Descolocados, excedidos, omisos, derrochadores, nuestros políticos no se percatan de que hoy son observados de forma distinta; veremos que tan rápido se ponen al día o sucumben en el intento.

Nunca pensé que escucharía a un gobernante panista citando a uno de los más desprestigiados políticos priistas, como lo es Arturo Montiel exgobernador del Estado de México. Me refiero a Ricardo Ortiz, alcalde de Irapuato, asegurando que “los derechos humanos son para los humanos derechos”.

Es decir que si estuviera en manos de Ortiz ordenar ejecuciones sumarias para quienes retan a la autoridad en Irapuato, probablemente lo haría sin que le temblara la mano.

La situación de tensión que se vive en estos momentos en México, y Guanajuato no es la excepción, está mostrando la pasta de nuestros políticos: no solo son ineficientes para gobernar con madurez, eficiencia y respeto a la ley, sino que a las primeras de cambio están dispuestos a endurecer posiciones y lanzarse con calumnias y acusaciones en contra de sus críticos.

Ni Héctor López Santillana, en León; ni Ricardo Ortiz, en Irapuato, pueden jactarse de haber realizado gobiernos solventes. La inseguridad abruma a sus conciudadanos, la obra pública es precaria, la imposición de decisiones los ha enfrentado con sectores de sus comunidades, sobre todo activistas ambientales.

Sin embargo, no tuvieron ningún empacho, como si siguieran un guión, de salir a medios para vincular los actos ilegales de saqueo con la actuación de los ciudadanos que se inconforman con las medidas de la autoridad, llámese aumento al pasaje o incremento de los combustibles.

López Santillana a lo mejor tenía alguna justificación en su actitud, después de que un activista convocara a manifestar la inconformidad en su domicilio personal. No es el caso de Ortiz, donde el Cabildo Ciudadano ni siquiera dirigía sus protestas contra el edil, sino contra el gobierno federal.

Sin embargo, ninguno de los dos contó con las más elementales pruebas para vincular una actitud de inconformidad social con un delito flagrante. Lanzaron acusaciones porque pueden, porque tienen acceso a la atención de los medios y para justificar su propia impericia.

Aquí tenemos dos problemas: el más grave es el subsidio que reciben los verdaderos vándalos, los que tuvieron vaya usted a saber qué motivaciones para acudir a una auténtica siembra de pánico que tan bien le viene a nuestros gobernantes y que además de quedar impunes tienen su reputación a salvo.

El segundo es el descrédito que se busca para movimientos de inconformidad legítima, sea con el alza a los combustibles o a los pasajes y que ven demeritada su lucha al vincularla, insisto sin una sola prueba, con delitos que agravian y aterrorizan a la sociedad.

No afirmo que políticos como Héctor López y Ricardo Ortiz estén detrás de las maquinaciones que buscan que una población asustada acepte sin chistar los incrementos de precios, no los creo tan imaginativos.

Pero sin duda, sus actitudes los convierten en cómplices muy útiles para un gobierno federal al que los diputados del PAN, su propio partido están tratando de obligar a revisar la medida del aumento de impuestos en los combustibles.

Y ahora lo que hace falta es una presencia contundente de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos que salga a hacer un llamado para que la autoridad no viole garantías fundamentales bajo el pretexto anodino de que los transgresores de la ley (pues a eso reducen a los inconformes, pese a que no hayan violado una sola norma ni del reglamento de tránsito), “no tienen derechos”.

Es el momento para saber de qué  se encuentra hecho José Raúl Montero de Alba, quien lo primero que hizo tras ser designado fue irse de vacaciones y dejar pendientes todos los casos complicados que le heredó su amigo, jefe e impulsor, Gustavo Rodríguez Junquera.

Sería una oportunidad de oro para saber si en efecto tenemos Ombudsman, como lo creyeron los diputados del PAN, esos mismos que se regodean en su palacio de 800 millones de pesos donde no parece haber penurias y si cuantiosos aguinaldos, gasolina subsidiada y servicio telefónico a cargo del erario.

Así que si querían un inicio de año movido, ya lo tenemos.