El secretario de Finanzas, Inversión y Administración del gobierno del Estado fue escogido por su perfil de administrador honesto, con una fama a toda prueba, a lo largo de toda una vida de desempeño profesional, tanto en el sector privado como en el público.

Así lo presumió Miguel Márquez en público y en privado, desde antes de nombrarlo: “Con Juan Ignacio en la Tesorería, ¿quién me va a poder decir algo?”, solía preguntar.

Juan Ignacio Martín Solís ya había manejado las finanzas de Guanajuato en un corto periodo, a mediados de la década de los noventa, cuando cerró el interinato de Carlos Medina Plascencia, su amigo y a la postre socio en un despacho de consultoría.

Sin embargo, después de dieciocho años, mucha agua ha pasado bajo los puentes y la administración del erario estatal, formado en su mayor parte por participaciones federales, ha cambiado de forma radical.

La primera gran pregunta sería: ¿podrá Juan Ignacio Martín ser igual de eficaz en 2013 que en 1995?

Porqué también está como antecedente su último paso por un corporativo privado, Grupo Al-Con, propietario de centros comerciales y constructoras en León, donde las cuentas finales entregadas por Martín Solís no fueron las mejores, sobre todo en términos de visión de negocios y estrategias a futuro.

Con estos antecedentes, queda más que claro que Miguel Márquez no eligió a un tesorero visionario, sino a un guardián de los recursos públicos, reforzando con ello la impresión que también buscó dar con el cambio de nombre en Gestión Pública y con el acentuado discurso de compromiso con la honestidad y la transparencia.

Márquez, en sí mismo, tiene una imagen de hombre sobrio y honesto. Se le pueden reprochar asuntos como los de su tibio paso por la Secretaría de la Gestión Pública, máxime ahora que se confirma la impresión de que el pasado fue un sexenio de excesos; pero hasta ahora nadie puede afirmar en su tránsito por los diversos cargos que ha ocupado, que haya incurrido en alguna deshonestidad.

Con esos antecedentes, parece excesivo el énfasis en hacer una administración que ostente la honestidad como bandera. Con un gobernador de fama esencialmente honesta, la garantía de buen gobierno no se queda en el manejo correcto de los fondos públicos, lo que debería ser sólo un piso, sino que debe darse el paso siguiente: un gobierno eficiente y transformador.

En todo caso, la verticalidad, la transparencia, la correcta aplicación de recursos, son características de una administración pública moderna y republicana, la cual debe de garantizarsse por mecanismos basados en la ley y no por la fama y la voluntad de las personas, lo que representaría en sí mismo un riesgo. Suena a gobierno artesanal pensar que es la voluntad personal lo que hace que se respete lo que debería ser norma.

Es precisamente en esas asignaturas donde se antoja que un administrador de la vieja escuela como Juan Ignacio Martín Solís puede no ser la pieza que se requeriría para modernizar la administración pública de Guanajuato. Tampoco ayuda mucho el hecho de que Márquez le haya impuesto a los dos subsecretarios, moviendo a Gilberto Enriquez de su tarea de contralor a la de responsable del área financiera; y ratificando a José Manuel Casanueva en la parte administrativa, además con un renovado poder.

Las limitaciones de ese equipo ya generan quejas reiteradas en los diversos ámbitos de la administración estatal. El viejo chiste de Juan Carlos Romero Hicks de que hay administraciones “lentas, detenidas y en reversa”, cobra cuerpo en estos meses en los que el responsable de las Finanzas estatales ha parado en seco los programas de varias secretarías.

Si eso ocurre por desconfianza y para prever despilfarros, parece un modo demasiado radical de garantizar orden, lejano de los conceptos actuales de administración; si ocurre porque los recursos se han concentrado en los megaproyectos privilegiados por Márquez, entonces Martín Solís se encuentra en riesgo de repetir el mismo papel que tanto se le criticó a su antecesor Gustavo Adolfo González, de decir que sí a todas las ocurrencias de Oliva.

Pero aún con lo preocupante de este panorama, quizá el mayor recelo con esta nueva aparición de Juan Ignacio Martín en la vida pública del estado, no tenga que ver con lo anterior, pero sí con lo que pareciera un hecho inexplicable para quienes conocen de tiempo al tesorero:  hablamos de un caso que hemos abordado aquí mismo, el de  Alfonso Salvador Aceves Barba, contratado como coordinador estratégico de la Secretaría de Finanzas, con un sueldo de 51 mil pesos mensuales, sólo por el mérito de ser sobrino de Rafael Barba Vargas, compadre del gobernador Márquez.

El Juan Ignacio Martín que conocimos con Carlos Medina nunca hubiera tolerado una flaqueza así. ¿Será que no son lo mismo Los Tres Mosqueteros que Veinte Años Después?

arnoldocuellar@zonafranca.mx

@arnoldocuellaro