Arnoldo Cuellar

Seguridad: ¿aliados o enemigos?

In Botepronto, Zona Franca on agosto 8, 2016 at 3:29 am

La seguridad es responsabilidad del alcalde; subrogarla en la Secretaría de Álvar Cabeza de Vaca no parece estar funcionando.

En materia de seguridad pública y de combate a la delincuencia los gobiernos en sus tres niveles libran una batalla sin cuartel contra maleantes alta, medianamente organizados y otros absolutamente anárquicos.

Sin embargo, incluso ante la violencia, el caos y la sorpresa que emplean los delincuentes, las fortalezas de quienes ejercen la coerción del estado para hacer cumplir las leyes vigentes, se encuentran en lo que les da origen y en la fidelidad con que desempeñen su función al aplicar la ley en resguardo de la sociedad organizada.

Los cuerpos de seguridad no son una fuerza de tarea que pueda echar mano de lo que sea para vencer a sus rivales, sino que deben hacer su trabajo dentro de los límites que les marca la ley, eso es lo que hace la diferencia frente a la actitud disolvente de quienes transgreden los códigos de convivencia bajo los cuales se constituye el estado y garantiza el resguardo de su población.

Por eso es muy importante la forma de resolver la situación que se vivió en León el viernes último de julio cuando, de acuerdo a las versiones de testigos y familiares de la víctima, un policía en activo disparó en contra de un joven que eludía su custodia y que había sido detenido por una falta al reglamento municipal: beber alcohol en la vía pública.

Las cuestiones de fondo, además del hecho que es grave en sí mismo, son los mensajes que se tendrían que mandar hacia el interior de la corporación, en el sentido de que no se tolerarán violaciones de la ley; y la que deben quedar registradas ante la población a la que la policía se debe, confirmando que sus elementos cumplen reglas y se manejan con códigos éticos de conducta.

Por eso eran por demás importantes las posiciones asumidas por los responsables del área de seguridad del municipio y la propia autoridad en el Ayuntamiento, pues el hecho precisaba de definiciones.

Las cosas se complicaron cuando salió a la luz que el presunto responsable de matar al joven Cesar Eduardo Ojeda Torres, el policía Antonio Gutiérrez Silva, no se encontraba detenido ni en resguardo, a causa de “proteger sus derechos humanos”, según dijo el jefe de policía Edgar Osvaldo Jiménez Arcadia.

Después surgieron versiones apoyadas en grabaciones y testimonios anónimos de otros agentes policiacos, de que la protección a Gutiérrez Silva provino del director operativo de la corporación, Jorge Guillén Rico, un elemento de todas las confianzas del Secretario de Seguridad del Estado y ex titular del área en León, Álvar Cabeza de Vaca.

Todo esto se conoció a lo largo de la semana, sin que en contraparte hubiera pronunciamientos contundentes de cero tolerancia a la indisciplina y a las violaciones a la ley desde la policía de León. Incluso el alcalde apareció con versiones desinformadas que contrastaban con las de sus encargados de seguridad.

Allí es donde surge la reflexión de que la tarea de seguridad no es solo una labor que debe quedar en manos de los policías y los supuestos expertos en el área. La seguridad es ante todo un asunto de política que implica garantizar la existencia de una policía que actúa con apego a la ley en todos los sentidos y una comunidad que confía en ella y colabora con su tarea.

Vigilar que la policía no se desvíe de su alta encomienda y que trabaje por alcanzar los máximos estándares de eficacia en la prevención y el combate a los delitos, actuación en legalidad y respeto a los derechos de las personas, es la obligación de quien recibió la confianza de los ciudadanos a través del resultado de una elección. Pero, al mismo tiempo, es la oportunidad de recuperar contacto y liderazgo con la población, algo que le hace mucha falta a las instituciones

Por ello, es una prioridad que el alcalde Héctor López Santillana retome la conducción absoluta y unipersonal de responsabilidades ejecutivas que ha delegado no en colaboradores, sino en otras instancias, como el gobierno del estado.

Hay que entender que el objetivo de una administración municipal no es librarla “lo mejor posible” y “evitar el desgaste”, sino todo lo contrario: meterse de lleno a los problemas que padece la gente y batirse para resolverlos o para avanzar en la búsqueda de soluciones.

Que la corporación de Seguridad de León responda a la influencia y las decisiones del Secretario de Seguridad del Estado no es lo mejor que le puede pasar al municipio. Una cosa es la coordinación, otra es la subordinación y la elusión de responsabilidades.

En buena medida, parece que las confusiones, las omisiones y los mensajes contradictorios vistos en el caso de la muerte de César Eduardo Ojeda, presuntamente a manos del policía Antonio Gutiérrez Silva, tienen que ver con la aparición en el caso del comandante Guillén y a la vinculación de este con Álvar Cabeza de Vaca.

Sin embargo, las consecuencias de una ruta que inició con graves equivocaciones, y que apenas empieza a recomponerse con la emisión de una orden de aprehensión, no van a ser para el funcionario estatal, sino directamente contra el jefe de la comuna leonesa, que ya no siente lo duro sino lo tupido.

¿Se aprenderán las lecciones? No parece haber de otra.

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