Tiene razón la activista Verónica Cruz, cuando argumenta que la lucha para frenar los feminicidios en Guanajuato no se debe a que sea uno de los peores clasificados en ese rubro, sino precisamente  para que no llegue a serlo.

Por eso suenan tan banales las justificaciones de los políticos y funcionarios públicos que escudan  su incompetencia argumentando que hay entidades en peores condiciones que Guanajuato.

En el caso de la agresión a las periodistas Karla Silva Guerrero y Adriana Palacios, los periodistas de Guanajuato nos hemos movilizado , considero, sobre todo porque se trata de un hecho sin antecedentes en la historia de muchas décadas en Guanajuato.

Lo que estamos tratando de decir es que no queremos que estas situaciones se repitan en Guanajuato, mucho menos que se generalicen. Para ello, la única forma posible, en el marco de la legalidad, es que los hechos no gocen de impunidad, que los responsables de la agresión, material e intelectualmente, paguen por la falta cometida y que se apliquen no solo las sanciones de la legislación penal del estado, sino también las nuevas, de carácter federal, sobre delitos en contra de la libertad de expresión.

El asunto, además, resulta doblemente preocupante porque, hasta donde ha avanzado la investigación, la agresion provino, en la planeación y lógística para su ejecución, de servidores públicos, mandos de la policía preventiva que quizás actuaron por su cuenta, pero que quizás, y no es improbable, también pudieron obedecer instrucciones.

Por eso, el esclarecimiento de estos hechos deberían interesarnos a todos, no solo a los periodistas.

El estado ha invertido miles de millones de pesos para mejorar los mecanismos de seguridad, la mayor parte en tecnología, pero otra muy significativa en la depuración de los cuerpos policiacos a través de exámenes de control de confianza que buscaban establecer una primera pauta de control del recurso humano.

Hoy se ve que no son infalibles,que debe seguirse profundizando en ese renglón.

Que policías de un municipio como Silao conspiren para atacar a personas o para cometer delitos ya es suficientemente grave. Que, además, lo hagan para vulnerar un derecho básico en la democracia como lo es la libertad de prensa, es un crimen de lesa moral pública.

He escuchado argumentos en el sentido de que los periodistas deberíamos indignarnos de la misma manera cuando resultan afectadas por abusos de autoridad otras personas que no formen parte del gremio.

Me parece que la mayor parte de los periodistas de Guanajuato reflejan en su trabajo diario el compromiso con un valor básico de la profesión: el de dar voz a quienes se quejan bien de abusos, bien de falta de atención de funcionarios públicos.

Un ataque a un periodista para que “le baje de huevos a sus notas” no lesiona solo a quien recibe la agresión, sino también a todos aquellos que requieren de una prensa razonablemente independiente y valiente para hacerse oir.

Por eso, respaldar a Karla y a Adriana y apoyarlas en su derecho a una acción de la justicia que, además de sancionar, no deje lugar a dudas del origen del ataque que sufrieron a causa de la actividad que eligieron, no es solo una acción de solidaridad personal, sino un compomiso con la defensa de libertades básicas, imprescindibles para vivir en democracia y que sirven a todos.

Evitar que el reino de la impunidad se traduzca en instituciones públicas cada vez más débiles frente a la penetración de conductas delictivas, es una forma de frenar un deterioro que puede no tener fin.

Véase Michoacán y Guerrero, por no decir más. Ciertamente, estamos lejos de llegar a esa degradación, pero la mejor manera de no acercarnos ni por equivocación, es actuar justo ahora, en el terreno que nos toque a cada quien.