Arnoldo Cuellar

Gobierno y medios, ese pantanoso terreno

In Botepronto, Zona Franca on abril 28, 2014 at 3:33 am

El tema de la relación entre prensa y gobierno y acerca de cómo y por qué razones la administración pública en cualquier nivel decide consumir espacios en los medios de comunicación ha sido, desde siempre, una zona gris en la vida pública nacional.

Desde los tiempos en que el gobierno federal era propietario de la única empresa que  fabricaba papel para rotativa, la famosa PIPSA, además de que controlaba los permisos de importación de ese insumo; pasando por la época en que la propiedad de la nación sobre el espectro radiofónico sirvió para negociar lealtades de los medios electrónicos; hasta el día de hoy, cuando se busca con ansias controlar la emergente e insubordinada libertad en las redes sociales del Internet, hemos tenido de todo, menos una relación madura entre el Estado, sus funcionarios y la opinión pública.

Acallar, controlar, conducir, comprar, mediatizar, reprimir, son los verbos usuales en la relación práctica entre gobierno y medios, la que no se aprende en las escuelas de comunicación, la que se enseña en los pasillos del poder y que, muy a menudo, queda a cargo de experiodistas que se cambian de bando por los malos sueldos de la industria, por las altas prestaciones del servicio público.

Del otro lado, del de los medios, los pecados no son menores. Tráfico de influencia, intercambio de buen trato por contratos, dependencia absoluta de los presupuestos públicos, ausencia de contrapesos sociales en la agenda informativa, boletines gubernamentales pasados como noticia, autocensura abundante y escasa autocrítica.

Los pecados son generales y no exentan a nadie que haya andado en esto algunos años. El diálogo entre medios y gobierno a menudo tiene un gran ausente: el público, que a menudo ve como sus intereses son lo último tomado en cuenta en ese baile sólo de dos.

Un primer paso, para arrojar luces en esta relación, es el de conocer el gasto presupuestal del gobierno en materia de comunicación, sus asignaciones pormenorizadas por los diferentes medios y el comparativo con otros gobiernos del país, algo que apenas ahora, tras años de contar con leyes de transparencia, podemos empezar a conocer.

En la edición de este día de Zona Franca, se publica el gasto publicitario del gobierno estatal durante los últimos dos años, que abarcan el de la transición sexenal, 2012, donde Guanajuato tuvo tres gobernadores, a causa del interinato provocada por la licencia de Juan Manuel Oliva; y el 2013, primero que correspondió en forma íntegra a la gestión de Miguel Márquez.

Se trata de una respuesta del organismo estatal de acceso a la información, a una pregunta realizada por el abogado y activista social Roberto Saucedo Pimentel, quien ha picado piedra largamente en este terreno.

En 2012, Guanajuato como estado gastó 83 millones 104 mil 465 pesos en contratos de medios de comunicación. Ello dentro de un presupuesto global aprobado por el Congreso de 46 mil 922 millones de pesos. Esto representa, un 0.17 por ciento.

En 2013, Márquez redujo el gasto publicitario a 63 millones 925 mil 291 pesos, con un presupuesto global anual de 47 mil 551 millones de pesos. El porcentaje disminuyó significativamente hasta un 0.13 por ciento del gasto.

Estas cifras contrastan notablemente, por ejemplo, con lo que pasa en los municipios. En el caso de León, el único que hasta ahora ha transparentado sus gastos de publicidad, tenemos que a un presupuesto anual de 4 mil 675 millones de pesos en 2013, el primer año de Bárbara Botello, le correspondió un gasto publicitario de 39 millones 276 mil pesos,  lo que representa un 0.84 por ciento del gasto total, muy por encima de la correlación que guardan los gastos de Oliva y Márquez.

Más allá de considerar eso poco o mucho, sobre todo tomando en cuenta que los municipios constituyen el segmento más precario de la estructura presupuestal del sector público, lo cierto es que no existen parámetros, como los que si hay en otros rubros, por ejemplo el gasto corriente o los servicios de nómina, para determinar topes dentro de un presupuesto anual al gasto publicitario.

La cuestión no es menor. En los tiempos que corren es común que los cargos públicos tengan una doble función: la de atender la responsabilidad por la que se acudió a una elección y se solicitó el respaldo ciudadano; y, cada vez con mayor relevancia, la de servir de trampolines a carreras políticas, que es precisamente para lo que se emplea el gasto en medios.

Esto ha sido reconocido por las propias leyes electorales, actualmente en periodo de reforma, a grado tal que se ha prohibido en la publicidad gubernamental la imagen personal de los titulares de los puestos públicos, a fin de limitar los excesos. La medida es incompleta, pues a menudo los mensajes estrictamente publicitarios disfrazan manejos noticiosos que también entran en las ecuaciones de los contratos publicitarios, para promover la imagen de los políticos en las secciones de información.

El otro tema es el de los criterios de contratación. En la información que se empieza a conocer mediante los mecanismos de acceso a la información, no se aprecian mecanismos claros, contrastables que presidan la contratación de publicidad por parte de las oficinas gubernamentales.

Por ejemplo, en el año 2012, el gobierno estatal contrató publicidad por un millón 342 mil pesos a la cadena de diarios A. M., dos de cuyas ediciones tienen el liderazgo de circulación en León y otras dos son altamente competitivas en Irapuato y Celaya.

En contrapartida, los diarios de la Organización Editorial Mexicana, los “soles”, recibieron en el mismo lapso 17 millones 612 mil pesos, cuando ya solo dos de sus ediciones, la de Irapuato y Salamanca, son líderes en circulación, mientras que el resto son meramente testimoniales.

Se trató de un año excepcional en ambos casos, aunque por muy distintas razones. A. M. vivía un bloqueo publicitario derivado de un choque empresarial y periodístico con Juan Manuel Oliva, que tomó represalias directas en la contratación de publicidad con recurso público. Mientras que con la OEM se vivía una luna de miel que incluso produjo la reaparición del Sol de León, un diario que había desaparecido por falta de circulación y que, más allá del apoyo gubernamental, sigue en las mismas.

En 2013, ya con Miguel Márquez, las cosas cambiaron. Mientras A. M. repuntó con contratos por 6 millones 850 mil pesos, los diarios de la OEM descendieron a 5 millones 702 mil pesos de convenios publicitarios en sus diversas ediciones.

Esas fluctuaciones son posibles porque no existen reglas del juego, algo que también detonó en la pasada campaña presidencial de 2012 y que obligó a Enrique Peña Nieto, ya como presidente, a ofrecer una reglamentación del tema de la contratación de publicidad y la regulación de las audiencias. Algo que, por cierto, no ha sucedido.

Resulta absolutamente incongruente que los medios presionen al gobierno para que asuma políticas de transparencia y evite subterfugios, cuando los propios medios rehúyen la transparencia como la peste y ocultan sus cifras de circulación y de ratings en muchos casos.

Caminar por este sendero, de establecimiento de reglas y de transparencia de gobierno y de medios, es lo único que puede contribuir a superar una crisis que ya se cierne sobre el diálogo público que, con gran velocidad, se desplaza cada vez más de los canales tradicionales al de las vías alternativas que proporcionan las nuevas tecnologías, con los riesgos que representa la vertiente fuenteovejunesca de las redes.

Creo que los medios tradicionales y los profesionales en ellos, tenemos todavía un importante papel que cumplir en la moderación del diálogo entre poder y sociedad, siempre a condición de que aceptemos el reto de avanzar en la superación de la historia de limitaciones y autolimitaciones de los últimos años, exigiendo al poder pero, sobre todo, a nosotros mismos.

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