El año no empezó tranquilo en materia de seguridad: dos mujeres asesinadas el primer día de 2014 en dos municipios del sur de la entidad; una pareja ejecutada en León, el viernes 3 de enero; el asesinato de un estudiante en la vía pública a plena luz del día en Celaya.
Frente a ese panorama, que amenaza con continuar lo que ya venía siendo una pésima racha en el año que terminó, la única respuesta de las autoridades estatales y municipales continúa siendo la promesa de que todo mejorará cuando se encuentre operativo el sistema de videovigilancia contratado a un altísimo costo, justo hace un año.
Mucho se ha polemizado ya sobre el tema como para continuar haciéndolo cuando falta tan poco para conocer las bondades de un sistema de tecnología para monitorear zonas importantes del estado en tiempo real, lo que teóricamente debe incrementar la capacidad de respuesta de las fuerzas de reacción policial, así como potenciar los mecanismos de prevención.
Sin embargo, justo es decir que el compromiso adquirido por el gobierno que encabeza Miguel Márquez, responsable además de haber convencido a todos los gobiernos municipales de la entidad, es mayúsculo. Escudo se vendió como una panacea; se contrató en medio de una total opacidad y su única justificación fue la promesa de resultados.
De acuerdo a las versiones oficiales, será antes de la primavera de 2014 que el sistema estará operativo y que su impacto podrá empezar a medirse.
Queda claro, por experiencias en diversas latitudes, que el mejor antídoto en contra del deterioro de la seguridad pública lo da la colaboración entre ciudadanos y autoridades, la cual pasa por la recuperación de la confianza hacia los cuerpos de vigilancia e investigación del delito. La reconstrucción de ese tejido sólo se logra con cartas abiertas y con una actitud transparente de parte de las autoridades.
Es en ese sentido que la apuesta de Escudo, por lo menos hasta este momento, deja mucho qué desear, sobre todo porque parece una receta decidida unilateralmente por la actual administración, sin ninguna supervisión por parte de la sociedad y con absoluta manga ancha para comprometer recursos nada desdeñables.
En el caso de Escudo, el gobierno de Miguel Márquez decidió tratar a los ciudadanos de Guanajuato como menores de edad a los que no es necesario explicarles las medidas que tomarán los adultos para ponerlos a resguardo.
Por supuesto, nadie quisiera que la solución fracasara, en primer lugar por los riesgos en que nos colocaría como comunidad, pero también por el terrible desperdicio de recursos que eso podría significar.
Por lo pronto, el camino podría corregirse si en verdad empiezan a funcionar los consejos ciudadanos que se han integrado en varias dependencias del gobierno para generar cadenas de transmisión entre la sociedad y la actual administración, pues hasta ahora no se ha visto que la muy anunciada política de participación del gobernador Márquez haya pasado de una mera coartada propagandística.
En materia de participación social no es posible andar con soluciones a medias. Existe o no. Los sucedáneos, más temprano que tarde, revelan su absoluta inoperancia.
