La PGJE tardó 40 horas para informar un operativo fallido que habría dejado escapar a un grupo armado y arrojó tres niños muertos, de lo cual responsabiliza al único detenido, el padre de las víctimas.

Desde hace más de un año, en los territorios de la sociedad civil medianamente organizada y los medios de comunicación medianamente independientes, se ha venido poniendo énfasis en la descomposición del binomio cuerpos de seguridad – criminalidad, en Guanajuato.

Policías municipales penetradas por los intereses de la delincuencia organizada, alcaldes paralizados; el incremento de los homicidios vinculados a actividades delictivas; el aumento del tráfico de drogas y del delito de robo de y trasiego de combustibles, todo eso no es algo que se haya presentado de la noche a la mañana, sino que ha tenido una evolución consistente.

Y habría que agregar, en la otra parte de la ecuación, la simbiosis extralegal de la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad.

Ese incremento de las áreas de riesgo que tienen que ver con el ámbito de la seguridad ha sido negado permanentemente por los responsables políticos de atender el tema: los titulares de la función ejecutiva en el estado y los municipios.

La seguridad es un tema en el que nadie se quiere meter. Allá que se entiendan con ella los especialistas, los profesionales del tema, aunque no rindan cuentas, aunque no sean supervisados.

De esa manera, tanto el gobernador como los alcaldes, de casi todos los partidos, han decidido dejar sus áreas de seguridad en manos del dúo que conforman Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca.

No solo tienen el monopolio total del esquema de seguridad estatal, donde han convertido al Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García, titular nominal del gabinete respectivo, en una figura que ya ni siquiera es decorativa. Además de eso, “sugieren”, vetan o nombran abiertamente, a los jefes de la policía en los municipios, con la complacencia de alcaldes que entre menos sepan del tema, mejor.

Esa situación se encuentra haciendo crisis desde hace tiempo, pero no parece haber quien le ponga remedio. El gobernador ha preferido no asomarse a esa zona gris y desestima todos los datos que no coincidan con la visión de sus hombres de seguridad, a grado tal que ni las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, ni las de los diferentes observatorios de académicos, son aceptadas.

Sin embargo, las cosas no mejoran, Nunca funcionó la cuantiosa inversión tecnológica realizada en un sistema de videovigilancia que nunca fue contrastado contra otras opciones, que se compró por dedazo y de forma opaca, el famoso Escudo, que probablemente Márquez recordará a lo largo de mucho tiempo.

Sin embargo, nada comparable con lo que ocurrió la madrugada del sábado en una colonia periférica de San Miguel Allende, donde un operativo que teóricamente debería ser producto de labores de inteligencia policial, terminó enfrentando a numerosos agentes ministeriales y elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado con un velador que estaba acompañado de su familia en una finca presuntamente utilizada para actividades ilícitas.

La PGJE se tardó nada más 40 horas en emitir un comunicado de prensa de lo más extraño. De acuerdo a esa versión había un grupo armado disparando en la finca, pero cuando esta fue tomada, el “grupo” se había desvanecido y en el lugar solo quedaba el velador, su esposa y los cadáveres de sus tres hijos.

La PGJE culpa al padre de haber asesinado a sus hijos y de estar a punto de hacer lo mismo con su esposa que fue detenida y a la postre liberada. El detenido será imputado por los crímenes de los tres niños, sus hijos, porque lo señaló su cónyuge y porque las balas que les dieron muerte son las mismas del arma del velador, reza el comunicado.

Esto ocurre en un ámbito de opacidad, donde los responsables de los exámenes periciales obedecen a la misma línea de mando de los agentes que irrumpieron en la escena y así todo cuadra.

La explicación será creída a pie juntillas, de atender a la experiencia previa, por el gobernador Márquez que de temas de seguridad prefiere enterarse solo de lo indispensable.

Es en este escenario cuando se volverá terriblemente importante la participación de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, que recién estrena a un titular llegado al cargo bajo fuertes cuestionamientos de capacidad y legitimidad.

¿Será capaz Raúl Montero de Alba de llevar adelante una investigación imparcial e independiente que deje en claro qué fue lo que realmente pasó?

Podría ser el camino para despejar las dudas que ha generado su nombramiento o también podría ser la ratificación de que está allí para facilitarle las cosas al poder. Muchos estaremos atentos.