La intervención de Conapred y la investigación ordenada a la PEDHG, obligan a un posicionamiento del Congreso y su Junta de Gobierno que, de no ocurrir, los haría cómplices del dislate.

La clase política de Guanajuato no logra tener conciencia de sí misma y se debate entre una competencia fútil por espacios y una lucha de desprestigios, sin percatarse de que la percepción ciudadana de que ellos son parte del problema y no de las soluciones, avanza con rapidez.

El problema que representa Luz Elena Govea, la diputada priista que ha ido de escándalo en escándalo en los escasos seis meses de la actual Legislatura, no es un asunto de relevancia individual, ni siquiera partidista, sino que se trata de una evidencia más de la mezquindad de la clase política en su conjunto.

El hecho de que una persona sin formación específica en la materia presida la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del estado, deja ver lo mucho que le importa a los 36 diputados de Guanajuato, a sus respectivos coordinadores y a los partidos políticos que ahí los llevaron, el tema en sí.

El reparto de posiciones en el Congreso obedece, sencillamente, a la lógica de las cuotas. Al PAN no parece interesarle la posición de Derechos Humanos, donde siempre hay roces y confrontaciones con organizaciones de la sociedad civil que exponen al partido en el gobierno a un desgaste.

Así es que se la ceden al PRI, como primera oposición, pero este partido, fracturado a grados balcánicos, ve cualquiera de estas posiciones como un espacio para premiar lealtades políticas.

Poco importa que los diputados no reúnan el perfil, para eso están siempre los asesores que los sacan de apuros… mientras se puede.

La designación de Luz Elena Govea no es la primera afrenta que el PRI le infiere a la política de defensa y promoción de los derechos humanos en estos años. La pasada Legislatura vio como un abogado que se dedica a litigar cobranzas de prestamistas en Irapuato, Felipe Orozco, llegaba a esa posición.

Estando allí, una de sus acciones más eficientes fue la de conseguir un trabajo para su hijo en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato. De allí en más nunca se hizo presente en temas como la defensa de las mujeres violentadas y revictimizadas por el ministerio público o las agresiones a periodistas.

Así que el desprecio del PAN y del PRI a la defensa de los derechos humanos y la atención a los grupos vulnerables, temas ambos en los que son patentes el rezago histórico y el descuido institucional, continúan. La presencia de la señora Govea es apenas el nuevo capítulo de un desdén histórico.

La única reacción oficial que se ha tenido hasta ahora fue de parte del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien llamó a la diputada a estudiar y prepararse, algo que también suena paternalista y nada institucional. ¿Cuánto tiempo le van a dar para que muestre que ya aprendió? ¿Y si se tarda los tres años y no muestra mejoría?

No es el primer resbalón grave de la diputada que tiene bajo su responsabilidad la supervisión del respeto a los derechos humanos y a los derechos de los grupos en estado de vulnerabilidad, en las políticas públicas de los otros poderes y en el marco normativo de Guanajuato.

Hace no mucho, ofendida por críticas periodísticas debidamente sustentadas a la contratación de su sobrino como su asesor personal, en un claro ejemplo de nepotismo, la diputada de San Luis de la Paz les pidió a los periodistas “respeto”, argumentando que ella venía trabajando en una ley de protección a periodistas, algo que sonó como un grosero trueque, una especie de embute legislativo.

Quizá porque los periodistas de diversos medios se mantuvieron en el tema, la diputada priista no dijo esta boca es mía cuando la mayoría panista del Congreso decidió archivar la iniciativa de protección a comunicadores y defensores de derechos humanos, heredada de la pasada legislatura, y dejar el tema para mejor ocasión.

Sin embargo, el actual escándalo es mayúsculo. La intervención de oficio de Conapred, el organismo federal que busca prevenir la discriminación, y el hecho de turnar una queja a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, pone las cosas en otra tesitura.

Por lo pronto, la diputada Govea ha sido conminada a ofrecer una explicación pública de su conducta y a “refrendar su compromiso con el quehacer público”. Ya antes había dicho que no iba a “asumir su error”, expresión donde no queda claro si acepta el error pero con arrogancia rechaza ofrecer una disculpa; o si, sencillamente, no cree que cometió ningún dislate.

Es decir, la expectativa es máxima. ¿Qué va a decir la diputada en la explicación que le pide la Conapred? ¿Va a leer un discurso que le haga un asesor o se volverá a salir del guión, conducida por su instinto?

Y, a todo esto, ¿qué piensa hacer la Junta de Gobierno, donde están representados todos los partidos que integran el Congreso? ¿Mantendrán a Luz Elena Govea en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos sin ningún tipo de reconvención? ¿La mandarán a un curso intensivo en la materia? ¿Sencillamente, el PAN y los demás partidos dejarán al PRI con su “dolor de cabeza?

¿Y que le dirán a los ciudadanos de Guanajuato? ¿Qué la política es un mal chiste y que nada es para tanto?

¿El aplicado y estudioso diputado que es Éctor Jaime Ramírez, tan preocupado siempre por su imagen de coordinador, se pegará a la pared pensando que no es su problema?

Lamentablemente, no es así. Govea y su lanzamiento a la fama universal son producto de las negociaciones entre PAN, PRI y el resto de los partidos. De modo que todos son responsables de lo que ha pasado y de lo que muy probablemente seguirá pasando si es que se hacen de la vista gorda.