El sistema estatal anticorrupción se redacta en lo oscurito, sin debate; se arma en las oficinas del Ejecutivo y los diputados son solo una cara escenografía.
Una de las principales fortalezas que se le apreciaban a Miguel Márquez Márquez cuando surgieron sus aspiraciones a la candidatura a gobernador por el PAN era su aparente compromiso con las políticas de control del gasto público y rendición de cuentas.
Ese había sido su discurso durante su paso por la Secretaría de la Gestión Pública y hasta redituó en algunas acciones, como la depuración de la Secretaría de Obra Pública, a cargo entonces de Genaro Carreño; o las sanciones a funcionarios del DIF bajo las órdenes de Martha Martínez de Oliva.
El mismo Márquez enfatizó ese perfil poco antes de tomar posesión al pedir a los diputados panistas que le cambiaran el nombre a la Gestión Pública por el de Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. La designación de Isabel Tinoco una funcionaria del SAT sin complicidades, quiso ser una muestra más del compromiso.
El discurso, sin embargo, no se tradujo en acciones y se desdibujó a los pocos meses de iniciado el gobierno marquista, precisamente con la oscura adquisición del programa de Seguridad Escudo y con la deficiente fiscalización demandada por el Congreso y mediatizada por la misma titular de Transparencia que muy pronto reveló su absoluta subordinación a las necesidades políticas de su jefe, el gobernador.
Hasta ahí, nada del otro mundo. Márquez devenía de un buen muchacho comprometido con la honestidad y la transparencia, a un gobernador promedio más de los que padecemos en México, que prometen cosas en campaña pero las olvidan cuando llegan al cargo.
Sin embargo, a lo largo del último año, la imagen de esos gobernadores, corruptos pero simpáticos, representantes de una nueva generación como dijo Enrique Peña, se desplomó brutalmente, cuando las necesidades del declinante sistema político priista obligaron a a abrir los ojos a la ingente corrupción de los nuevos señores feudales de México.
Hoy, la mitad de los miembros de la Conago anda con los pies en polvorosa; media docena tienen órdenes de aprehensión y otros tantos se encuentran en la cárcel. El poder de los señores feudales termina abruptamente cuando terminan su periodo y empieza una larga huida, sobre todo porque ejercieron el poder sin control, porque no hubo moderación, porque a su alrededor todos les rendían pleitesía y trataban de adivinar el pensamiento, pero nadie mencionaba los problemas.
Muchos de esos gobernadores, como Borge en Quintana Roo o Duarte en Veracruz, trataron de nombrar funcionarios a modo en los órganos de control, en las fiscalías autónoma, no solo para protegerse, sino también para sabotear a sus sucesores. Los intentos no prosperaron en la mayoría de los casos, precisamente por presiones sociales y escándalos mediáticos, no en sus entidades, sino a nivel nacional.
Ahora, con ese triste camino recorrido y con la opinión pública vacunada, parece que algunos “consejeros y consejeras” en Palacio de Gobierno no acaban de entender el cambio de aires en la política nacional, el empoderamiento de una sociedad ligeramente más activa y la fuerza coyuntural de las redes sociales.
Ya se intentó un albazo con la Fiscalía Autónoma, que no avanzó con la rapidez que se quería, aunque queda latente para 2018; ahora viene al Tribunal Anticorrupción y su Sala especializada en delitos de funcionarios públicos. Desde palacio de Gobierno se legisla y el carísimo Congreso de Guanajuato solo está de adorno.
También aquí parece que tenemos un señor feudal que ya se olvidó de aquel discurso que se centraba en la rendición de cuentas, la transparencia y la honestidad. ¿O sólo se les olvidó a sus asesores?
