La burocracia subordinada se ha probado como ineficaz para atender el problema de la corrupción, hoy más fuerte que nunca antes; por eso, un fiscal atado de manos solo será una repetición de la misma historia.

Resulta absolutamente inconcebible que más personas se hayan entrevistado en estos días con el coordinador de la mayoría panista en el Congreso, Éctor Jaime Ramírez, para solicitarle que abra la convocatoria para el proceso de designación del fiscal anticorrupción, que los propios aspirantes a ocupar ese cargo.

La participación de la sociedad, tan alabada en los discursos políticamente correctos de las autoridades, se ha hecho presente en el Congreso para reclamar las excesivas condiciones impuestas a quienes aspiran a convertirse en titulares del órgano que busca frenar la incontrolable corrupción que afecta nuestra vida pública.

Lo menos que puede ocurrir es que los legisladores que presumen ser parte de un “parlamento abierto”, muestren apertura a los planteamientos de ciudadanos y reformulen unos criterios que no hacen el honor a un espíritu de involucramiento de la sociedad en la lucha contra la corrupción.

Si algo ha probado la historia reciente del país es que burócratas sometidos no han tenido éxito alguno en la lucha contra la corrupción. Ni las Contralorías, ni las secretarías de gestión, función o transparencia públicas han logrado avanzar siquiera milimétricamente contra la disolución ética de las responsabilidades gubernamentales.

Ahí está el caso de Isabel Tinoco, que todo consulta con Miguel Márquez y con Juana de la Cruz Martínez Andrade, la poderosa consejera política del gobernador, incluyendo el ridículo castigo de tres días al Secretario de Turismo Fernando Olivera por violar la normatividad de asignación de obra pública, nada más.

Un poco más lejano, está el caso de Luis Ernesto Ayala que debió de renunciar tras aplicar sanciones que también fueron irrisorias, aunque menos que la referida arriba, a los secretarios de Obra Pública, Genaro Carreño; y de Desarrollo Agroalimentario, José María Anaya, en el gobierno de Juan Manuel Oliva.

Si la lucha contra la corrupción es ineficaz en un funcionario que depende de un gobernador, cuanto más no lo será si depende de un Procurador de Justicia o de un Fiscal General, incluso aunque sea autónomo. Además, el propio Fiscal General tendría que estar sometido a una fiscalización en materia de anticorrupción.

El sistema, así como se ha establecido en el actual marco legal, que incluye vetos del gobernador, resulta una simple simulación.

Los diputados locales, sobre todo la mayoría panista, pueden escudarse en que solo están aterrizando un marco general derivado de una reforma federal, sin embargo, eso no les quita responsabilidad. A final de cuentas es lo mismo que está cuestionando su dirigente nacional en la reforma federal y aquí sus correligionarios ni siquiera son congruentes con esa posición.

Queda claro que a la burocracia gubernamental, de cualquier signo, no le viene bien la fiscalización ni los controles. Panistas al igual que priistas, lo que quieren es poder absoluto sin rendición de cuentas, por lo que la sociedad puede esperar muy poco, si no es que nada, de diputados panistas que piden permiso para legislar a quien sigue siendo su jefe político, el titular del Ejecutivo.

Hoy por lo pronto, y ante el empuje de señaladas organizaciones y de activistas, a los legisladores de la mayoría les será más difícil hacernos tragar la rueda de molino de que están contribuyendo a la lucha contra la corrupción cuando en realidad solo están cubriendo el expediente sin intenciones de calar en la realidad.

La verdadera lucha contra la corrupción y por la autonomía de las nuevas fiscalías anticorrupción y general deberá esperar a que termine el actual gobierno y su legislatura, cuyos integrantes se ven más preocupados por aferrarse a la reelección o por escalara otros puestos, que por trascender con normas que impacten los lastres que cargamos.

Tras la que se antoja como una elección plena de sorpresas habrá de remodelarse el juego de fuerzas de la política local y la nacional, para bien o para mal. Entre tanto, el papel de esta legislatura, cuyas pretensiones no logran eludir el mismo síndrome de dependencia que sus antecesoras, amenaza ya con ser meramente anecdótico y esa será su impronta en la historia de Guanajuato.