Arnoldo Cuellar

Matar a niños, culpar a padres

In Botepronto, sinembargo.mx, Zona Franca on enero 19, 2017 at 3:39 am

Con lógica deficiente y escasa credibilidad, la procuraduría de Guanajuato busca inculpar a un padre de matar a sus tres hijos, después del brutal ataque de un escuadron de élite; lo unico que ha logrado es encrespar a la sociedad.

La masacre de tres pequeños de 4, 8 y 11 años de edad en un operativo policial en San Miguel de Allende, Guanajuato, ha levantado una ola de consternación en esa ciudad y en todo el estado, que incluso ha superado a las movilizaciones por el gasolinazo que proliferaron en los primeros días del año.

El enojo de amigos, familiares y habitantes de San Miguel, expuesto en una serie de movilizaciones y actos luctuosos y de protesta a lo largo de la semana, se ha acrecentado por la actitud de la Procuraduría de Justicia que va en una ruta de ensañamiento con el padre de los tres niños, a quien acusan de haber matado a sus hijos.

Esta acusación ha generado una gran duda, primero por lo inverosímil que resulta el hecho de que cualquier, no solo un padre, realice una acción criminal cuando está rodeado de policías y bajo un ataque mortífero con gases y armas de alto poder.

Antonio Luna, albañil de día y velador de una finca por las noches, se llevaba a su esposa y sus hijos los fines de semana a la finca que le habían encargado cuidar. Allí mismo había celebrado su boda religiosa meses atrás, pues únicamente se había casado por la ley civil años atrás con Juana Luna, con quien procreo tres hijos: Juan Adrián, Mateo y Gabriel.

La hipótesis de las autoridades estatales, de que la finca resguardada por Antonio era un santuario de criminales, no resulta compatible con esta actitud de llevar ahí a su familia.

Antonio no parece un hombre irresponsable: había cuidado y atendido a su familia, sus hijos asistían a la escuela con normalidad, él mismo los llevaba, según narran amigos y vecinos, tenía dos trabajos para mejorar su ingreso. No es un futilidad observar que el espaciamiento de las edades de sus hijos habla también de una conducta responsable y racional.

De acuerdo al relato de Juana, la esposa de Antonio y madre de los tres niños asesinados, estos se encontraban vivos y tosiendo por efecto de los gases lacrimógenos arrojados a la finca, cuando ingresaron los policías al lugar donde se encontraban. ¿Es posible que Antonio les hubiera dado muerte, de ser el caso, ya con la presencia de los policías en su proximidad? No parece sostenerse.

Por otra parte, la primera imputación de la Procuraduría, conocida en un comunicado de prensa el domingo por la noche, 36 horas después de que ocurrieran los hechos, habla de que Juana habría sostenido la culpabilidad de Antonio e incluso una amenaza sobre su propia vida.

Esta versión se ha caído estrepitosamente al escuchar a Juana, consternada y profundamente adolorida, defender a su marido y contar una coherente historia que sería difícil de inventar hasta para un imaginativo periodista, sobre como los agentes manipularon la pistola de velador de Antonio, dándosela y quitándosela, lo que sugiere una fabricación de pruebas.

Esa es el segundo gran soporte del procurador Carlos Zamarripa: las “pruebas de balística”. Lo menos que cabría esperar, ante la compleja situación, sería un peritaje independiente y un juicio abierto a la sociedad.

No ha sido así, incluso las primeras audiencias se han cerrado “por petición de la defensa”, aduce constante el procurador, volviendo sospechosa la actuación del abogado defensor, provisto a Antonio por su patrón, el dueño de la finca, de quien no es remoto pensar que esté siendo sometido a presiones de la Procuraduría.

Un agregado más que preocupa es que el responsable de la oficina de Derechos Humanos de Guanajuato fue recientemente designado por el Congreso con 19 votos del PAN y solo dos de la oposición, mientras que 15 votos fueron abstenciones o fueron a otros integrantes de la terna. Raúl Montero de Alba es un procurador de derechos humanos muy comprometido con el gobierno de Miguel Márquez, quien cabildeó su elección de manera nada sutil.

Incluso este martes, dos días después de los hechos y uno después de que se anunciara una investigación de ese órgano, Montero de Alba acudió a una cita a palacio de gobierno con Márquez, presuntamente, para darle a conocer sus planes y hacer un compromiso de “fortalecer la autonomía” del órgano.

Si eso es cierto, aparte del pésimo sentido de la oportunidad, alguien debería explicarle a Montero que la autonomía no se anuncia ni se promete, sino que se ejerce incluso en los actos más nimios.

Esta situación ha originado que se unan en un reclamo las principales fuerzas de la oposición, quizá con la salvedad del PRI, cuya dirigencia ha depuesto su beligerancia precisamente por estar bajo investigación de la propia PGJE por varios casos de fraude con un programa de vivienda y otros por el manejo de los recursos del partido.

La propuesta de PVEM, Morena y PRD es para que el caso sea atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante las fundadas dudas en la independencia del órgano local de defensa de las garantías individuales.

En tiempos donde la credibilidad de las instituciones es un activo prácticamente inexistente, la forma en que se resuelva este caso en Guanajuato será fundamental para la suerte de un gobierno que se encaminaba a su recta final con una aceptable dosis de aprobación.

El tema podría pegarle de lleno a un gobernador como Miguel Márquez, cuya mayor fortaleza consiste en vender una imagen de “hombre bueno”. Veremos si resiste.

 

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