Arnoldo Cuellar

Cuatro mil millones de fondos públicos merecen más respeto

In Botepronto, Zona Franca on mayo 27, 2013 at 4:20 am

Ha sido una cantinela del gobernador Miguel Márquez y de la opinión pública que le ha tomado la palabra: transparencia es lo que le hace falta a la vida pública de Guanajuato.

Sin embargo, la retórica resulta vacía. Hoy en Guanajuato no existe más transparencia, ni de cara al pasado tan opaco del que venimos, ni tampoco en la nueva administración que se quiso envolver en ese concepto tan sólo como propaganda.

Hay, sin embargo, una diferencia: Juan Manuel Oliva era refractario a secas al concepto de acceso a la información. La transparencia, con Oliva, sabía que tenía un adversario. La información no fluyó, pero en cambio quedó claro que el ex gobernador panista pasó por ejercer una de las regímenes más oscuros de la etapa moderna de Guanajuato.

Con Márquez, aunque usted no lo crea, las cosas parecen más complicadas. En efecto, la nueva administración no sólo no se opone a la transparencia, sino que la usa como bandera. Sin embargo, en el fondo, existe la misma vocación por escamotear los hechos significativos a los ciudadanos de Guanajuato.

Después del caso de Proyecto Escudo, donde el gobierno aún no aprendía y eligió esconderse para asignar un contrato de dos mil setecientos millones de pesos para todo el sexenio, las cosas han evolucionado.

Así ocurrió en el caso de la adquisición de medicamentos del Seguro Popular, un contrato aún más jugoso que el de Escudo, pues implica una asignación de recursos públicos de hasta 4 mil 200 millones de pesos para 2 años de suministro, es decir alrededor de 12 mil 600 millones en lo que resta del gobierno de Miguel Márquez.

Tras un  primer tropiezo en la primera licitación, declarada desierta, se abrió a los medios la segunda licitación, la cual de nuevo fue declarada desierta. Gracias a ello el gobierno pudo asignar soberanamente el contrato, ya sin ningún tipo de escrutinio.

Y aquí es donde vienen los problemas. El método de licitación se basa en la valoración de una base mínima de existencias de más de 600 claves de medicamentos y un cálculo del material de curación también sobre esa base. El precio incluye la distribución a 612 unidades de distribución en todo Guanajuato y la entrega a los pacientes mediante el surtido de recetas.

Las propuestas de las empresas rondaron entre 294 millones de pesos la más baja y 347 millones la más alta. Al momento de asignar, el gobierno determinó un precio de 296 millones de pesos por la base mínima, dividiendo el estado entre dos empresas distintas, a cada una de las cuales se le asignó un contrato base de 148 millones de pesos.

¿En dónde vienen los ocultamientos? El primero de ellos es cuando se afirma que habrá un ahorro. Sólo será posible saberlo cuando corran por lo menos los primeros seis meses del nuevo sistema, pues la base de cálculo tiene muchos factores de variación: uno de ellos es el crecimiento de los afiliados al Seguro Popular; otro es la estacionalidad de los padecimientos; uno más es la eficiencia con la que se manejen cada uno de los sistemas.

La única posibilidad de tener un antecedente es histórica. En Zona Franca hemos tratado de saber cuál fue la inversión que requirió el suministro de medicamentos y de material de curación del Seguro Popular en los años de 2012 y 2011, datos sin los cuáles no se podría saber si va a existir ahorro. Hasta ahora nos hemos topado con una negativa sistemática de la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal para proporcionar esa información.

Por información del ISSEG se sabe que el año de 2012, ese organismo realizó ventas brutas de 900 millones de pesos por concepto de suministro de medicamentos del Seguro Popular. Dos años con ese mismo patrón equivaldrían a mil 800 millones de pesos, lo que dejaría un techo de hasta 2 mil 400 millones para el suministro de material de curación, del cuál no se tiene una referencia y que hasta ahora es manejado directamente por el Isapeg en compras directas.

Sin embargo, la afirmación tajante del propio gobernador Márquez de que va a tener un ahorro de 253 millones de pesos al año, debe estar sustentada en algo: ¿cuánto costó el seguro popular los años pasados? ¿Porqué se decidió una base de licitación con un tope de 4 mil 200 millones por dos años? ¿En base a qué programas de mejora se plantea economizar?

Nada de esto se ha esclarecido y sólo se hacen profesiones de fe y se piden votos de confianza. Sin embargo, eso no fue lo que ofreció el gobernador Márquez al plantear que gobernaría con participación social.

Tampoco queda clara una afirmación del secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, en el sentido de que el suministro de medicamentos está seguro en virtud de que al otorgarse a dos empresas, “si una falla, estará la otra”.

Este razonamiento, que cae en el simplismo, resulta un atentado para la logística y también para la lógica. Si el estado se va a dividir en cuatro jurisdicciones sanitarias para cada una de las empresas beneficiadas, lo que implica establecer almacenes y rutas ¿cómo espera el secretario de Finanzas suplir a una con la otra en un momento de apuro?

Además, si se está tan seguro de que ambas empresas tienen plenas capacidades, porqué habría que esperar fallos en contratos de tal magnitud ¿o es que no están seguros de lo que están haciendo?

Se antoja, ante las erráticas respuestas de los funcionarios estatales y su constante improvisación, que no han tomado todo lo en serio que debieran una decisión tan grave, como la que representa entregar un contrato bianual multimillonario de un servicio básico e indispensable, del que depende la atención a más de tres millones de personas.

Si los responsables de este gobierno en verdad quiere eficientar programas como el del Seguro Popular, abatir el desperdicio de recursos públicos y evitar la corrupción que ha venido minándolo, tal y como lo muestran las sanciones de los últimos años a funcionarios de Isapeg y del ISSEG, la única posibilidad que tienen es que les acompañe una sociedad vigilante.

Si el gobierno tiene metas, en nada le afecta que socialice la información de cómo espera lograrlas. La rendición de cuentas implica la posibilidad de evaluar, algo a lo que no debiera temer un gobierno fuerte que además ha hecho vocación de su compromiso social. A menos, a menos que no haya tal y que todo sea simple discurso.

En cambio, de continuar colocando bajo sospecha la mirada de la sociedad y tratándola como enemiga, Miguel Márquez y los guanajuatenses nos encontraremos, tarde o temprano, con que la fe no sirvió de nada y la confianza fue traicionada.

 

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