Un terreno de tres hectáreas, ubicado en una zona periférica de Salamanca, fue comprado por la administración que encabeza el panista Justino Arriaga Rojas, en un precio de 41 millones 953 mil pesos. El vendedor fue una sociedad anónima que tuvo como apoderado a Alejandro Herrera Sánchez, director de los diarios el Sol de Salamanca y el Sol de Irapuato.
El precio por metro cuadrado pagado por el municipio es de mil 400 pesos, una cantidad que de acuerdo a consultas con diversos analistas del tema inmobiliario, resulta exorbitante para la zona donde se ubica el predio.
No resulta difícil imaginar que un “barón” de la prensa pueda convertirse en un eficaz agente de sus propios intereses frente a una autoridad necesitada de imagen, máxime si se trata de un político que planea una carrera de largo alcance.
El tema, de tan común, a nadie espanta. A eso nos han acostumbrado décadas de complicidades entre funcionarios y empresarios. Pareciera normal: la corrupción es parte del paisaje.
Porque corrupción es usar el dinero público para pagar un sobreprecio en la adquisición de un bien, más allá de que no se tengan las evidencias de que ese exceso haya servido para efectuar un “moche”, algo que ya queda a la libre imaginación de una opinión pública tan impotente como mal pensada.
Quedémonos solo en la primera parte: comprar caro con dinero ajeno, con dinero público, es un acto inmoral. Sólo preguntémonos: ¿pagaría Justino Arriaga una cantidad como esa por una superficie como la referida, si se tratara de su dinero? Dificilmente.
El empresario, Alejandro Herrera, muy bien puede argumentar que el puso el precio y no tiene la culpa de que así se lo compren. ¿A quién le dan pan que llore? Más si se mata víbora en viernes, como se decía antes.
Sin embargo, más indignación provoca el hecho de que el enorme expolio al erario se realizó con dinero obtenido de un crédito bancario aprobado por el Ayuntamiento para diversas obras de urgencia inaplazable.
Al hecho de pagar de más por el terreno, se agrega la ofensa de que los habitantes de Salamanca, a través de su ayuntamiento, estarán cubriendo intereses durante varios años por el dinero utilizado para favorecer un negocio inexplicado e inexplicable.
No es, sin embargo, el único agravante. El terreno comprado con tanta liberalidad será destinado a infraestructura de seguridad pública, una actividad del municipio que siempre padece de insuficiencia en los recursos que se le destinan.
Para las tareas de seguridad, sobre todo en estos tiempos, no hay dinero que alcance. Por eso es grave que se apliquen dineros, además prestados, con tan escaso cuidado o, mejor dicho, con tanto descuido.
A la sospecha de una irregular operación contribuye el modus operandi: la compra se realizó el 20 de diciembre, último día hábil del año pasado; se efectuó ante un notario de Celaya; se utilizó el avalúo de un profesionista de Irapuato y nada de eso se informó al Ayuntamiento.
Hoy, Justino Arriaga Rojas, joven alcalde panista, asegura que todo está justificado y que hay “razones técnicas” para haber pagado ese precio. Lo que no explica son las “razones” para tanta opacidad que apenas empieza a develarse.
El colmo de todo esto es que algunos de los regidores inconformes han empezado a recibir amenazas de personeros anónimos en el sentido de que si continúan con la oposición deberán “atenerse a las consecuencias”, entre las que probablemente se encuentran campañas de linchamiento, justamente, en los periódicos dirigidos por Herrera.
¿En serio? ¿Pues en qué país vivimos?
