Arnoldo Cuellar

Las pensiones de la burocracia, arca abierta

In Análisis Político, Zona Franca on enero 23, 2012 at 5:02 am

Resulta de lo más notable la transformación que sufren los empresarios cuando arriban a cargos de gobierno. Recordemos, primero, que fue la enorme corrupción y la monstruosa ineficiencia de los políticos priistas lo que orilló a destacados representantes del sector privado a incursionar en la cosa pública, bajo las divisas de “nosotros sí sabemos cómo hacerlo” y “no necesitamos robar”.

A la vuelta de los años, en el sector público de Guanajuato y del país la corrupción permanece como el principal cáncer que dilapida los fondos públicos, sabotea los programas y le pone un costo adicional a cualquier intento de vencer lastres y promover el desarrollo.

No se ve mucho que los empresarios tomen decisiones que implican costos millonarios y hagan audaces maniobras cuando se trata de su dinero. Sin embargo, basta que un hombre de negocios de mediano perfil asuma un cargo público para que maneje los dineros que son de todos con el mayor de los desparpajos.

Tocamos hoy el caso del ex director del ISSEG, Miguel Ángel Salim Alle, de quien aquí ya habíamos dicho hace no mucho que manejaba “una caja chica sin fiscalización.”

En aproximadamente 30 meses, que fue la duración de su encargo como responsable del instituto que maneja el fondo de pensiones de los trabajadores, Miguel Salim tomó decisiones, prácticamente sin responder a ninguna supervisión, por montos que nunca llegó a manejar en su negocio personal, una modesta fábrica de productos de piel.

Tan sólo en tres acciones espectaculares, Salim dispuso el manejo de mil millones de pesos, una respetable cantidad que rebasa el manejo de la mayor parte de las empresas de Guanajuato: la construcción del Centro de Distribución de Farmacias ISSEG (Cedis), a un costo de 250 millones de pesos; la inversión en un bono de deuda del banco francés Societe Generale, por un monto de 300 millones de pesos; finalmente, la construcción de una torre de 23 pisos en León, el nuevo conjunto Estrella, por otros 466 millones de pesos.

Y como muestra de la audacia empresarial con dinero ajeno, el Cedis, se equipó con un sofisticado robot de última generación que automatizó la recepción de pedidos, el empaque y el despacho de medicinas para las farmacias ISSEG del estado. Habría que ver cuántos empresarios del ramo que sea, incluyendo a Salim, compran para sus empresas la última tecnología disponible, sin importar el costo.

Pero, además, las cosas ni siquiera han salido bien: el robot, para empezar, ha estado funcionando deficientemente desde su instalación y ha habido semanas enteras en que la operación del oneroso centro de distribución se realiza a mano, como en los viejos tiempos, provocando incluso desabasto a las farmacias a lo largo y ancho del estado, como a menudo lo referían a sus clientes habituales los encargados de mostrador.

Por otra parte, la automatización ha encarecido considerablemente los costos fijos de operación de la red de farmacias ISSEG, que en los próximos ejercicios verá disminuida su rentabilidad y encarecido el precio de sus productos, algo que ya ocurre y que le hará perder parte del mercado ganado en los últimos años.

Por si fuera poco, el Cedis se encuentra subutilizado, no obstante tener capacidad para surtir a quinientos puntos de venta, apenas trabaja con las doscientas farmacias tradicionales. La distribución y almacenamiento de los genéricos que el ISSEG surte al seguro popular son contratados a una empresa externa que factura anualmente una cantidad similar a lo que costó construir el flamante almacén del Puerto Interior.

En un reportaje aparte analizamos las implicaciones de la adquisición de un bono de deuda por trescientos millones de pesos que Salim asegura que está fuera de todo peligro, pero que para un analista del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato resulta obvio que se trata de “una inversión altamente especulativa y de alto riesgo”.

Y para cerrar con broche de oro, como aquí mismo lo hemos analizado, Salim Alle anunció a escasas semanas de su renuncia al ISSEG la construcción de un complejo comercial, burocrático y de negocios en un privilegiado terreno de dos hectáreas en el centro de León, donde se construirán un total de 78 mil metros cuadrados incluyendo una torre de 23 pisos, dos niveles de estacionamiento y una plaza comercial con cincuenta locales comerciales, siete tiendas anclas, cines y zona de comida rápida, todo a un costo de 466 millones de pesos, con una tasa de retorno de 30 años.

¿Qué empresa del sector privado podría tolerar una velocidad así? ¿Cuál sería la suerte de un CEO que en 30 meses definiera el destino del 20 por ciento de la tesorería de una empresa, realizará inversiones que impactarían por las siguientes décadas y luego se retirara para buscar un cargo de elección popular?

La audacia empresarial, a menudo se ha convertido en la cortina de humo que encubre los mismos viejos negocios que hacían, de manera más torva y subrepticia, los políticos del pasado priista.

Hoy, Miguel Salim busca gobernar León y el ISSEG ha quedado atrás, no obstante que su paso por allí impactará la vida de la institución los próximos años y no precisamente para bien.

Quien debería haberlo supervisado, y no lo hizo, el exsecretario de la Gestión Pública Luis Ernesto Ayala, también está de regreso en la política electoral como jefe de campaña de Miguel Márquez.

Si el nombre del juego que se vive en la sucesión de Guanajuato es “honestidad”, sería bueno mostrarlo con hechos.

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