Arnoldo Cuellar

El complejo caso del guerrillero secuestrador

In Botepronto, Zona Franca on junio 19, 2017 at 3:55 am

Observado desde Chile, donde se trata de una caso mediatizado y politizado; así como a nivel nacional por estar ligado a estridentes secuestros, el proceso contra Raúl Escobar Poblete será una prueba de fuego para el sistema penal de Guanajuato.

Los altos funcionarios de la seguridad pública en Guanajuato y el propio gobernador Miguel Márquez Márquez, no alcanzaron a dimensionar el impacto que iba a traer la detención fortuita del Comandante Emilio, el exguerrillero del chileno Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

La llamada de un taxista temeroso de un vehículo que lo seguía tras haber recibido una encomienda sospechosa, le permitió a policías estatales de Guanajuato y a municipales de San Miguel Allende, realizar una de las detenciones más importantes de los últimos años.

Cuando el procurador Carlos Zamarripa, el Secretario de seguridad Álvar Cabeza de Vaca y el alcalde de Allende, Ricardo Villarreal, dieron a conocer en una promocionada rueda de prensa la resolución de un secuestro, la liberación de una víctima de nacionalidad extranjera y la detención de un presunto responsable, así como el retrato hablado de otro “probablemente de origen extranjero”, las áreas de inteligencia aún no sabían a que se enfrentaban.

Fue días después, cuando medios nacionales e internacionales, sobre todo en Chile, abordaron la noticia con gran expectación. El supuesto comerciante poblano Ramón Alberto Guerra Valencia se convertía así en Raúl Julio Escobar Poblete, el Comandante Emilio del FPMR, acusado en su país de ser el autor material de la muerte de un senador del régimen pinochetista: Jaime Guzmán Errázuriz.

La situación ha provocado un intenso debate en el país sudamericano, incluso ya se han realizado negociaciones diplomáticas de alto nivel para acelerar un proceso de extradición.

Sin embargo, la situación no es sencilla. El delito de secuestro bajo el cual fue detenido por la Procuraduría Estatal ya fue vinculado a un proceso judicial en la entidad. Por otra parte, la expectativa que se ha manejado de que la banda, el resto de cuyos integrantes permanecen prófugos, podría estar involucrada en secuestros de alto impacto de años anteriores, ha levantado otro debate.

El excandidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos, secuestrado en 2010 en su  rancho ubicado al sur del estado, planteó que primero debe ser juzgado por los delitos cometidos aquí. Por su parte, el empresario Eduardo García Valseca, cuya retención ilegal ocurrió hace una década, ha pedido que se indague sobre los recursos del exguerrillero y de ser posible, se le recupere el dinero pagado para su liberación.

Así, en medio de todos estos factores, la justicia de Guanajuato y su ministerio público enfrentarán una verdadera prueba de fuego, pues el proceso estará siendo observado con lupa no solo por medios de comunicación a nivel global, sino también por el gobierno chileno, buena parte de su clase política y por el gobierno federal, que no puede darse el lujo de un escándalo internacional.

Hasta el momento, la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, que bajó este balón sin hacerlo del conocimiento de su homóloga federal, solo tiene en su haber indicios de la participación de Escobar Poblete en el secuestro de una mujer de origen francés y con nacionalidad norteamericana. Los elementos son hasta donde se sabe, circunstanciales, producto de una detención más bien fortuita, lo que podría complicar las cosas en el nuevo proceso penal acusatorio.

Lo delicado del tema es que los ojos de muchos medios de comunicación del continente, además de los nacionales, estarán pendientes de cada paso del proceso. Diarios como El Mercurio o La Tercera ya tienen enviados en Guanajuato, reportando diariamente dentro de un caso que despierta viejas heridas en Chile.

El dilema consiste básicamente en qué tendrá prioridad: los delitos cometidos en territorio mexicano, donde se presumen varias operaciones de secuestro de altísimo impacto o los crímenes políticos del exguerrillero en contra de funcionarios de la era pinochetista.

Todo ello, hace que cada paso procesal que se de en el caso, cobre importancia. Por lo pronto a “Emilio” se le ha construido una imagen mediática que tiene que ver con una personalidad sanguinaria, una gran frialdad y la capacidad de llevar una triple vida a lo largo de varios países.

Habrá que estar atentos para que todo lo que hasta ahora son presunciones, quede debidamente sustentado en un proceso legal y transparente que será fuertemente fiscalizado por la opinión pública y no solo la de Guanajuato, ni siquiera la del país, sino desde otras latitudes.

Este, como se puede apreciar, no es el caso de los tres niños muertos en el mismo San Miguel Allende, donde la opacidad y la manipulación han sido la marca de la casa por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado.

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