La autonomía universitaria manipulada por castas burocráticas está alejando a estas instituciones de la sociedad; nula rendición de cuentas y desprecio a derechos elementales, no son las mejores cartas de presentación de casas teóricamente dedicadas a producir ciencia y pensamiento.

En estos días pudimos conocer a través de una investigación realizada por Zona Franca, que la remodelación de la planta baja de una finca catalogada por el INAH y ubicada en el centro histórico de Guanajuato, no solo costó casi dos millones de pesos a la Universidad de Guanajuato, sino también que su destino no estaba nada claro cuando se decidió esa remodelación.

Este pequeño ejemplo da una muestra de cómo se manejan las decisiones en la casa de estudios superiores de mayor tradición, la más grande de las escuelas públicas de Guanajuato y la dueña de un presupuesto de 4 mil 300 millones de pesos, en su mayor parte proveniente de subsidios, que se manejan con una gran discrecionalidad.

La primera noticia sobre la lujosa remodelación del inmueble, con materiales de alto estándar, era que allí habría unas “oficinas alternas” de la rectoría, aunque justo es decir que solo eran versiones no comprobadas.

La segunda noticia, a cargo del responsable de infraestructura de la institución y encargado de las obras, Eloy Juárez Sandoval, fue que el sitio serviría para “sala de juntas”, en virtud de la saturación de espacios en el edificio central.

Esta versión incluso mereció la defensa de personajes como el consejero electoral Luis Miguel Rionda, quien al comentar la nota defendió la necesidad de espacios de trabajo: “me parece excelente que la UG tenga un espacio digno en el centro de la ciudad”, escribió el también académico, como si la Universidad no dispusiera de decenas de fincas en el centro histórico de la capital.

Sin embargo, fue el propio rector Luis Felipe Guerrero Agripino quien definió el uso del espacio restaurado, desmintiendo a su director de infraestructura y dejando en el aire a sus panegiristas, al dar a conocer que la casa del callejón del Boliche sería en realidad “un centro de atención del ecosistema VIDA UG”, un proyecto de vinculación e innovación anunciado recientemente.

Y de nueva cuenta brincan las dudas: si se trata de invertir recursos en un programa que busca impulsar actividades de vinculación con el entorno y de innovación, ¿porque hay que empezar gastando dinero en remodelar una finca? ¿Le sobra el dinero a la UG como para pensar que es con obra de albañilería y decoración a todo lujo como debe empezar un programa de interactuación con la sociedad? ¿En serio?

Desde luego, eso pasa cuando se dispone de recursos públicos con vastedad y es suficiente firmar un oficio o dar una instrucción para que se muevan millones de pesos a concretar cualquier capricho u ocurrencia que, además, no es supervisada por nadie ni tiene que ser sometida a una rendición de cuentas y hasta recibe elogios de académicos que suelen pedir alto a la discrecionalidad y la corrupción en todas partes, menos en su alma mater.

En efecto, en la UG si algo sobra es dinero. El proyecto de ingresos de 2018, de 4.3 mil millones de pesos, incluye remanentes de ejercicios anteriores por 647 millones de pesos. Es decir, ni con ocurrencias agotan los recursos puestos a su disposición, pero tampoco contribuyen a solventar las muchas carencias que afectan a los planteles de la institución.

El pomposamente llamado “ecosistema” VIDA UG, siguiendo ocurrencias de tecnócratas que suelen adoptar el lenguaje de moda en el discurso teórico, no deja de ser un nuevo intento de vincular a la universidad con su entorno, ahora inoculado con el concepto de “innovación”. No deja de ser curioso que las instituciones que quieren impulsar la innovación no innoven en sus propias prácticas y en el ejercicio de sus políticas.

La verdad es que la Universidad de Guanajuato, como ocurre con otras de sus homólogas en el país, se ha convertido en el coto de burocracias cerradas que viven privilegiadamente sin atender el cada vez mayor fracaso del modelo de educación pública, que cede aceleradamente la iniciativa al sector privado. Sin embargo, eso no ha impedido que año con año continúen demandando recursos públicos y participen en convenios con instituciones gubernamentales que las dotan de más dinero, algunos incluso bajo sospecha como los que formaron parte de la estafa maestra.

El colmo del anquilosamiento es que la Universidad de Guanajuato, en pleno siglo XXI, ni siquiera haya resuelto un protocolo de participación en eventos de la mayor trascendencia pública, como las elecciones que se celebran este año. Hace unos días, el rector Guerrero Agripino, en funciones de inquisidor mayor, circuló un oficio donde les pide a “autoridades y directivos” universitarios que se abstengan de “involucrarse en manifestaciones y actos de apoyo o adhesión a candidatura alguna”; agregando además que esto debe  extenderse “más allá de días y horas hábiles”, pues así lo demanda la dedicación de esos puestos. Prohibir no parece precisamente algo muy innovador.

En los hechos, el rector de la UG está actuando como un verdadero sátrapa que manda en su feudo por encima de lo que dicen las garantías de la Constitución sobre los derechos políticos de los ciudadanos. Algo que los gobernantes al más alto nivel, gobernadores por ejemplo, pueden hacer, como las actividades de proselitismo y partidistas en sus tiempos libres, le estaría vedado a los funcionarios universitarios por decreto de su rector general.

Nueva pregunta: ¿quién asesora al doctor en ciencias penales sobre lo que puede y no puede hacer en el cargo que ostenta? A lo mejor, nadie. Lo delicado es con respecto a esta situación, de nueva cuenta Guerrero Agripino contó con el apoyo incondicional del consejero electoral Luis Miguel Rionda, universitario también y beneficiario de numerosas prerrogativas académicas, quien coincidió en que la representación de una institución universitaria no acepta horas libres, casi como si fuera un ministerio de culto.

Mientras el país lucha por salir del marasmo al que lo han llevado los niveles inenarrables de corrupción e inseguridad provocados por una clase política cada vez más irresponsable y más ineficiente, resulta lamentable que desde los espacios donde solía refugiarse el pensamiento y una cierta reserva moral, se ponga en evidencia que no solo no están dispuestos a participar en la solución de los problemas, sino que han decidido alegremente formar parte de los mismos.