Arnoldo Cuellar

La violencia de género también es institucional

In Botepronto, sinembargo.mx, Zona Franca on abril 19, 2016 at 3:33 am

Es alarmante la ausencia de protocolos para atender la violencia de género en espacios institucionales, pero más aún que donde existen se apliquen de forma laxa.

Los casos de violencia de género nos asaltan todos los días, las mujeres se empoderan unas a otras cuando denuncian; pero, en contrapartida, la complicidad masculina se acentúa. Las evidencias dejan claro que hace falta una verdadera reeducación de la sociedad desde las políticas públicas, no hay de otra.

Las actitudes morales, la exaltación de valores, curiosamente, no vale, porque ese discurso se basa en concepciones arraigadas que provienen de la cultura patriarcal. Baste observar como la religión predominante en nuestro entorno, proveedora del discurso axiológico, es acusadamente machista y segregante de las mujeres.

Es desde la esfera laica y las leyes recién modificadas, aunque aún incumplidas en sus aspectos sustanciales, que debe establecerse una nueva cultura de la convivencia que supere el lastre de los usos y costumbres.

Hoy conocemos otro caso que puede resultar emblemático: la denuncia de diez empleadas de la administración municipal de Salvatierra en contra del Oficial Mayor y una asesor del funcionario, por acoso sexual.

Sin embargo, junto con la denuncia de las mujeres, que solo ha sido mediática y en redes, conocemos la aceptación de los hechos por el alcalde priista Herlindo Velázquez quien al comprometerse a “investigar”, dice de paso que puede tratarse de “un chisme”, pues no entiende como una persona “pueda acosar a tantas mujeres”.

Es decir, antes de seguir un protocolo específico, de darle su lugar a las víctimas y de poner la investigación en manos especializadas, como las del Ministerio Público, el alcalde se erige en árbitro y descalifica la versión de las denunciantes.

El machismo exhibido parece más residual que militante, sin embargo es el que más daño hace y permea en decisiones que deberían ser resueltas en base a protocolos preexistentes y no a la eventual (falta de) conciencia de los actores responsables de atender las situaciones.

En otro caso, más grave aún en términos cualitativos, una menor de 7 años fue víctima de una violación en su escuela, por parte de un maestro suplente. El responsable fue detenido y la SEG ha confirmado que se activaron los protocolos de atención a víctimas.

Sin embargo, el hecho solo fue conocido en base a rumores inicialmente y confirmado después por un tardío boletín de la PGJE que ni siquiera situaba el hecho en el ámbito escolar, como si se quisiera minimizar el impacto de la información. La SEG también apareció con su versión una semana después del suceso.

De nueva cuenta, se echa en falta la precariedad de los protocolos. ¿Cómo van a funcionar los indicadores que contempla el sistema integral para erradicar la violencia contra las mujeres, si la información se sesga aparentemente para controlar el daño institucional?

Tal parece que la alerta por violencia de género necesita decretarse, antes que en cualquier otro sitio, entre las autoridades electas y los funcionarios de la administración pública en los tres niveles de gobierno, pues si ellos no entienden, la lucha por la equidad difícilmente tendrá éxito en el diseño de políticas públicas más efectivas.

 

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