sin responsabilidad.

Así, la vulneración que provocará a la lucha anticorrupción con este confuso tránsito de la esfera civil a la esfera pública, podría paliarse de alguna manera. De no hacerlo, de prestarse a lo que desde afuera se ve como una vil cooptación de alguien que había mantenido un cierto tono crítico, todo lo realizado anteriormente quedaría en duda.

Parecería que los líderes empresariales, como decía Porfirio Díaz, quien mucho sabía del tema, solo picotean “porque quieren maíz”