Críticos frente a excesos del gobierno, hoy los líderes empresariales se muestran complacientes con uno de los suyos sorprendido en falta; “que no hubo dolo”, justifican y desestiman la primera sentencia emitida dentro del Sistema Estatal Anticorrupción.

Qué papelón para los líderes empresariales de León, quizá los más activos política y socialmente, los que más interlocucionan con el gobierno y que gozan de la mayor credibilidad en la opinión pública, al tener que salir a medio defender, medio justificar y medio condenar al empresario presidente del consejo directivo de Sapal por haber incurrido en una flagrante situación de tráfico de influencia y conflicto de interés.

Dirigentes como Arturo Sánchez Castellanos, del Consejo Coordinador Empresarial; y Jorge Ramírez, de Coparmex, que alzan la voz fuerte cuando se trata de exigir y conminar al gobierno a que se centre en sus políticas y a que cumpla con sus obligaciones, así como cuando salen a defender el interés común, han debido hacer de tripas corazón para suavizar sus críticas hacia González, quizá por tratarse de “uno de los suyos”.

Es decir, los dirigentes empresariales incurren en lo mismo que tanto han criticado de los partidos políticos: el ánimo sectario, la tendencia a medir con dos varas cuando se trata de “un propio” o de “un extraño”. Con razón estamos como estamos.

Es lo mismo que pasa en la iglesia católica cuando uno de sus ministros es encontrado culpable de violar derechos humanos o de cometer delitos abiertos abusos criminales. Lo primero que se da es la exculpación, la solidaridad de clase o de gremio, el espíritu de cuerpo.

Es de una ternura inenarrable la explicación de que probablemente Pedro González incurrió en una irregularidad “pero lo hizo sin dolo”. El argumento del líder de Coparmex repite los mismos argumentos que circularon en una carta distribuida por Sapal y atribuida a la funcionaria Laura Montes de Oca, asistente ejecutiva del propio Pedro González.

En cambio, los directivos gremiales del sector privado no hacen alusión a la sentencia emitida por el magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala dedicada a faltas de servidores públicos del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, mejor conocida como Sala Anticorrupción, y una de las piedras angulares del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción tan anhelado por esa sociedad civil a la que dicen representar los organismos empresariales.

¿O con qué credibilidad pueden empezar la campaña por un #fiscalquesirva estos organismos, si de entrada sabotean la sentencia de un magistrado serio y acreditado solo para darle credibilidad a los panfletos de autodefensa de su amigo y colega, el consejero empresarial pillado infraganti en una falta administrativa de la que pretende escabullirse puerilmente aduciendo que no hubo dolo?

¿Esa es la lucha anticorrupción que buscan nuestros flamantes adalides de la sociedad civil? ¿Una sesgada idea “juarista” de aplicar a los enemigos la ley a secas mientras se aplica a los amigos “justicia y gracia”?

El líder del consejo Coordinador Empresarial se refugia en la laxitud de la secretaria de la Transparencia de Miguel Márquez que solo castigó con tres días de suspensión al secretario de Turismo Fernando Olivera, para quejarse de la sanción “excesiva” a Pedro González de cinco meses de suspensión.

Es decir, el mal cumplimiento de la ley por parte de la ineficiente funcionaria marquista se convierte en la coartada para criticar una la decisión del magistrado anticorrupción que viene a inaugurar un sistema por el que mucho se ha pugnado y que apenas comienza a funcionar con numerosas imperfecciones.

Pedro González tiene todo el derecho a defenderse hasta agotar instancias, aunque haría bien en hacerlo fuera del consejo de Sapal y que otro ciudadano se haga cargo de conducir a esa dependencia en el delicado momento que vive, atenazada por problemas internos y retos extraordinarios en el horizonte.

Al día de hoy, la única verdad legal es que incurrió en un conflicto de intereses, cuando su labor al frente del consejo directivo era cuidar precisamente que eso no sucediera con nadie, mucho menos con él mismo.

Escuchando a los dirigentes empresariales evadir la responsabilidad de tomar postura frente a un craso error de uno de sus colegas, está uno tentado a darle la razón al filósofo Enrique Peña Nieto y concluir que en México “la corrupción es cultural” y que estamos condenados para siempre a las complicidades y los arreglos en lo oscurito. Vaya oso.

¿En verdad, buscan estos representantes sociales impulsar la lucha contra la corrupción? O únicamente, como decía la vieja conseja tan mexicana, quieren que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de sus compadre. Esperamos la respuesta.