Al que obra mal no le va nada bien, como muestran abundantes casos, entre ellos el del diputado sanmiguelense Luis Alberto Villarreal quien ni con la protección de todo el gobierno federal y del colmilludo Manlio Fabio Beltrones, se ha escapado de acudir a la Procuraduría General de la República a pedir una nueva exoneración por su mezcla en el asunto de los “moches” a los presupuestos de obra pública federal.

Sin embargo, la protección de que goza Villarreal por parte de un priismo que se siente cómodo con un panista con debilidades por el dinero y el glamour del poder, lo único que está haciendo es aumentar la prepotencia y los descuidos del diputado guanajuatense.

Confiado en que nadie con dos dedos de frente va a declarar en su contra por los “moches”, sobre todo por que quienes los pagan están más que contentos por acceder a fondos federales extraordinarios, en una arquitectura de la corrupción que bien podría dar lugar a estudios académicos de altos vuelos, ahora Villarreal diversifica sus acciones.

Por ejemplo, se encuentra a punto de montarse en el litigio que mantienen dos empresas guanajuatenses por la propiedad del centro comercial Cibeles de Irapuato: Aryba, de la familia Arena Barroso; y Caceba, propiedad de Salvador Cayón Ceballos.

Después del despojo maquinado por Caceba al conformar una sociedad paralela a la que originalmente planeó y desarrolló ese centro comercial, lo cual se ha litigado en tribunales locales y federales a lo largo de los últimos diez años, el caso finalmente ha llegado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la forma de un amparo directo penal que tiene como ponente al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La atracción del amparo, originalmente ubicado en el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, se debió a un rosario de irregularidades propiciadas por la defensa de Salvador Cayón Ceballos, a las que no fue ajeno el factor de influencia que representa el diputado Villarreal.

La situación dio lugar a un escándalo del que debió tomar conocimiento el Consejo de la Judicatura y de lo que derivó la remoción y traslado del magistrado ponente Lorenzo Palma Hidalgo, de por sí envuelto en diversas denuncias públicas por actos de nepotismo; así como del magistrado Alonso Galván Villagómez, quien ya tenía en su historial varias suspensiones.

El tema no queda solamente en un asunto jurisdiccional. La resolución favorable del amparo, que fue promovido en contra de diversas sentencias de la justicia local que protegieron flagrantemente y en contra de todas las pruebas a Salvador Cayón, puede traer consecuencias imprevisibles en una de las estrategias más novedosas de los últimos años en materia bursátil en el país, la de los Fideicomisos de Bienes Raíces o Fibras, como se les conoce en el argot de los mercados de inversión.

Plaza Cibeles, la propiedad que se encuentra en el centro de este conflicto legal, es una de las piedras de toque de Fibra Shop, un portafolio de inversión que incluye 8 centros comerciales en el país y que en su debut en bolsa en julio del año pasado, captó más de 5 mil 400 millones de pesos en acciones colocadas.

Para poder lanzar esta oferta de papel comercial, Cayón les aseguró a sus socios y a la Bolsa Mexicana de Valores, así como a los medios especializados, que su conflicto legal en Cibeles con grupo Aryba se encontraba superado.

El éxito del lanzamiento de Fibra Shop complica más las posibles consecuencias de un descalabro jurídico, agravado por el hecho de haber ocultado información a la Bolsa Mexicana de Valores y al público.

Quizá por esa situación se ha reactivado el activismo del diputado Luis Alberto Villarreal en apoyo a Salvador Cayón Ceballos, cuya constructora, Caceba, también ha aparecido en los municipios que reciben los generosos presupuestos federales decididos discrecionalmente por Villarreal.

Esta constructora, de acuerdo a versiones de alcaldes guanajuatenses, fue insistentemente recomendada por el coordinador parlamentario panista, para realizar trabajos de pavimentación, con los recursos derivados de las asignaciones autorizadas directamente desde el Congreso.

Si Caceba y su propietario, Cayón Ceballos, contribuyeron a que Villarreal pudiera canalizar la red de cobro de comisiones que envolvió al programa de pavimentación, se entiende que ahora el tan poderoso como señalado político panista vaya en su ayuda.

Si embargo, la Suprema Corte de Justicia del país no parece un territorio a modo para el tráfico de influencias, como se ha venido mostrando sistemáticamente en los últimos tiempos.

El Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, un especialista en amparo llegado a la Corte en el año 2009 a propuesta del entonces Presidente de la República Felipe Calderón, tiene en sus manos, con este caso, la posibilidad de desandar un camino de impunidad construido en buena medida con influyentismo político en la justicia local de Guanajuato.

Por otra parte, los inversionistas del mercado de valores mexicanos también merecen saber si detrás de las ofertas públicas donde arriesgan su patrimonio hay seriedad, buena fe y respeto de la ley, pues de lo contrario allí están los ejemplos nefastos de debacles bursátiles como la propiciada por los activos tóxicos del mercado inmobiliario en varios países del mundo, la década pasada, precisamente, gracias a la protección de políticos inescrupulosos.

Lo más delicado es que desde posiciones que deberían ser el pináculo de la legalidad y la defensa de las instituciones, como la que ocupa el coordinador parlamentario de la segunda fuerza política del país, se propicie la socavación de los marcos normativos, por la búsqueda de ventajas personales, políticas y económicas.

Si la lógica y el apego a la ley se imponen, como todo lo indica, veremos como se derrumba un pequeño imperio de naipes, tan de moda, cimentado en la mentira, la simulación y las conexiones fraudulentas de empresarios y políticos. Algo que no puede seguirnos marcando como sistema político si es que aspiramos en serio a una plena modernidad.