• Libia: cambios para que nada cambie 
• León: el PAN juega a ser oposición
• ¿Narcogobiernos? Polémica banal

1.- Semana de ajustes del gobierno de la gente

Después de 20 meses de gobierno, de los 72 que dura una administración sexenal, parecería oportuno y justo evaluar de manera objetiva el desempeño de los funcionarios elegidos por Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato, y analizar la viabilidad de relevos ahí donde se haga necesario.

Esa medida se hace más necesaria para que los posibles relevos apuren la curva de aprendizaje y puedan corregir rumbos antes del meridiano sexenal, que además coincide con una cita en las urnas.

La evaluación ya ha venido ocurriendo fuera del ámbito gubernamental, desde la opinión pública y los sectores productivos y sociales que interactúan con las áreas del gobierno. Pero también ocurre al interior de la administración, donde los funcionarios que hacen la tarea se quejan amargamente de quienes se han convertido en un lastre. 

Quizá por ello, resultaron anticlimáticos los cambios de segundo nivel anunciados esta semana, con pretensiones de “golpe de timón”, por el autodenominado gobierno de la gente.

Vamos por partes. Los cambios tocaron 3 secretarías, aunque en una cuarta también hay designaciones que no se dieron a conocer. 

En la Secretaría del Campo, donde su titular Marisol Suárez Correa vive una crisis permanente por la tarea que le fue asignada de impulsar los consensos para la tecnificación del distrito de riego 011, prerrequisito para la construcción del acueducto Solís-León, se dio el relevo de Rodolfo Ponce Ávila, un amigo de Diego Sinhue que actuó como aviador desde el anterior sexenio, por Jorge Ortiz Ortega, exalcalde de Moroleón por el PRD en dos periodos y exdiputado del PAN sin mayor lustre.

Abogado litigante y maestro de preparatoria, Ortiz ocupará la subsecretaría de Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria, sin que se le conozca ninguna habilidad ni experiencia relacionadas con el tema. Su arribo puede haber sido propiciado por su excompañero de partido Baltazar Zamudio, coordinador de asesores de Jorge Jiménez Lona, a quien le ha tocado batallar con la resistencia de los agricultores a aceptar las condiciones de la tecnificación. A Zamudio y a Ortiz se les desintegró el PRD entre las manos; habrá que esperar un mejor desempeño en su nueva encomienda. 

En la Secretaría de las Mujeres, a cargo de Itzel Balderas, que batalla con escaso presupuesto y poca influencia para imponer políticas transversales al resto de las dependencias, fue designada la maestra en derecho Guadalupe Paola Vázquez Jaramillo como subsecretaria de Atención Integral a las Mujeres. Con formación en derechos humanos, educación para la paz, equidad de género y relaciones internacionales, el nuevo fichaje tiene mejor perfil que la mitad de los miembros del gabinete de Libia. Ojalá la aprovechen.

Finalmente, en la Secretaría de Educaciones se dieron apenas dos cambios de delegados regionales, meros movimientos escalafonarios que incluso demeritan el resto de las designaciones al incluirlas en el paquete.

Pero, fuera de los boletines de prensa, en la Secretaría de Economía de Cristina Villaseñor, se informó en circulares internas de la designación de Cendy Márquez Gutiérrez como Directora General de Clústeres Industriales. Días antes se había dado el cambio en Cofoce, donde Luis Rojas vivía tiempos extras y finalmente cedió la estafeta a uno de sus subordinados, Luis Antonio Vargas. 

Economía es una de las dependencias donde se libra una de las mayores batallas entre el viejo panismo y el nuevo comienzo. Los grupos de empresarios favorecidos por los años de control de Héctor López Santillana no se acostumbran a las nuevas dinámicas y tampoco abandonan los prejuicios machistas. Cristina Villaseñor, por su parte, no se caracteriza por su mano izquierda y su estilo ha tensado las cuerdas. Los movimientos dejan ver el respaldo de la gobernadora a su secretaria, cueste lo que cueste.

Mientras que en la Procuraduría de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo de la abogada Teresa Palomino, fueron designados en las subprocuradurías la juez en retiro Fernanda Goretti Ávila y quien fuera subprocurador de Derechos Humanos Efraín Alcalá Chávez. Ambos cuentan con el perfil y, como ocurre con Paola Vázquez, incluso superan a algunos titulares de secretarías, de esos que nomás no acaban de aprender.

Un cambio sobre el que se debería poner atención es el de Deborah López Martínez como directora de Vinculación Nacional e Internacional en el Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato. La nueva funcionaria viene de ser la dirigente nacional de las juventudes panistas y su designación mantiene la tendencia de utilizar las políticas hacia las jóvenes con criterios proselitistas.

