Con infortunio, PRI revive “tapadismo” y “dedazo”, como si el tiempo no hubiera pasado; pero más patético resulta que el PAN reedite esas prácticas negando su origen democrático.
Leo en el diario Reforma de este domingo el oportuno artículo del académico Luis Rubio sobre la equivocada percepción que priva entre los políticos priistas acerca de que el presidente de la República “tendrá la posibilidad de imponer al candidato de su preferencia, como si nada hubiera cambiado en las últimas décadas, pero especialmente desde la derrota del PRI en 2000.”
Rubio llama a ese intento del PRI de Enrique Peña, el dilema entre “la construcción del nuevo entramado institucional que le urge al país o el intento de preservar, bajo nuevas reglas, el mundo de corrupción, privilegios e impunidad que han sido el sello de la casa desde su inicio.”
La equivocación priista para intentar restaurar las viejas instituciones del tapadismo y el dedazo justo cuando la condición que les dio origen, la presidencia imperial, ha desparecido del escenario, les provocará consecuencias principalmente a ellos mismos.
Ya se vio como la debilidad de la figura presidencial fue el máximo lastre de los candidatos priistas a gobernador en las recientes elecciones que, pese a la invasión de recursos federales, la presencia permanente del gabinete peñista y los pactos con algunos partidos “opositores”, apenas logró el triunfo pírrico de Alfredo del Mazo.
Sin embargo, mucho más grave que la falta de aggiornamento de la cultura política priista, parece la recreación de la vieja antidemocracia del sistema autoritario en otras formaciones políticas, como es el caso flagrante del gobierno panista de Miguel Márquez en Guanajuato.
Que Peña trate de jugar la sucesión federal tratando de reeditar un dedazo es quizá la combinación de una falta de imaginación con la presencia de un ADN autoritario. Que lo haga un partido cuyo nacimiento tuvo que ver esencialmente con la defensa de la democracia y la denuncia del control corporativo, como lo fue el PAN, resulta casi monstruoso.
Miguel Márquez ya se decidió a poner todo el aparato del gobierno estatal al servicio de su delfín, Diego Rodríguez Vallejo. El candidato que aparece como el único opositor, Fernando Torres Graciano, se resiste a convertir en tema esa situación, algo que ya hubieran hecho con estridencia aspirantes como Ricardo Torres Origel o José Ángel Córdova.
Finalmente, la explicación es que el tapadismo está funcionando a la par que el dedazo. Miguel Márquez ha mandado señales contradictorias a los contendientes formados, en el sentido de que aún no decide y puede inclinarse a uno u otro lado e, incluso, elegir a un tercero en discordia.
¿Porqué lo puede hacer? Porque como nunca el actual mandatario panista dispone en su haber de todo el aparato gubernamental del estado, los municipios y las descentralizadas, como una fuerza de tarea que sumará activismo y votos en cualquier elección interna del PAN.
¿Es responsable Márquez de esta reformulación de los poderes meta legales del presidencialismo priista en un estado como Guanajuato? Todo indica que no. Es más bien un hundimiento de la original mística panista, un creciente ánimo acomodaticio y la búsqueda de conservación de privilegios. Es decir, lo mismo que reinó y reina en el PRI.
Y para rubricar esa desaparición del panismo democrático, ahí está el papel cada vez más triste de su actual dirigente estatal, Humberto Andrade, convertido en un simple espectador de los fenómenos profundos que definirán la suerte de su partido en Guanajuato.
¿Seguirá funcionando la creciente conversión del panismo en priismo de viejo cuño? Probablemente aún por un tiempo y no sin costos, aunque lo más probable es que esos sean pagados por la sociedad, como pasó con el PRI en el país.
Pero las cosas están peor aún. A la mayoría de la opinión pública, la comentocracia, la “intelligentsia” guanajuatense, pareciera que les es de lo más natural lo que ocurre con el PAN de Guanajuato. Pareciera que la política no solo “es así”, sino que “debe ser así”, sin alternativas.
Analistas, periodistas, académicos convertidos en Maquiavelos de bolsillo, hablamos y escribimos de la política como un asunto pragmático de lucha descarnada por el poder sin parámetros éticos. Quizá, por ello, somos corresponsables del innegable deterioro de nuestras instituciones y de las prácticas que las deforman día a día.
