Arnoldo Cuellar

Guerrero, Michoacán: ¿el futuro del país?

In Botepronto, sinembargo.mx, Zona Franca on octubre 8, 2014 at 3:30 am

En Guerrero, en Michoacán, en Zacatecas, entre otros muchos lugares, se padece una descomposición extrema de los cuerpos policiacos que seguramente empezó hace algunos años con pequeñas corruptelas, con abusos de autoridad “menores”, con transgresiones a la ley “toleradas” que fueron de mal en peor.

Es lo mismo que observamos, hoy mismo, en prácticamente todos los estados del país: en centenares de municipios, los policías, y las corporaciones en las que laboran, constituyen quebraderos de cabeza que, día tras día, se complican más.

Son, sin embargo, dolores desatendidos por políticos que cuando piden el voto ofrecen arreglar todos los problemas, pero que ya en el poder se desdicen de sus promesas y eligen solo ejecutar las acciones y los programas que les resultan más cómodos, que les dan rentabilidad política o, de plano, que se prestan a la corrupción y el cobro de “moches”.

En Guanajuato, aledaño a Michoacán y Jalisco, tan cerca de Zacatecas, las cosas no están como para echar las campanas a vuelo.

Tan solo en este 2014 han ocurrido los siguientes incidentes que no constituyen ningún recuento exhaustivo, peor que han saltado a los espacios de los medios de comunicación:

– Un jefe policiaco en el municipio de San Felipe, Roberto González, fue despedido y procesado por organizar un montaje para culpar a dos ciudadanos de extorsión al alcalde Federico Silva; encarcelarlos 24 horas en los separos municipales y no dar parte a las autoridades judiciales. A la postre se supo que se trataba de una represalia contra una trabajadora del DIF que se negó a seguir permitiendo descuentos ilegales de su sueldo por parte de la esposa del alcalde, Teresa Ontiveros.

– Un jefe policiaco en el municipio de Valle de Santiago, Javier Gómez de la Cortina, disparó sobre su pareja y su hijo de 15 años, hiriéndolos a ambos. No pisó la cárcel debido a que las lesiones de las víctimas no fueron graves.

– Un jefe policiaco en Silao, Nicasio Aguirre, se encuentra prófugo después de que fue acusado por la Procuraduría del Estado de ser el autor intelectual de la agresión en contra de las periodistas Karla Silva y Adriana Palacios, en las oficinas del Heraldo de León.

– León, la ciudad más importante de Guanajuato, ha tenido seis secretarios de seguridad en los últimos cinco años. En ese tránsito, la corporación ha visto como la tercera parte de sus integrantes son despedidos por reprobar exámenes de control de confianza. También, en el mismo lapso, se han repetido escándalos de policías vinculados a actividades delictivas, así como de policías asesinados en ejecuciones. Sus cifras delictivas han ido consistentemente al alza.

– En Celaya ha ocurrido tres ejecuciones de policías en los últimos dos meses. Es la ciudad con los más altos índices delictivos del Estado.

– En Irapuato se encuentra la corporación policiaca con mayor número de recomendaciones por parte de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos. Ciudadanos la han acusado, empleando vídeos como prueba, de estar coludida con bandas de asaltantes. un elemento en activo, que había sido escolta del alcalde Sixto Zetina, fue detenido en flagrancia asaltando una gasolinera.

Este panorama se repite en otros municipios de menor tamaño, donde se han realizado detenciones masivas de elementos y de jefes policiacos por parte de la Procuraduría Estatal, aunque la falta de pruebas ha permitido su liberación.

Sin embargo, lo que llama la atención es que el cúmulo de incidentes relacionados con las policías municipales no haya sido suficiente hasta ahora para propiciar una acción política de la que formen parte el gobierno estatal, que encabeza Miguel Márquez; de los diputados al Congreso del Estado, donde el PAN ostenta la mitad de las curules; de los alcaldes, en donde hay mayoría panista, pero también una relevante presencia priista; de los partidos políticos.

En cambio, fue posible que desde el poder Ejecutivo se lograran los consensos suficientes para autorizar una inversión de 2 mil 700 millones de pesos, que comprometió al estado por lo que resta del sexenio, destinada a adquirir tecnología de videovigilancia que fue repartida por todo el estado y que hasta ahora ha servido para tareas reactivas, peros escasamente para las preventivas.

Cabe preguntar ¿de qué sirve la tecnología de última generación y la información que produce, cuando esta puede caer en manos de policías escasamente confiables o que responden a intereses ajenos a los de los ciudadanos que dicen resguardar? Indudablemente, se trata de una estrategia coja que parece poner la iglesia en manos de Lutero.

Sin una firme decisión política, como pasó en las entidades que hoy ven ya no solo a su policía, sino a su propia clase gobernante infiltrada por pandillas delictivas, el peligro de la degradación de las instituciones públicas no remitirá por si mismo.

Lo que vemos en Guerrero, en Michoacán o en Tamaulipas y que tanto nos escandaliza en otras regiones del país, podrá ser pronto la normalidad mexicana, pues la renuncia de los políticos de todos los colores que hoy se regodean en el despojo de los presupuestos públicos y la ausencia de compromiso con los resignados electores que los votan, cada vez en manos número y con más desgano, no permite esperar otra cosa.

Lo vemos incluso en el todopoderoso gobierno que logró la hazaña de privatizar la industria y las reservas energéticas del país: el mensaje del Presidente de la República en torno a los hechos de Guerrero pudo haber sido no dicho, ante su falta de sustancia y contundencia. Qué diferencia con la enjundia de hace unas semanas al presumir las reformas en los escenarios internacionales.

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