Un tema aparte es el de la Secretaría de Cultura, donde Lizeth Galván volvió a despedir a su enlace de comunicación; lleva dos, como si la responsabilidad de su ineficaz desempeño fuese de quienes tienen que comunicarlo. A quien envíe ahí, el director de Comunicación Social del gobierno, Miguel Ángel Mendiola, debe advertirle que va a la guerra sin fusil.

Un problema de estos cambios es que el gobierno puede empezar a moverse a dos velocidades y que los cambios que requiere Libia para relanzar su proyecto y superar el síndrome de gobernadora sin gabinete siguen atorados por el temor de los titulares a que los rebasen sus subordinados. Veremos hasta dónde aguanta este cambio de pistones cuando lo que se requiere es caja de velocidades y motor nuevos. 

2.- Román Cifuentes y Beto Moreno a las armas

El síndico y los regidores panistas del gobierno municipal de León acaban de descubrir las delicias de ser oposición. Lejos de la actitud sumisa y ausente, de simples levantadedos, que exige la institucionalidad panista, se han recargado con un software que desconocían y empiezan a hacer sus pininos como detractores de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos.

La escena podría ser interesante. Por ejemplo, sería muy llamativo que la nueva bancada disidente del cabildo cuestionara el nepotismo en la administración pública municipal de León, donde varias parejas ostentan cargos de alto nivel. Uno de ellos sería el de Margarita Alba Contreras, directora del Parque Metropolitano de León y cónyuge del regidor Hildeberto Moreno Faba, quien en ánimo de congruencia tendría que agarrar parejo y ser autocrítico.

Difícilmente ocurrirá, por lo que ni siquiera será dable ver que los nuevos guerrilleros del cabildo tomen un tema de ese calibre entre sus manos. En cambio, han centrado sus críticas en el trascendente tema del uso de los colores de la publicidad oficial, algo que nunca se cuestionó mientras el color dominante fue el azul.

El momento que vive la política en León podría resultar de gran interés si hubiera planteamientos un poco más inteligentes y de mayor altura. Se ve complicado que alguno de los actuales panistas en pie de guerra llegue a los niveles de sofisticación y perversidad con los que Alfredo Ling Altamirano zarandeó al gobierno priista de Bárbara Botello.  

Muy probablemente, lo que esté latiendo en la cabeza de algunos de los ediles, como Román Cifuentes, Ramón Hernández, Javier González, Irazú Anguiano y el propio Hildeberto Moreno, no es la oportunidad de generar una oposición razonable y sensible ante las necesidades ciudadanas, sino la posibilidad de colarse a alguna candidatura en 2027, algo que les estaba casi vedado como integrantes del cabildo alejandrista. 

Habría que avisarles que esa carretera está muy congestionada.

3.- Narcogobiernos de papel y de a deveras

Instigados por los acontecimientos políticos de Sinaloa y las evidencias que apuntan a una complicidad entre autoridades estatales y municipales en el estado de Sinaloa con bandas del crimen organizado, en Guanajuato el tema ha sido abierto al debate público en el Congreso del Estado y en comparecencias en los medios del fiscal general del estado.

El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Espadas Galván, se dio vuelo con el tema, señalando en dos sesiones de pleno a los diputados de Morena e insinuando hechos que, de ser ciertos, serían constitutivos de delito.

El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste aprovechó una entrevista de prensa para lanzarse de frente a afirmar que no le temblará la mano y que próximamente lo veremos persiguiendo a narcopolíticos sin importar sus cargos. Aunque su retórica fue confusa, como es costumbre, afirmó que “no puede permanecer ausente cuando hay señalamientos de que autoridades puedan estar ligadas con conductas delictivas”.

¿Qué quiere decir? Realmente nada, solo su vocación de buscar reflectores. Lo que sí hizo fue evidenciar que no encontró una sola carpeta abierta sobre los alcaldes y diputados vinculados a temas criminales a los que se refirió Diego Sinhue en sus últimos días de gobierno.

Lo verdaderamente delicado es que un tema de esa magnitud solo se preste para el cachondeo, tanto el que ocurrió en la Cámara de Diputados como el del fiscal declarador.

Los ciudadanos de Guanajuato, en al menos media decena de municipios, tienen claro que sus autoridades no los representan y en cambio significan una amenaza. Que sus policías no les cuidan y más bien deben cuidarse de ellos. Hay de todos los colores políticos en esa tesitura y la verdad es que nadie lo está investigando, ni los partidos responsables de haberlos llevado al cargo ni las autoridades de justicia.

Así estaban en Sinaloa, haciendo malabarismos con granadas, hasta que les estallaron en las manos.