Juan Ignacio Martín Solís debería reconocer su error, en lugar de sobrecargar la agenda del gobierno estatal buscando exoneraciones que producen nuevas complicaciones. ¿O es demasiado pedir?
Juan Ignacio Martín Solís, el exigente tesorero de Guanajuato, el mismo que impone un control draconiano del ejercicio del gasto público al resto del gabinete, se niega a reconocer que cometió un grave error al hablar ante los diputados de Guanajuato de un tema que desconocía del interior de su dependencia.
En lugar de una simple y llana disculpa, Martín Solís ha metido a medio gobierno en una dinámica desgastante, tratando de salvar la cara, no de su resbalón, sino de la deficiente política de compras y adquisiciones de la dependencia que pretende dirigir con un guantelete de hierro más bien oxidado y ruinoso.
El cáncer de las medias verdades de Finanzas ya se trasladó a la Secretaría de la Transparencia de Isabel Tinoco y trae ocupados a otros funcionarios del staff del gobernador que no encuentran como detener la sangría de credibilidad de una de las áreas en donde se pretendió enderezar las cosas en este sexenio, sin haberlo logrado.
Las licitaciones públicas para adquirir bienes y servicios en el gobierno de Guanajuato huelen fuertemente a desorganización, a ocultamiento, a encarecimiento, a favoritismo. En síntesis: a corrupción.
Y cuando, para tratar de enmendar esa imagen, que parte de Escudo, continúa en los megáfonos, pasa por los medicamentos, sigue en los uniformes, las tabletas y las mochilas, se deben decir mentiras o verdades a medias, las cosas no parecen sino empeorar.
Para salir del paso ante los diputados que cuestionaban esos procesos, se habló de “acompañamientos” de una prestigiada organización no gubernamental: Transparencia Mexicana, A. C.
La propia asociación salió a desmentir la afirmación de que hasta habían cobrado un millón de pesos o estaban por cobrarlo, como puntualizò el subsecretario de Administración, Ángel Isidro Macías.
Le siguió una queja de un legislador ante la Secretaría de la Transparencia, esa dependencia que adquirió un nombre que le queda demasiado grande, quizá más que a sus antecesoras en anteriores sexenios.
Para resolver la queja se modificó la historia de las teorías administrativas, asegurando que los correos electrónicos de acercamiento y petición de información pueden ser equiparados a contratos. No hay mucha transparencia, pero si una innegable imaginación para justificar la injustificable.
Ahora, de nueva cuenta, Transparencia Mexicana aclara en un castellano ese sí transparente, que no ha tenido nada que ver con las polémicas decisiones del comité de adquisiciones de la Secretaría de Finanzas, ni acompañando, ni validando, ni testificando. Menos cobrando.
Incluso, cuando Transparencia Mexicana hizo la sugerencia de posponer la entrega de las tabletas hasta después de las elecciones, la respuesta fue el silencio. Si te he visto, no me acuerdo.
El descaro es inaudito; la soberbia, como una catedral.
Como decían los clásicos, vaya manera de ahogarse en un vaso de agua.
Y aunque llegaron prometiendo transparencia, cercanía con la sociedad y honradez a toda prueba, hoy los actuales responsables del gobierno de Guanajuato están metidos en un predicamento: van en camino de hacer olvidar las tropelías del parque Bicentenario, la fallida refinería y el tren interurbano.
Y apenas van a la mitad de la carrera.
