El hecho de que partidos y candidatos conviertan a los electores en receptores de dádivas y no en sujetos del debate público, explica buena parte de nuestra crisis institucional.
Los partidos, y los políticos en ellos, cada vez creen menos en sí mismos y más en la táctica del soborno y la dádiva. Por eso la corrupción impera, por eso los problemas no se atienden. Y, encima de todo, por eso campea la inmoralidad de buscar el poder para el beneficio propio y abandonar cualquier otra idea de servicio a la colectividad.
El presidente Enrique Peña Nieto fue el ganador de la elección del 2012 en base al reparto directo de dinero a los electores. Lo logró dejando convertida en una cifra ridícula la definición de los topes de campaña y luego obteniendo la validación de la autoridad electoral, lo que de paso sepultó al IFE y dio lugar a una reforma política que ya se muestra como contrarreforma.
Por eso no extraña que su lógica persista y que ahora, además del dinero en las campañas, el gobierno federal se adelante con el reparto de millones de pantallas digitales, por el apagón analógico, que van directo a los grupos de población más vulnerable, justo el mercado electoral del PRI.
Y lo que tampoco extraña es el silencio de los partidos de oposición, convertidos hoy por hoy en nuevas rémoras de un PRI que ya no es el invencible del siglo pasado, pero que si mantiene su gran poder de cooptación, su enorme capacidad de corrupción.
Engolosinados por las migajas que caen de la mesa priista, convertidas en prebendas y acceso a moches en el reparto presupuestal y la aplicación de los programas sociales, el PAN y el PRD son hoy el equivalente al PARM y al PPS de los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luís Echeverría Álvarez.
La competencia ya no es por la legitimidad, tampoco por la legalidad. Los contrapesos de los años recientes se diluyeron y ni las Cámaras, ni los partidos opositores, mucho menos los gobernadores de distinto signo, se atreven a alzar la voz para pedir que se respete el marco legal en su espíritu y que prevalezca, por lo menos, una mínima ética pública.
La competición, en realidad, es por ver quien hace las mejores triquiñuelas, quien engaña de la mejor manera, quien derrota al adversario sin importar el cómo.
Así vimos como del gobernador panista Miguel Marquez lanzó una tímida protesta por el reparto de más de 600 mil televisiones en Guanajuato, programa federal al cual se sumó la grosera exhibición de proselitismo de funcionarios como la delegada de Sedesol, Claudia Navarrete Aldaco, principalísima patrocinadora del candidato a alcalde de Irapuato por el PRI, Gerardo Zavala Procell.
Sin embargo, tras diluirse la inconformidad, Márquez entendió como decían los clásicos priistas que “a puñaladas iguales llorar es cobardía”, por lo cual se lanzó a hacer su propio programa de proselitismo electrónico, modificando el programa original Sinergia, que buscaba la inclusión tecnológica de los educandos de los últimos ciclos de primaria y los primeros de secundaria, para convertirlo en un proyecto doblemente electoral.
En efecto, al destinarlo, de manera inopinada, para beneficiar a alumnos de bachillerato y de educación superior, una buena parte de los cuales serán primeros votantes en junio, así como de profesores de secundaria, cambian radicalmente las repercusiones de un programa gubernamental que beneficiará a 125 mil personas con una inversión que rondará los 500 millones de pesos.
Hasta ahora no se tiene una sola explicación de parte de la Secretaría de Educación sobre los objetivos del reparto de tabletas electrónicas, ni tampoco sobre la articulación de beneficios que significa incluir a estudiantes de dos niveles distintos y profesores de un tercero.
Queda la duda si se trata de un revolucionario planteamiento educativo, un grosero programa de dádivas en época de elecciones o una ocurrencia sin más.
La otra justificación que hay que elucubrar es la de que el gobernador Migue Márquez, sin cuya voluntad no se mueve un cabello en la SEG ni en ninguna otra dependencia, está simplemente respondiendo al gobierno federal de Enrique Peña Nieto con la misma moneda, simplemente porque puede.
De ser así, Márquez, que por lo demás ha mostrado no ser distinto al resto de la cuestionada clase política del país de todos los signos, estaría entrando a un juego peligroso, pues hasta hace no mucho su mayor apuesta era la de no quedarle mal a Enrique Peña Nieto para evitar castigos presupuestales.
Lo que no se vale, es que en esa guerra de posiciones y de egos, quienes paguen los platos rotos sean los educandos de Guanajuato que ven como los planes y los recursos que podrían servir para atacar los rezagos en materia educativa, se utilizan bajo otros supuestos, como el de intercambiar regalos por votos.
De los priistas no se extraña, a eso regresaron. Pero estos panistas que hacen campañas para enaltecer los valores, ¿se habrán dado cuenta de que ya la lucha por el poder los convirtió en lo mismo que buscaban erradicar?
¿Creerán que engañan a alguien?