Arnoldo Cuellar

El ayuntamiento de Guanajuato de rodillas

In Botepronto on abril 26, 2018 at 3:58 am

En qué cabeza cabe que una entidad quiera adquirir deuda por 110 millones de pesos cuando tiene por cobrar una cantidad casi similar, que ni siquiera ha documentado; solo pasa en el gobierno, por eso la crisis de la política.

Apenas puede creerse que un municipio empobrecido, que está planeando endeudarse, por cierto de forma bastante opaca, tome con tanto desdén la omisión de una década en el cobro de los derechos de uso de la vía pública a una empresa de televisión por cable, Telecom Nacional, la cual ha acumulado un adeudo tentativo de aproximadamente 84 millones de pesos.

Eso pasa en Guanajuato capital, un municipio que ha sido gobernado por el PRI de forma ininterrumpida 9 de esos 10 años, partido que hoy se encuentra en medio de una fuerte crisis política a grado tal que debió postular a una candidata proveniente del PAN para poder tener algo de competitividad.

Y la crisis se puede entender perfectamente cuando se observa el comportamiento de los funcionarios de la administración municipal, los cuales parecen actuar cada uno por su cuenta y sin ningún tipo de coordinación.

Por ejemplo, la tesorera Irma López Mandujano se desentiende en forma absoluta del adeudo porque “no lo tiene registrado” y culpa al director de desarrollo urbano, Carlos Morrill, de permitir a la empresa de cable seguir medrando con el espacio público sin que se le exija el pago de obligaciones, pues esa dependencia es la que otorga los permisos.

Este funcionario, por su parte, se saca de la chistera la existencia de “amparos” por parte de la empresa, lo cual no suena lógico si ni siquiera se ha fincado un adeudo en forma; es más, no se ha cuantificado con certeza el monto.

Detrás de estas tácticas dilatorias lo que parece existir es un acuerdo político de protección operado por el secretario del ayuntamiento, Carlos Torres Ramírez, un abogado de la vieja guardia priista que ahora exige el tratamiento de “doctor en derecho constitucional”, pero que sigue comportándose como un mapache del siglo XX.

A final de cuentas, Torres Ramírez es el verdadero “city manager” de Guanajuato, ante la complacencia del alcalde Edgar Castro, por ahora más preocupado en litigar con el PRI su marginación de las candidaturas en la próxima elección.

Torres es el que dice cómo y cuánto declarar, qué decir y qué ocultar. Antes de dar respuesta a las solicitudes de información, su oficina las palomea o las veta. No parece moverse una hoja sin su visto bueno y hace una misión sagrada del ocultamiento de la información y las maniobras políticas para beneficiar a sus aliados y golpear a sus enemigos.

En ese sentido, el canal de televisión por cable que es propiedad de Jorge Rodríguez Medrano y que se hospeda en la cablera que tiene la deuda millonaria con el municipio, se ha convertido en un magnífico instrumento para propiciar el autoelogio y atacar a los adversarios del círculo cerrado de la administración.

La bomba de la deuda no registrada, algo que podría ser el peor saqueo que haya vivido el municipio en décadas, explota directo en el cuarto de máquinas de esta trama de complicidades al más viejo estilo priista, agudizando la profunda crisis de una forma de hacer política que ya vive horas extras.

Por ello, resulta de lo más preocupante que una administración con estas características, un verdadero Titanic a la mitad del naufragio, se atreva a solicitar un crédito que originalmente fue planteado por 150 millones de pesos y que hoy se reduce a 110 tras analizarse la capacidad de endeudamiento del municipio.

Que a seis meses de concluir, una administración desfondada, anárquica e incapaz ni siquiera de cobrar lo que por derecho corresponde al municipio, reciba una carreteada de dinero para una obra cuya necesidad y viabilidad están en duda, es un auténtica insania.

¿El municipio de Guanajuato necesita dinero? Que cobre lo que le deben, que lo registre, lo cuantifique y además sancione a los funcionarios omisos y finque responsabilidades a los gobiernos anteriores, uno de los cuales por cierto es del propio alcalde Edgar Castro, quien ejerció un interinato en 2012, cuando ya se formaba este pasivo oculto.

Que el doctor en derecho constitucional por Salamanca, Carlos Torres Ramírez, muestre que de algo le sirve ese título rimbombante y no solo para satisfacer el ego, recibir pleitesías de los subordinados y elogios de un sedicente conductor de noticieros que salen demasiado caros, tanto como 84 millones de pesos faltantes en las arcas de un municipio depauperado, saqueado y pésimamente gobernado.

¿Tendrán el valor o será más fácil nadar de muertito y dejar la bronca para los que vienen?

¿Qué dirá la historia?

Probablemente que lo que natura no da, Salamanca no presta.

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