¿Qué puede decir ahora el gobernador de Guanajuato con respecto a la ausencia de esfuerzos institucionales para combatir la violencia de género y los ataques sexuales en contra de mujeres en Guanajuato, después de que comienzan a conocerse los casos en las escuelas públicas?

Miguel Márquez ha dicho que la violencia de género es un tema de cultura, quizá queriendo más bien decir que es de “ausencia” de cultura; ha dicho que el gobierno hace esfuerzos por combatirlo con “políticas transversales”, por lo que se ha negado a instrumentar programas especiales; y, una y otra vez, ha respondido a los cuestionamientos con campañas de propaganda que, ciertamente, no le salen gratis al erario.

El gobernador ha llegado al extremo de reclamar que sólo se vea lo negativo, que no se aprecien los esfuerzos del gobierno para avanzar. Le llama esfuerzos a programas como el de la obtención de una certificación de equidad de género en las dependencias públicas en aspectos laborales o a la firma de un convenio con la oficina d ela ONU en México.

Mientras tanto, los problemas persisten en las agencias del Ministerio Público, en las procuradurías de Asistencia Social del DIF y en el Instituto de la Mujer y, ahora, en la Secretaría de Educación, lugares donde se insiste en rechazar la visión de que las mujeres se encuentran expuestas, en riesgo, ante la violencia machista, y que hacen falta políticas públicas que enfrenten la situación, además de que abruma la falta de apoyo a las vícitmas.

Gracias a que empiezan a empoderarse algunas víctimas, canalizadas por Organizaciones No Gubernamentales, emergen denuncias que destapan otro enorme problema: la violencia sexual en escuelas del sistema público, ejercida por maestros en contra de estudiantes de ambos géneros.

¿Acaso nos van a volver a decir que se trata de un “problema cultural”; que se hacen esfuerzos y que debemos valorar lo positivo y no lo negativo? O, bien, como ya lo ha dicho el secretario de Gobierno Salvador García López en relación con las ejecuciones, que se trata de algo “normal”.

¿Acaso los botones de pánico del oneroso Programa Escudo  servirá para que los y las estudiantes los accionen cuando un profesor pretenda pasarse de listo?

A grandes problemas solo puede haber grandes soluciones. El hecho de que la propia SEG reconozca 24 casos de agresiones en los últimos 4 años, en contra de alumnos de ambos sexos de entre 5 y 16 años de edad, de parte de trabajadores de la educación , donde se incluyen directores, maestros e intendentes, no parece una minucia.

Sin embargo, cuando desde las altas esferas de la burocracia estatal, incluso desde el propio cargo del jefe del Ejecutivo, el problema no recibe la atención, el cuidado y los mensajes adecuados, pareciera que estamos frente a una doble victimización.

¿De qué sirve que la Secretaría de Educación disponga de un presupuesto de 19 mil millones de pesos, que crezca la oferta educativa, la matrícula y se busque una mejor calidad educativa, si hay niños y niñas que no están seguros en sus escuelas y con sus maestros?

Desde luego, todo es importante, pero la seguridad debería ser lo primero. El gobierno de Miguel Márquez está invirtiendo dos mil 700 millones de pesos en los próximos años en un programa de seguridad para que los ciudadanos de Guanajuato vivan y laboren con mayor tranquilidad.

¿Acaso no valdría la pena voltear a la escuela pública y actuar con todo el rigor? ¿No ameritaría extremar los recursos, la inteligencia y la voluntad para impedir que un solo niño pueda sufrir ataques de algunos de aquellos a quienes se les paga para que los cuiden?

En este momento, ni siquiera se tiene el obstáculo que en el pasado ha representado el sindicato magisterial, que ha llegado a anteponer la defensa de sus intereses gremiales por encima de la conducta de algunos de sus afiliados. La caída de Elba Esther Gordillo hace un año ha dejado a los sindicatos inermes frente a los gobiernos estatales y la Federación.

¿Seguirá Márquez insistiendo en que hace todo lo que puede en contra de la violencia contra las mujeres y, ahora, contra niñas y niños en las escuelas públicas?

¿Serán suficientes los 38 millones de pesos que se asignan al instituto de la Mujer Guanajuatense, cuando tan solo el gasto en propaganda del gobierno supera varias veces esa cifra?

¿Habrá voluntad de cambiar o se insistirá en cerrar los ojos no obstante la recurrencia de evidencias inobjetables?

Por lo demás, queda claro que los diferentes funcionarios de despacho del gobierno marquista no irán más allá de lo que les marque su jefe, con sus instrucciones y con su propio discurso. Así ha sido, ¿así seguirá?

Debemos saberlo pronto.