Arnoldo Cuellar

El Congreso “carnal” de Guanajuato

In Botepronto, sinembargo.mx, Zona Franca on septiembre 14, 2017 at 3:58 am

La misma falta de independencia que en la época del PRI, pero con un costo considerablemente superior, el Poder Legislativo de Guanajuato marca un retroceso fundamental en la calidad de nuestra vida democrática.

Si algo hace claramente evidente que la cultura política que representan los partidos en México es esencialmente antidemocrática, es la conversión de los gobiernos panistas en émulos perfectos de sus antecesores priistas.

En Guanajuato, donde el PAN ha gobernado más de un cuarto de siglo, la sumisión de los Poderes Legislativo y Judicial al titular del Ejecutivo es total, justo igual a la que combatían los opositores panistas en la recta final del siglo XX.

Hay, sin embargo, un agravante. Mientras que el PRI tuvo una oposición digna en destacados parlamentarios panistas, que por lo menos testimoniaban los abusos de poder de la mayoría, hoy carecemos de eso, ante la proclividad de los partidos de oposición a negociarlo todo y a vender sus posturas a la menor provocación. “Política”, le llaman, cuando se trata de un vulgar trapicheo.

Y el mejor ejemplo de la sumisión del poder Legislativo lo ha venido a dar el Congreso que comanda políticamente Éctor Jaime Ramírez Barba, un neopanista de extracción universitaria que presume de modernizador e ilustrado, pero que ha terminado siendo un alfil manejado a placer por Miguel Márquez.

Basten unos cuantos elementos. Ramírez Barba produjo al peor procurador de los derechos humanos desde que se creó esta instancia en Guanajuato y vaya que ha habido ejemplares memorables de burocracia y tortuguismo, al respetar el dedazo a trasmano de Márquez operada a través de sus operadores.

Raúl Montero no es ni siquiera capaz de articular un discurso coherente de dos minutos en el tema de derechos humanos. El accionar cotidiano de la procuraduría se ha frenado, ante más casos prácticamente no hay recomendaciones. Por si algo faltara, el funcionario está ausente de los debates abiertos en el estado donde es central el tema de los derechos humanos.

Antes que eso ya habían cometido otra pifia, también por seguir los dictados de Márquez al dedillo: la designación del secretario técnico de la gubernatura, Cuauhtémoc Chávez Muñoz como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy Tribunal de Justicia Administrativa.

No ha pasado mucho tiempo para que el exempleado del gobernador de la nota con la compra de un doctorado marca Acme por la irrisoria cantidad de 89 dólares, violando la ley de Profesiones y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mostrando una mentalidad indigna de un juzgador, menos de un integrante de un tribunal de control de legalidad.

Una tercera muestra fue la aprobación de una ley de reincidencia y habitualidad por la vía rápida, para dar más armas al Ejecutivo en el combate a la delincuencia, sin resultados hasta ahora y sin la menor evaluación.

Instalados en la demagogia, los diputados de la LXIII Legislatura formularon reformas al Código Penal para permitir una legítima defensa reforzada que exime de cualquier agravante a quien hiera o mate a un intruso en su vivienda. La reforma ha sido objetada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el silencio de la instancia estatal, y hoy está en proceso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia.

El actual Congreso, con esa característica de falta de independencia y sumisión absoluta, que se refleja por ejemplo en la cargada de casi todos los diputados a favor del delfín de Miguel Márquez, Diego Rodríguez, ha tenido en sus manos la formulación del sistema estatal anticorrupción, donde ha mimetizado la reforma local con la federal, sometiendo los órganos creados a las necesidades de la realpolitik, la de allá en relación al gobierno priista, la de aquí vinculada con el panista.

Entonces, ¿qué hemos ganado con la transición del PRI al PAN? Un cuarto de siglo después podemos decir que nada. Hoy el Congreso de Guanajuato es lo más parecido al de 1985 o 1973, con un salvedad: cuesta considerablemente más, tiene una nómina notablemente abultada y su sede es un edificio ostentoso y vacío de sentido.

Entonces, si tenemos lo mismo pero más caro ¿avanzamos o retrocedimos? Dígamelo usted.

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