El caso Kala sigue mostrando la enorme falta de compromiso de la UG con los derechos de las mujeres que llenan sus aulas e instalaciones.
La declaración del rector general de la Universidad de Guanajuato sobre la solución institucional del caso de la agresión de Julio César Kala a su becaria, Isabel Puente, parece definir de cuerpo entero la nula disposición de la institución a afrontar el fenómeno de la violencia de género en su seno.
Al justificar la exoneración de Kala por la Comisión de Honor y Justicia de la UG con la explicación de que la Universidad carece de “ministerios públicos”, Luis Felipe Guerrero Agripino, experto en ciencias penales, se olvida de que tanto las denuncias en la Procuraduría de los Derechos Humanos como en la Fiscalía de Aguascalientes ocurrieron a iniciativa de la víctima cuando se sintió no solo abandonada y traicionada, sino también revictimizada por su Alma Mater que era además su centro de trabajo.
Si la primera denuncia de Isabel hubiese sido recogida con perspectiva de género, preocupación institucional y compromiso con los derechos humanos, debió haber sido la Universidad quien presentara la denuncia ante la fiscalía de Aguascalientes, en acompañamiento a la joven becaria.
No fue así, las instrucciones precisas desde el entorno laboral de la rectoría del Campus Guanajuato, ocupado entonces por Guerrero Agripino como titular, fueron las de no denunciar en ninguna instancia interna de la Universidad, guardar silencio y no provocar problemas por la inminente elección de rector general.
Si bien es cierto y muy imaginable que Guerrero haya estado ajeno a las decisiones de sus colaboradores, señaladamente su secretaria particular Dolores Gallegos, tía de la víctima, también lo es que a la vuelta de los meses, cuando ya pasó al elección y resultó el ganador, bien pudo revisar esa actuación y tomar medidas, de haber existido un compromiso con la justicia y en contra de la violencia.
No fue así, la revictimización se prolongó y se agravó cuando Isabel decidió desoír los “consejos” y las órdenes de jefes y familiares y presentó denuncias ante instancias como la Procuraduría de los Derechos Universitarios y la Junta Directiva de la Universidad de la que Kala es miembro.
Por eso ella decidió salir del ámbito universitario, no sin dudas y confusión, para acudir a Derechos Humanos primero y luego a la Fiscalía de Aguascalientes, decisiones propias que luego fueron tomadas como pretexto para la tardanza en la resolución del caso.
Es cierto, la Universidad de Guanajuato no tiene un ministerio público y es bueno que así sea por que de existir seguramente sería un instrumento más de coerción sobre una comunidad silenciada como nunca, bien por presión, bien por cooptación. Sin embargo, si tiene el suficiente bagaje institucional como para haber evitado una revictimización sistemática, dolosa y cómplice.
El colmo de la sospecha sobre esta conspiración que se cernió en contra de Isabel Puente Gallegos es la “premiación” de la que fue beneficiario el doctor Leandro Eduardo Astrain Bañuelos, quien luego de ser testigo de descargo de Julio César Kala, apareció como el nuevo titular del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, donde por cierto se ha desempeñado con gran incompetencia.
Ante ese panorama, la respuesta de Guerrero Agripino de que la UG no tiene ministerio público, parece algo peor que una simpleza: es sencillamente la confirmación de una complicidad.
