El fin de sexenio se antoja accidentado ante las señales que ya se ven: guerra panista, intento de continuidad, corrupción, inseguridad y descontrol gubernamental; agosto fue una muestra de ello.

Cuando falta un mes y días para que Miguel Márquez Márquez arribe a su quinto año de gobierno, justo la cumbre del poder y el margen de maniobra de un ejecutivo estatal, una serie de situaciones larvadas han venido a estallar en estos días, mostrando las debilidades sobre las cuales se encuentra construida la imagen de quien se ostenta como el gobernador mejor calificado del país.

Corrían los últimos días de julio cuando el diario A. M. detonó la publicación que exhibió la complicidad de Márquez con la construcción de un candidato utilizando la vieja fórmula priista de los programas públicos, particularmente los destinados al combate a la pobreza, lo que hace al hecho aún más ignominioso y revela toda la falsedad de un discurso gubernamental que usa fines nobles para la perpetuación en el poder de un mismo grupo político.

La exhibición del burdo manipuleo mediante el cual funcionarios públicos utilizan tiempo y recursos del gobierno para construir una imagen de liderazgo, que no cuaja, para el secretario de Desarrollo Social, Diego S. Rodríguez Vallejo, fue un torpedo debajo de la línea de flotación que orilló a Márquez a acordar con su delfín la renuncia al cargo y su exposición a la intemperie política antes de lo planeado.

Cuando el oficialismo batallaba por reorganizarse para continuar la precampaña de Rodríguez Vallejo con el mismo apoyo oficial pero tratando de ocultar las huellas del impulso con recursos públicos, sobrevinieron más de una decena de demandas de partidos políticos ante el Instituto Electoral del Estado, la Procuraduría de Justicia local y la PGR, denunciando el uso de recursos públicos con fines electorales y fuera de los tiempos legales.

Buena parte de esas denuncias se enfocan en el propio Miguel Márquez y no en el exsecretario de Desarrollo Social, cuya presencia se ha difuminado fuera del enorme aparato que encabezaba el cual no solo se alimentaba del presupuesto anual de la dependencia, más de mil millones de pesos, sino de un endeudamiento contraído por el estado para fortalecer los programas sociales, por otros 2 mil 500 millones de pesos.

Pero el viacrucis apenas empezaba. Márquez enfrentó en agosto un incremento de la de por sí desatada criminalidad que asola al Estado desde principios de año, con varias matanzas masivas en municipios como Celaya, Abasolo, Yuriria, los Apaseos y Salamanca. En este último lugar la crisis escaló con el secuestro y asesinato de tres policías que antes de morir fueron grabados denunciando la corrupción que impera en la corporación.

La emergencia de seguridad comenzó el último día de julio, el mismo en el que renunció a Desarrollo Social Rodríguez Vallejo, al sufrir un atentado mortal el director de la policía de Celaya y su escolta. De entonces a la fecha, los crímenes violentos han convertido al mes de agosto en el más sangriento de un año que es el más violento de la historia reciente de Guanajuato.

Sin embargo, el tema de la seguridad no le ha merecido ninguna mención a quien aspira a ser el próximo gobernador de Guanajuato con la bendición de Miguel Márquez. Diego S. Rodríguez Vallejo no ha tenido un solo pronunciamiento frente al tema que mantiene agobiado al gobierno del que formaba parte y que aspira a encabezar y que preocupa por encima de todo a los ciudadanos de Guanajuato.

Pero no sería el único tema conflictivo. Hace una semana detonó un nuevo escándalo, este vinculado con un caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del gobierno estatal, la joya de la corona de las últimas administraciones panistas y a la que se atribuye el éxito de la política de atracción de inversiones.

El hoy ex director de atención a la cadena cuero, calzado, proveeduría y textil, Jorge Raúl Ortega Gutiérrez, renunció días antes de que se presentara una denuncia de parte de un grupo de empresarios, cuyo número podría llegar hasta 35, de los municipios de León y San Francisco del Rincón, por el cobro de anticipos para la tramitación de apoyos productivos federales que nunca llegaron.

El funcionario, con un antigüedad de más de 15 años y 11 de ellos en el mismo cargo, ha sido señalado por sus jefes como alguien que actuaba en solitario y por su cuenta, no obstante que su manejo y sus buenas relaciones con sus superiores fueron parte fundamental de la trama que hoy se revela.

Márquez ha salido a enfrentar el escándalo de corrupción en su gobierno amenazando por igual a las víctimas y al victimario, asegurando que ambos han tenido parte en el esquema de corrupción, con lo que de paso parece querer inhibir la presentación de más denuncias. Sin embargo, queda en evidencia que la política de transparencia y rendición de cuentas que en el origen de su gobierno parecía ser uno de los pilares, ha quedado solo en discurso sin asideros.

A Márquez no parece importarle que utilizando el cobijo de su gobierno y su antigüedad en él, un funcionario haya estafado a decenas de empresarios, sino que quiere arrasar parejo sin importar que el dolo y la mala fe hayan estado de parte de su ex colaborador.

Muy distinto es el discurso en el caso de otra denuncia que se ha reiterado y apareció de nuevo en medios nacionales este mes: la de la compra de medicamentos para el Seguro Popular a precios por encima de los que logra el IMSS en las compras consolidadas a las que Guanajuato se rehúsa a entrar.

Con gastos anuales que rondan los dos mil millones de pesos, el sobreprecio que se justifica con el costo del reparto y la dispensación en las diferentes unidades de salud de todo el estado, significa una sangría para las finanzas del Seguro Popular que a este gobierno no le interesa subsanar, a fin de honrar compromisos con distribuidoras farmacéuticas que han monopolizado el suministro al gobierno de Guanajuato con asignaciones directas que se otorgan después de declarar desiertas las licitaciones públicas, una y otra vez.

Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico son las dos empresas con las que el gobierno de Márquez ha establecido una larga alianza en su sexenio que les ha reportado a ambas empresas ventas por diez mil millones de pesos en conjunto.

Esa situación también se convierte en un asunto muy difícil de justificar, salvo que se piense desde la óptica del otorgamiento de comisiones o de apoyos para actividades electorales, algo que volverá a pesar en los próximos meses.

Con esos lastres encima, más una crisis humanitaria y de derechos humanos que se centra en incremento de las muertes de mujeres, discriminación a las minorías sexuales y evidente descuido de las políticas de protección a menores como lo evidencia el caso Ciudad de los Niños en Salamanca, Miguel Márquez se apresta a enfrentar a su propio partido para imponerle un candidato, a intervenir así sea colateralmente en la sucesión presidencial y a tratar de imponer funcionarios en la fiscalía autónoma y los órganos anticorrupción.

Este agosto deja en claro que el que se viene será un fin de sexenio complicado para todos, pero sobre todo para el propio Márquez y quienes están jugando bajo sus reglas. ¿Aguantará Guanajuato? Pronto sabremos.