La insistencia de Zona Franca rindió frutos. Tras subrayar, reiteradamente, el carácter público de la licitación más cuantiosa de la historia reciente de Guanajuato: la del abasto, distribución y dispensación de medicamentos del Seguro Popular, el proceso se abrió al escrutinio de los medios de comunicación.

Resulta complejo, de cualquier manera, tener una claridad respecto a lo compra de medicamentos por un contrato bianual que puede llegar a importar más de cuatro mil millones de pesos, una cantidad equivalente al 65 por ciento de la obra pública total que se realizará en este año en Guanajuato por parte del gobierno estatal, el cual será asignado a un sólo proveedor.

Para empezar, la licitación se establece en base a montos mínimos de inventarios de cada una de las claves médicas y de productos de curación, lo que se multiplica de acuerdo a la demanda en el tiempo. En base a esa convención, las empresas participantes cotizaron entre los 290 y los 350 millones de pesos, cantidades que representan un 10 por ciento aproximado del monto total que se podría comercializar en los dos años del contrato.

Así, diferencias que podrían ser ligeras en el monto mínimo, pueden alcanzar cantidades notables en el global que finalmente se adquiera por el gobierno a través del Seguro Popular.

La licitación tiene como puntero, en este momento, al tandem formado por las empresas Daltem y Lomedic, con una propuesta que ronda los 295 millones de pesos en el escenario mínimo. En segundo lugar aparece Dimesa, con una suma que alcanza los 299 millones de pesos.

En la parte que ahora viene del proceso, se revisarán las condiciones técnicas de cada empresa, así como sus activos físicos en la entidad, a fin de comprobar su capacidad de respuesta. Además, ante la avalancha de información que surge al respecto, se analizarán los antecedentes de las empresas en el cumplimiento de compromisos adquiridos en otras entidades del país.

Aquí es donde aparecen situaciones delicadas: la empresa Lomedic puede ser rastreada en una búsqueda simple en la Web y aparecerán en rápida sucesión imputaciones que merecerían una investigación seria de parte de las autoridades de Guanajuato. No se trata de simples chismes o versiones, pues hay reportajes de publicaciones como la revista Proceso, el diario 24 Horas y El Informador de Guadalajara, que coinciden en la existencia de un expediente de las autoridades norteamericanas donde se incluye a esta empresa en una lista negra de negocios relacionados con la delincuencia organizada.

Por si fuera poco, la empresa Lomedic, que participa en la licitación de Guanajuato junto con Daltem que es la empresa de distribución del grupo Casa Saba, cuenta también con numerosos casos de incumplimiento en Jalisco y en el Distrito Federal.

Intercontinental de Medicamentos, otro participante, tiene documentados incumplimientos ante el IMSS que incluso motivaron inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública.

La licitación de Guanajuato tiene otra característica que ha llamado la atención: la exigencia de un sistema de dispensación automatizado que va a limitar de manera drástica el universo de opciones. Da la casualidad que Lomedic tiene un sistema de su invención que casa a la perfección con lo que solicita la convocatoria de Guanajuato.

Sin embargo, a partir de ahora la observación se encuentra abierta y será más complicado para los burócratas de la Secretaría de Finanzas de Guanajuato y su comite de adquisiciones manejarse de forma discrecional.

Lo más relevante del tema es que de esta asignación dependen en buena medida  los requerimientos de salud de 3 millones 152 mil guanajuatenses durante los próximos dos años. La mayoría de ellos pertenecen a los sectores más desprotegidos de Guanajuato, también los más indefensos en cuanto a la exigencia de sus derechos, Si eso no tiene la mayor relevancia pública, independientemente del multimillonario monto de la inversión, entonces ¿qué lo tendría?

Habrá que seguir atentos.

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@arnoldocuellaro