El alcalde de Salamanca, Justino Arriaga Rojas, hijo de un ex alcalde panista y político prominente en el estado, así como de una ex diputada local, parecía ser parte de un recambio generacional que mucha falta le hace a este partido.

Con buenos contactos nacionales, con una diputación federal ya en su currícula y con la energía de sus treinta y pocos años, Arriaga Rojas llegó a la alcaldía de Salamanca como una bocanada de aire fresco. Su elección, en medio de las complicaciones del 2012, fue un paseo frente a un PRI debilitado y dividido.

Por eso extraña la cantidad de escándalos en los que se le ha visto envuelto en los últimos días. De la versión aún no comprobada de los “moches” en obra pública, a través de su papá, Justino Arriaga Silva, a la compra  de un terreno de 3 hectáreas a un costo de 14 millones de pesos por hectárea, en medio de maniobras de ocultamiento, la buena imagen del arranque empieza a diluirse.

En el caso del terreno del Country Club, que formaba parte de un predio de seis hectáreas propiedad de una sociedad  que encabeza el abogado irapuatense Manuel Herrera Moreno, del que se adquirió la mitad para instalaciones de seguridad pública municipal, incluyendo el centro de inteligencia conocido como C4, las cosas se agravan por la ausencia de transparencia y los  injustificados ataques periodísticos contra los críticos de la decisión.

Desde los diarios el Sol de Salamanca y el Sol de Irapuato, se han isntrumentado campañas de desacreditación en contra de la regidora Alicia Muñoz Olivares, por el grave “pecado” de pedir más información sobre la compra del predio y demandar justificaciones del precio y los pasos dados para adquirirlo.

Manuel Herrera Moreno es el padre de Alejandro Herrera Sánchez, quien llegara a la dirección de los diartios de la OEM en Guanajuato de la mano de Martha Sahagún, en el sexenio de Vicente Fox, por lazos familiares. Herrera fue concuño durante unos años de Manuel Bribiesca Sahagún, el primogénito de la poderosa ex primera dama.

Desde hace tiempo, los diarios de la OEM, en acelerado declive periodístico, viven de enzalzar a los gobiernos de todos los niveles, mientras su directivo cabildea pingues negocios con los funcionarios de esas administraciones.

Así, Herrera acercó a Juan Manuel Oliva al arquitecto José Martínez, dueño del club de futbol Irapuato, quien gracias a esa relación consiguió obras públicas en las que a la postre entregó malas cuentas y recibió sanciones, sobre todo en el área hospitalaria.

Hace pocos meses, en conjunción con el empresario irapuatense Rafael Barba Vargas, quien ostentó en el arranque del sexenio su cercanía con el gobernador Miguel Márquez, Herrera logró imñpulsar a su hermano Franco Herrera como subsecretario de atracción de inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico, no obstante que carecía de toda experiencia sobre el tema.

Por otra parte, en el intento de impulsar la candidatura de la magistrad Claudia Barrera a la presidencia del Poder Judicial de Guanajuato, a fines del año pasado, donde se evidenció el activismo de Rafael Barba, también fue posible advertir la mano de la familia Herrera en el intento.

Ahora, las baterías del director regional de la OEM apuntaron hacia Salamanca, por el interés de vender un terreno que carecía de la menor vocacón comercial.

Hasta pocos meses antes de la adquisición de una fracción por parte del municipio, las seis hectáreas del antiguo Country Club, inmueble que fue embargado por diversas hipotecas bancarias y que terminó quedando bajo el control del abogado Manuel Herrera, a través de una sociedad anónima, se ofertaba por corredurías inmobiliarias en un  precio a negociar de 55 millones de pesos en forma total, lo que representaba 9 millones de pesos por hectárea.

Sin ofrecimientos de otros interesados, sin una puja de por medio, sin ninguna modificación que hubiese podido justificar una plusvalía, el precio del terreno pasó de 9 a 14 millones por hectárea, mediante el avalúo de un perito irapuatense, los cuales fueron pagados sin chistar por Arriaga ante un notario de… ¡Celaya!

Con un incremento del 50 por ciento sobre un precio ya de por sí inflado, fue como adquirió el ayuntamiento el predio en una operación secreta, realizada el 20 de diciembre de 2013, último día laborable del año, en la notaría número 22 de Celaya, a cargo de Miguel Ramírez Silva, amigo y compañero de andanzas políticas de Manuel Herrera Moreno, en el grupo del extinto político Salvador Rocha Díaz.

El ocultamiento a los salmantinos, incluyendo a los miembros del Cabildo, que le habían aprobado por unanimidad y con completa buena fe al alcalde un crédito de 70 millones de pesos para la construcción del C4, persistió en la táctica de no informar nada hasta una sesión secreta del Ayuntamiento a fines de enero.

A los pocos días se blindó la información de la compra así como los antecedentes catastrales del predio en cuestión, mediante una reserva de información justificada “por asuntos de seguridad.”

Por si fuera poco, la sociedad vendedora del predio se benefició con una importante plusvalía al fraccionar el terreno, venderlo en un alto precio y recibir el impacto de las obras de infraestructura con las que se verá habilitado el complejo municipal de seguridad pública.

Toda la operación está envuelta en decisiones inexplicables, en intentos de ocultamiento y, ahora, en la opacidad institucional con el pretexto de la seguridad. Pero las cosas se agravan por el intento de doblegar a los críticos a periodicazos, lo que evidencia aún más el mal olor de la operación.

Se trata de una medida que podría significar en el futuro a la administración de Justino Arriaga Rojas, quien ahora pretende recomponer el rumbo tratando de que la edificación se convierta en su proyecto “emblema”, para lo que busca fondos federales y donativos de Pemex a fin de completar la construcción, debido a que en la sola compra del predio ya erogó el 60 por ciento del recurso obtenido mediante el empréstito de 70 millones que le autorizó el Ayuntamiento.

Tal y como van las cosas, la compra del terreno para el C4 podría convertirse, efectivamente, en emblema de gobierno de Arriaga, pero por razones muy distintas a las que pensó originalmente: la opacidad, la sospecha de corrupción, el influyentismo y el desdén a los opositores políticos y a la inteligencia de sus gobernados.

Habrá que ver si los ciudadanos de Salamanca se traga esa rueda de molino. Por lo pronto, solo queda lamentar la temprana frustración del recambio generacional del PAN en Guanajuato.