Arnoldo Cuellar

Arena vs. Cayon: la justicia y la política

In Botepronto, Zona Franca on julio 10, 2013 at 3:58 am

Un conflicto jurídico entre dos importantes grupos empresariales del estado ha ocupado los tribunales locales y ha escalado a la justicia federal.

Se trata de la disputa penal por la propiedad del centro comercial Plaza Cibeles, en Irapuato, entre las empresas Aryba, propiedad de la familia Arena, de León; y Grupo Caceba, de la familia Cayón, de Irapuato.

Eso no sería noticia, salvo por el morbo que siempre trae consigo el ver un choque de trenes. Lo que sí constituye un asunto de interés público es el comportamiento de la justicia cuando hay fuertes intereses de por medio.

El conflicto inició hace una década, al denunciarse penalmente un fraude por simulación derivada de una disputa sobre las aportaciones para la construcción. Caceba asegura que no hay aportaciones de Aryba para la construcción y extingue la copropiedad del centro comercial, justo cuando ya está concluido y rentados los espacios.

La respuesta de los empresarios leoneses al verse excluidos de la copropiedad mediante una maniobra jurídica, es la demanda penal.

El juicio se ha llevado a todas las instancias y fue resuelto por la justicia local de un modo sumamente misterioso en los primeros días del actual gobierno. La revisión del caso en segunda instancia fue resuelta casi en un fast track, por un magistrado recién llegado: Eduardo Hernández Barrón, el ex titular del Instituto de Acceso a la Información en los últimos años del gobierno olivista, quien dio la razón a Salvador Cayón Ceballos.

Cabe señalar que el despacho de abogados que asesora a Cayón es el perteneciente al ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, quien muchas veces buscó a Juan Manuel Oliva, entonces gobernador del estado, para cabildear a favor de sus clientes.

La resolución se dio, sin embargo, cuando ya Oliva había dejado la gubernatura y estaba a punto de tomar posesión Miguel Márquez. La designación de Hernández Barrón como magistrado ocurrió con el beneplácito del gobernador electo y fue operada por el dirigente panista Gerardo Trujillo.

La familia Arena, encabezada por Eduardo Arena Barroso, ha recurrido a la justicia federal luego de la resolución local, mediante una solicitud de amparo directo que ha quedado radicada en el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito con sede en Guanajuato, Gto.

El proyecto se discutirá este jueves por primera vez, a unos días de que empiecen las vacaciones del Poder Judicial Federal y el ponente será el Magistrado Lorenzo Palma Hidalgo, quien ha estado en estrecho contacto con los abogados del despacho Gómez Mont.

El historial de Palma no hace sentir tranquilos a los solicitantes del amparo, sobre todo después de que la secretaria proyectista que tuvo el asunto para su estudio durante varios meses, sorpresivamente pidió licencia hace un par de semanas, turnándolo a otro secretario, quien, en unos cuantos días y pese a lo voluminoso del más de medio centenar de tomos que ha acumulado el caso, redactó con gran velocidad el proyecto de sentencia que será discutido por tres magistrados el próximo jueves.

Va a ser muy interesante revisar el sentido de la sentencia que pueda emitir el Colegiado, en relación a un asunto donde ha surgido la sospecha de que la justicia local resultó de alguna manera influida por consideraciones políticas que inclinaron la balanza en el caso.

El magistrado Palma podría encontrarse en el ojo del huracán, donde ya ha estado en el pasado, si resulta que su proyecto no tiene sólidos asideros jurídicos. Habría que recordar que las influencias de un despacho como el de Gómez Mont, que tan importantes fueron en el pasado reciente, pueden haber disminuido en el nuevo gobierno priista.

Y es que, por más que se presuma en los discursos, en los hechos la justicia en México y en Guanajuato está más atada que nunca a las circunstancias de la política.

 

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