La táctica de designar delegados como respaldo político al PRI se abandona justo en el preámbulo de las elecciones; será porque da lo mismo hacerlo que no hacerlo.
La designación de una delegada filopanista en la oficina de Relaciones Exteriores en Guanajuato no es más que el reflejo de la prioridad que ocupa el priismo de Guanajuato en el ánimo de los estrategas peñistas de cara al 2018
Muy probablemente, en los cuarteles generales del partido tricolor ya se sabe que ninguno de los jefes de corrientes políticas del priismo tradicional, léanse los Sánchez, Chico, Arroyo o Botello, representa una real oportunidad de darle la batalla al PAN en las próximas elecciones.
En ese sentido da lo mismo otorgarles cabezas de playa como las delegaciones federales y enfrentar los reclamos de unos y otros, corriéndose incluso el riesgo de que se levanten litigios por el uso de recursos públicos a favor de actividades preelectorales, que no hacerlo.
Si da lo mismo darle o no darle a los priistas espacios de decisión, entonces el control que se ejercía desde Gobernación y desde el propio PRI nacional en los perfiles de los delegados, ha dejado paso a decisiones que se toman con criterios disímbolos en cada una de las dependencias involucradas.
Así, hay quienes deciden hacerle caso a alguna de las corrientes priistas, como pasó en Sedesol con Adrián Hernández, impulsado por Yulma Rocha con el respaldo de Enrique Ochoa.
Hay quienes hacen coincidir una situación partidista con una cuestión personal, como ocurrió en SCT donde Roberto Vallejo busca la plataforma para ser candidato a alcalde en León, pero se apoyó en su amistad personal con el hijo del secretario Gerardo Ruiz Esparza.
Y hay quien de plano se desentiende de los priistas y abre paso a una coyuntura meramente familiar, como el caso de Norma Aguilar Aceves en Relaciones Exteriores, que se saca la lotería simplemente por ser amiga del hermano de la Oficial Mayor de la SRE.
En uno u otro caso, sean cuadros partidistas o sean simples relaciones personales, lo que queda claro es que el gobierno federal en la recta final del sexenio de Enrique Peña Nieto no tiene ningún interés en respetar el servicio civil de carrera, en impulsar proyectos político o en servir a la sociedad con profesionalismo.
Parece que todo se reduce a que el último que se vaya, apague la luz.
