Aunque la parte espectacular de la recomendación emitida por la CNDH en uno de los casos de violencia de género más relevantes de los últimos tiempos, haya sido la disculpa pública ofrecida por dos funcionarios del gabinete de Miguel Márquez a la joven Lucero Salcedo, hay aspectos de mayor relevancia que no habría que perder de vista.
La determinación del organismo, que por poco incurre en un agravio más a la víctima por la tardanza con la que se produjo, en el sentido de que María de la Luz Salcedo palacios “además de ser víctima del delito, también es víctima de violaciones a sus derechos humanos por parte de servidores públicos del Estado…”, es absolutamente relevante en el prolongado debate en torno a este caso.
Por lo pronto, la CNDH, encabezada por Raúl Plascencia Villanueva, ha emitido una serie de recomendaciones que van desde la disculpa pública, ya cumplida por el Estado, aunque no así por el municipio de Guanajuato, cuyos servidores públicos también incurrieron en omisiones; hasta medidas de sujeción a procesos disciplinarios y de responsabilidad para los funcionarios involucrados.
Hay, sin embargo, una parte medular que debería convertirse en una situación estructural: la recomendación al estado y el municipio para que:
“A través de políticas públicas debidamente estructuradas y sustentadas en los distintos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que ha suscrito el Estado mexicano (…), se fomente sin distinción alguna la cultura de respeto absoluto a los derechos humanos de la mujer, y que sean de observancia general para todos los servidores públicos estatales y municipales, a fin de evitar, que sucesos como los que dieron origen a la presente recomendación se vuelvan a repetir”.
Asimismo, se demanda al estado una política que fomente el respeto de los derechos de las víctimas:
“Se instrumente y articule un programa encaminado a garantizar la eficaz, eficiente y adecuada atención y protección a las víctimas”.
Más allá de Lucero, ella misma ha señalado que lo importante de su tenaz lucha radica sobre todo en que los hechos que sufrió no se vuelvan a repetir con otras mujeres, lo relevante de la evolución de este caso radica en la evidencia de la enorme resistencia de las instituciones de Guanajuato y sus responsables para cambiar sus paradigmas y adoptar la nueva visión de la ley a favor de las víctimas y específicamente, de los derechos de las mujeres.
Aunque el gobierno de Miguel Márquez ha asumido posturas declarativas y ha traducido sus compromisos sobre todo en el terreno de la imagen y la propaganda gubernamental, en los hechos parece cambiar muy poco, como lo muestran la ausencia de políticas específicas, dotadas de recursos y con acciones afirmativas bien identificadas.
La recomendación de la CNDH ofrece una nueva oportunidad para dar un giro de 180 grados a la arraigada resistencia oficial a aceptar que no han hecho las cosas bien y que tienen muchas áreas de oportunidad para avanzar en la tarea de convertirse en un estado moderno, eficiente y proactivo en materia de equidad de género.
Insistir en el atraso, en la complacencia, en la resistencia al cambio, en los prejuicios machistas, sólo les traerá nuevos dolores de cabeza que pueden escalar hasta convertirse en un delicado problema político.
En la materia de respeto a los derechos de las mujeres en Guanajuato, negar que “el rey va desnudo” ya no suena a terquedad, sino a vocación suicida, hablando en términos políticos. Aunque tampoco sería la primera vez que pasa.
