Este fin de semana se llevó a cabo la segunda sesión del consejo directivo del Instituto del Migrante Guanajuatense, creado por el gobierno de Miguel Márquez, la cual se realizó, convenientemente, en la ciudad de Chicago.
Hasta allá fueron el director del organismo, Luis Vargas; y su coordinadora operativa, Susana Guerra, para sesionar con los migrantes de varios estados de la Unión Americana que conforman el consejo presidido por Arcadio Delgado, originario de Purísima del Rincón y ciudadano de Illinois.
Es un buen mensaje político. La integración con los migrantes implica actuar aquí, con sus familiares; y allá, con ellos, participando incluso en sus luchas políticas dentro de los Estados Unidos.
Sin embargo, hay cosas que no acaban de cuajar. Y no me refiero al tiempo que debe de pasar para que una iniciativa como esta prospere, sino a los conceptos que parecen estar en la base de una posible política pública destinada al fenómeno migratorio por parte de un gobierno local.
Por ejemplo, de entrada parece muy limitada la agenda de la reunión, de acuerdo a la información oficial difundida por el propio gobierno de Márquez. Se ofreció, como respaldo al gran debate por la reforma migratoria, “facilidades para obtener actas de nacimiento.”
Sin duda es un servicio importante, pero no puede ser esgrimido como un aporte sustantivo al gran tema que se discute en estos momentos y que ha sido largamente esperado por la comunidad latina en los Estados Unidos.
Por otra parte, la sesión del consejo fue aprovechada para una reunión con 150 líderes de grupos de migrantes guanajuatenses de diversos estados de la Unión Americana, ante quienes se ponderaron las virtudes turísticas de Guanajuato.
Estamos hablando de comunidades que no han perdido su arraigo en la entidad, cuyos integrantes suelen venir por lo menos una vez al año al terruño, y que están deseosas de ver como sus regiones prosperan, para lo cual incluso se encuentran dispuestos a aportar recursos. No se trata, pues, de un público susceptible de comprar postales turísticas.
Sin embargo, la evidencia más radical de que la política hacia la migración sigue teniendo un sentido incompleto, se encuentra en la ausencia de las más mínimas definiciones en torno al tema de la recepción de migrantes, legales e ilegales, nacionales y extranjeros, por parte de Guanajuato.
Ya el caso de los nutridos contingentes de centroamericanos que cruzan el estado, que se detienen en los nudos ferroviarios, que solicitan caridad pública en cruceros de muchas de nuestras ciudades, y que no pocas veces delinquen en nuestro territorio, ha dejado en claro que no existe ni una sola línea de política pública para hacer frente a ese fenómeno.
El caso más patético ocurrió hace algunos meses, cuando un pequeño grupo de centroamericanos, víctimas de un accidente ferroviario en Celaya, se acercaron a las oficinas del Instituto de Apoyo a los Migrantes para solicitar que les fuera permitida una llamada telefónica a sus familiares, que les fue negada.
En realidad la creación del Instituto no ha sido más que una solución efectista, por lo menos hasta ahora, pues no cuenta con más presupuesto operativo que cuando se trataba de una simple dirección de área dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.
Probablemente sólo se ha incrementado su gasto corriente, pues ahora se paga el sueldo de Luis Vargas como director general; un recurso, por cierto, que se desquita pobremente.
Si la simple tarea de mantener comunicación con los bien organizados clubes de migrantes guanajuatenses en los Estados Unidos, se complica por la precaria infraestructura del Instituto de Apoyo a los Migrantes, la más compleja función de atender la migración hacia Guanajuato, incluyendo la que ahora se ha vuelto visible de los indígenas que acuden estacionalmente por razones laborales, está totalmente fuera del alcance del organismo creado por Miguel Márquez.
Y no parece my congruente acudir a Chicago a pronunciarse declarativamente “por una reforma migratoria integral”, cuando en Guanajuato se actúan con irresponsabilidad frente a la violación de derechos elementales de las personas que viajan a nuestra entidad obligadas por la necesidad.
El mundo global e interrelacionado en que vivimos, donde no estamos ajenos ni a beneficios ni a perjuicios de fenómenos que antes veíamos sólo como espectadores, exige una mayor atención de los responsables de nuestra conducción pública.
Resulta por demás emblemático que el estallido del problema de los grupos de trabajadores indígenas que acuden a la entidad para participar en labores agrícolas de temporada, viviendo en condiciones inhumanas de explotación, hacinamiento e insalubridad, se haya dado prácticamente al mismo tiempo que la gira de Márquez a Chicago con una agenda de temas migratorios.
Está claro que estamos vulnerados para exigir respeto a los mexicanos en el extranjero, si no lo otorgamos en casa no sólo a migrantes extranjeros, sino a nuestros propios connacionales.
Y antes de que empiece de nuevo el peloteo de si esta asignatura es responsabilidad del estado o de los municipios, lo que hace falta es sobre todo compromiso con los valores elementales de respeto a las personas, algo que está antes de las campañas de propaganda. Eso y ponerse de acuerdo entre los responsables de las instituciones en todos los niveles, ayudará sobremanera.
El gobernador Márquez, quien no desdeña un refrán oportuno, seguro se acuerda de aquel que dice que el buen juez, por su casa empieza.
