Luis Ernesto Ayala Torres navegó por años con una reputación de panista honesto y escrupuloso. Le venía de herencia, pues su padre fue uno de los panistas de la época heroica más apreciado por sus correligionarios.

Con esas prendas compitió por la candidatura a gobernador del estado, quizá con el único pecado de haberse decidido demasiado tarde, en lo cual llevó la penitencia: un tercer lugar en una contienda de tres.

Tras de esa aventura, el ex alcalde leonés tuvo un retiro táctico de la política, limitándose a encabezar organismos como la Feria de León, que no obstante manejar recursos cuantiosos, se encontraba distante de los puestos que había ocupado con antelación.

Pero, independientemente de su suerte personal, la influencia de Luis Ernesto no podía ser menospreciada en la nueva administración estatal. Sólo habría que observar que la política de desarrollo económico del gobierno olivista ha estado en manos de funcionarios que se formaron como cuadros públicos bajo la batuta de Ayala: Héctor López Santillana y Ramón Alfaro Gómez.

Él mismo titular de esa cartera durante la segunda parte del gobierno de Juan Carlos Romero, regresó por sus fueros como funcionario de un gobierno estatal al sustituir al secretario de la Gestión Pública, Miguel Márquez Márquez, cuando fue designado como nuevo secretario de Desarrollo Social, en ruta de despegue hacia la precandidatura al gobierno estatal.

Ayala Torres se convirtió en funcionario de quien lo derrotó en la contienda interna del 2006, precisamente en una de las áreas neurálgicas de cualquier administración y en un tiempo por demás delicado: el cierre del sexenio.

Conocedor de los vericuetos gubernamentales y con una reputación de moralidad intachable, el político leonés se dispuso a realizar revisiones de la administración, unas en continuidad de la labor de Márquez, otras ya bajo su absoluta responsabilidad.

Así empezaron a surgir los primeros motivos de confrontación con el gobernador Juan Manuel Oliva, sobre todo, cuando ocurrieron las primeras confirmaciones de malos manejos en el DIF estatal, presidido de manera honorífica por la señora Martha Martínez de Oliva.

Ayala no fue todo lo radical que le hubiese gustado: acordó medidas de atenuamiento, se coordino con el secretario de Gobierno, Héctor López Santillana, para una estrategia de rescate y mantuvo informado todo el tiempo al gobernador Oliva. Sin embargo, todo se complicó cuando ocurrieron filtraciones de las auditorías al periódico A. M., confrontado casi desde el principio de la administración con el gobierno olivista.

Al conflicto del DIF le siguieron otros, ahora de corte político. Pues la afiliación del secretario de la Gestión Pública con el grupo que enfrentó a Oliva a la sucesión de la dirigencia estatal panista, terminó de limitar su margen de maniobra.

Auditorías avanzadas en contra de las secretarías de Obra Pública, de Genaro Carreño; y Desarrollo Agropecuario, de José María Anaya, han pasado a la congeladora en medio del conflicto político entre los grupos panistas en los que se dividió el olivismo.

Ante esa situación, el siempre pulcro Luis Ernesto Ayala había amenazado con presentar su renuncia a manera de protesta y, sin decirlo, para agravar las contradicciones al interior del gobierno del Estado. No ha ocurrido así, sobre todo porque de parte de su grupo le han convencido que no puede abandonar una posición estratégica sólo por un berrinche personal.

Ello no quita que a Ayala Torres se le note desanimado y distante en su cumplimiento de la encomienda que no sólo es de Oliva, sino también de la ciudadanía guanajuatense y de su propia línea de desempeño personal: quizá por eso se ha descuidado a grado tal de ser ya un asiduo asistente a los mítines de precampaña de su viejo amigo Miguel Ángel Salim Alle, como aspirante a la alcaldía de León.

Allí estuvo en primera fila cuando Salim anunció su separación de la dirigencia panista municipal para estar en condiciones de contender por el municipio; allí volvió a estar, así sea fugazmente, este sábado pasado cuando el director del ISSEG relanzó su campaña en un desayuno con 700 personas.

Para todos los efectos, estas señales dejan ver que Luis Ernesto ha decidido que si no puede fiscalizar la administración de Oliva como él cree que debe hacerse, entonces se volcará al fortalecimiento de su viejo grupo político de cara al nuevo reparto de poder que se viene, sin importarle dejar inconclusa su función, la que tampoco dejará.

A final de cuentas, como ya lo reconoce un diagnóstico del propio PAN divulgado esta semana por el semanario Proceso: “el PAN no tiene agenda para la sociedad… ha privilegiado el arribismo y el oportunismo… ha tolerado actos de corrupción y, en definitiva: ya no es el partido del cambio.”

De lo que se trata ahora es del viejo “sálvese quien pueda”.

Botepronto

Ya cambió el discurso de la fracción priista que ha independizado la Contraloría Municipal de León del resto de esa administración, en relación con la donación realizada a la Universidad de La Salle de un terreno en esa ciudad.

Hasta hace unos días, el ataque se centraba en que esta institución educativa no necesitaba apoyos ni subsidios oficiales por tratarse de una “universidad rica”.

Tras las duras críticas recibidas por un discurso que se antojaba altamente ideologizado, antiempresarial e incendiario, este domingo la jefa de ese grupo político, la abogada Bárbara Botello, dio marcha atrás en su artículo dominical en un diario local, realizó un amplio reconocimiento a la universidad y enfocó sus baterías en contra del tesorero leonés, Antonio Obregón, y del ayuntamiento.

Se antoja que es una retirada después de una derrota innecesaria, provocada sobre todo por la falta de planeación y el exceso de capacidad reactiva; es decir, los mismos puntos débiles de siempre de licenciada Botello, los que le han impedido capitalizar su ubicuidad y convertirla en un verdadero liderazgo.

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