El titular de SDES ya había sido advertido de la posible existencia de irregularidades en el área de Cadenas Productivas; sin embargo prefirió hacerse de la vista gorda por no enfrentar conflictos.

El repetidor secretario de Desarrollo Económico de Miguel Márquez, Guillermo Romero Pacheco, no puede haberse sorprendido por la explosión del escándalo de corrupción que ocurrió bajo su nariz, mientras se esforzaba en hacer como que trabaja en lo que llega el fin de sexenio.

A principios de este año uno de sus subsecretarios le pidió acuerdo para informarle de que un número importante de empresarios beneficiarios de programas de productividad se estaban quejando del cobro de “mordidas”.

Romero Pacheco no solo se negó a realizar una investigación interna o a dar parte a la Secretaría de la Transparencia (algo que, por otra parte, tampoco hubiera servido de mucho), porque “no quería darle problemas a Héctor López Santillana, esto debido a que los personajes cuestionados se identificaban precisamente como hombres del equipo de Ramón Alfaro y, por ende, del alcalde de León.

El jefe del prófugo Jorge Raúl Ortega Gutiérrez, director de atención a la cadena cuero-calzado-proveeduría y textil-confección, es Joel Froylán Salas Navarro, director de Cadenas Productivas y uno de los autores intelectuales de una sospechosa estructura a la que se le dio el nombre de “Crece”, la cual operaba bajo un consejo presidido por el ex director de Canacintra Ramón Valera Ramírez, a quien Héctor López Santillana nombró empresario modelo en 2014 y al que después hubo necesidad de embargar para que pagara los créditos que recibió del gobierno.

Crece, dirigido por Javier Núñez Ramírez, apareció como organismo intermedio para gestionar, recibir y asignar recursos federales para programas de productividad. Por dar solo una idea, en el año de 2015 esta organización, de la que fungía como consejero Salas Navarro y presidía Valera, bajó la escalofriante cantidad de 120 millones de pesos.

De modo que en arca abierta le más justo peca y probablemente el desorden que significó la creación de un organismo intermedio surgido sin necesidad para hacer algo que le correspondía al gobierno, relajó todos los controles.

Por ello se entiende el temor de Romero Pacheco, cuya divisa política es “pégate a la pared hasta desaparecer”, a hacer olas si comenzaba a realizar preguntas, hacer investigaciones o, el colmo, a poner orden en la dependencia que le encomendó Márquez y que él se ha tomado casi como una beca.

La tarea de pacificación de Romero no se limitó a cerrar los ojos ante la descomposición que vive su dependencia. Ahora con el escándalo en vilo, se ha propuesta una tarea que resultará titánica: bajar el escándalo de los medios y de los tribunales convenciendo a los afectados de que él podrá conseguir el dinero y reponerlo acudiendo con el gobernador Miguel Márquez.

Falta lo que diga Isabel Tinoco, que si bien gusta del papel de “barco” no puede legar al extremo de avalar una complicidad con un presunto defraudar, pues eso y no otra cosa significaría que el estado acceda a reponer con fondos públicos el monto de un desfalco realizado por un particular.

Por otra parte, al involucrar al gobernador en la posible atención al problema que creció solo por su negligencia y omisión, Guillermo Romero Pacheco está renunciando a la función que le ha sido delegada de atender y resolver los problemas de su área.

Habrá que ver si el Miguel Márquez del 2017, que se hartó de fungir como secretario de Gobierno durante cinco años por pena de correr a su cuate Antonio Salvador García, decide ahora convertirse en secretario de Desarrollo Económico, a fin de permitirle a Memo seguir soñando con la macroeconomía y la globalización como bellos conceptos filosóficos.

Se sabe además que los afectados son muchos más de los que se han manifestado hasta ahora y que el manejo podría tener muchos años realizándose.

Sería enternecedora, por ejemplo, la declaración del titular de SDES al diario estatal Correo, si no se supiera que había sido advertido oportunamente de lo que podría pasar en esa área, lo que hace pasar la ingenuidad al terreno de la vil complicidad por omisión:

“Él (Jorge Raúl Ortega) renunció, ni siquiera se despidió de un servidor y desde ahí yo dije: qué raro y qué mal educado, sobre todo porque una persona que deja un cargo en el gobierno normalmente tiene 90 días para hacer cualquier observación, y ahí fue donde nos hace llegar esa denuncia”, narró.

Vaya papelón.

Y para papelones, no ganamos

A las diez y media de la noche, con esta columna prácticamente terminada, apareció en el Periscope de Enrique Avilés, vocero de Miguel Márquez, el secretario de Gobierno Gustavo Rodríguez Junquera para anunciar con un énfasis impostado que “no se iba a permitir” lo que ya se había permitido: la corrupción de funcionarios públicos que lesionan a usuarios de servicios gubernamentales.

La intención de Romero Pacheco de que el asunto se silencie y se arregle “en lo oscurito”, ya no será posible. Ahora habrá que ir con todo el peso de la ley a perseguir a José Raúl Ortega Gutiérrez y esperar, si lo detienen, a que hable sobre sus posibles cómplices en la estructura de l SDES, la actual y la anterior.

En cuanto a Rodríguez Junquera, tiene que mejorar mucho su técnica para hacer creer que en verdad es enérgico. Hubiera sido bueno que el mensaje fuera menos abstracto y hablara de los hechos que están ya en la palestra pública con nombre y apellido, aunque esa responsabilidad quizá no es suya sino de Avilés.

Veremos los resultados