- Libia Denisse: el poder cambia de manos
- Claudia Susana: entre el maximato y el descontento
- Guanajuato, bastión antiderechos
1.- Cabeza de Vaca entiende mensajes; Zamarripa se resiste
La semana que termina vivió dos momentos políticos que no deberían pasar desapercibidos a quienes nos dedicamos a desenmarañar la cada vez más complicada vida pública de la entidad, en estos tiempos interesantes.
Una humildad franciscana, absolutamente ajena a su comportamiento habitual, fue la que mostró el secretario de Seguridad del estado, Alvar Cabeza de Vaca, para desactivar una protesta en marcha de colectivos de buscadoras, acudiendo personalmente al sitio del plantón y sentándose a negociar en un escalón del emblemático Teatro Juárez.
Aunque los acuerdos fueron provisionales y parciales y el funcionario no perdió la oportunidad de culpar al gobierno federal, pese a que constantemente se sienta a departir en mesas con sus representantes en la entidad, la actitud fue totalmente alejada de aquella soberbia con la que el mismo Cabeza de Vaca ordenaba reprimir movilizaciones a golpe de macana, al grito de “no permitiremos que Guanajuato se convierta en un manifestódromo”.
Sin embargo, esa postura contrastó con la resistencia del aparato burocrático de la fiscalía del estado, encabezado por la fiscal especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, Lucía Berenice Acosta Gómez, a transparentar la información sobre la localización e investigación de indicios en fosas clandestinas en el estado.
Acosta Gómez discutió a mediados de semana en reunión de la Comisión Estatal de Búsqueda, con el comisionado Héctor Díaz Ezquerra y con Anabel Pulido, directora del IMUG, por los datos sobre homicidios, feminicidios y los sitios donde la Fiscalía ha encontrado inhumaciones, como lo han solicitado infructuosamente los colectivos de buscadoras.
Esta vez lo novedoso fue que ambos funcionarios se colocaron del lado del reclamo de las activistas y no callaron, como suelen hacerlo, frente a los continuos pretextos y la prepotencia de los enviados de Carlos Zamarripa. La tensión llegó a tal nivel que los representantes de la Fiscalía se desconectaron de la reunión remota sin siquiera despedirse.
¿Qué ha cambiado?
Solo una cosa: la creciente preeminencia política de la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Libia Denisse García Muñoz Ledo que parece más ocupada por apropiarse de los resortes del gobierno que de forma bastante adelantada le está cediendo Diego Sinhue Rodríguez, que por enfrentar la asignatura pendiente del proceso sucesorio panista.
Libia parece saber que no es su problema la resistencia de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez a deponer su propia aspiración. Su problema es acabar de entender el funcionamiento distendido de la administración estatal, empezar a hacer algunos amarres y mandar señales de cambio, particularmente en las áreas en las que ya se interesó como legisladora y secretaria de Gobierno y que le dieron la imagen de una política fresca, atenta y partidaria del diálogo.
Uno de esos terrenos es el de la emergencia derivada de la crisis de desapariciones y violencia en el estado, la misma que ha generado el movimiento social más genuino y dinámico de los años recientes, frente al cual García Muñoz Ledo se plantó como interlocutora válida por derecho propio.
Frente a esa actitud, que puede ayudarle a compensar el desgaste de la cargada de masas que organiza en torno a su precandidatura el grupo compacto encabezado por Juan Carlos Alcántara, con evidente uso de recursos públicos, se encuentra el tradicional desdén con el que han actuado el dúo securitario hacia las víctimas y que las obligó a organizarse, movilizarse, enfrentar represión y finalmente sentar en la mesa a los intratables zares de la seguridad.
El cambio de discurso inaugurado por Libia, su atención al tema independientemente de sus cambios de adscripción burocrática, el empoderamiento adquirido por su nuevo papel de precandidata oficial del régimen, debe impactar en la realidad para no convertirse en un discurso vacío que se vuelva en su contra.
No sabemos si la secretaria de Desarrollo Social ha hablado del tema con Zamarripa y Cabeza de Vaca, pero al menos queda claro que al secretario de seguridad ya le cayó el veinte, sobre todo porque su permanencia en el próximo gabinete depende totalmente de la decisión de quien ocupe la gubernatura a partir del 26 de septiembre de 2024.
No así Carlos Zamarripa, con mandato legal hasta febrero de 2028 y a quien la nueva persona titular del Ejecutivo no podrá remover si no es mediante un proceso que puede ser altamente desgastante.
Quizá ahí encuentren explicación los episodios que vimos esta semana: no en una repentina iluminación de Cabeza de Vaca, sino en un cálculo pragmático para intentar mantener el enorme poder que ha acumulado.
Mientras, el fiscal sigue instalado en una nube de soberbia y prepotencia, sin percatarse que el terreno bajo sus pies está minado, principalmente a causa de su propia insensibilidad y su gran ineficacia.
(Con información de Carmen Pizano.)
2.- La primera rectora de la UG recibe una herencia envenenada
La Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato, conducida a trasmano por Enrique Navarro González, secretario general y sempiterno miembro del órgano, cumplió con el guión asignado y eligió por 11 votos de sus 11 integrantes a la economista Claudia Susana Gómez López nueva rectora general de la institución, omitiendo cualquier justificación y dejando en claro que no había otra ruta más que la continuidad marcada por Luis Felipe Guerrero Agripino, el rector más cuestionado de la historia universitaria reciente.
La unánime decisión no le aporta legitimidad a la nueva rectora. Tampoco lo hacen las felicitaciones rutinarias de políticos estatales como el gobernador Diego Sinhue Rodríguez o de la precandidata oficial Libia Denisse García, ambos profundamente ajenos a la dinámica universitaria.
Estará solamente en las manos de Gómez López establecer condiciones para construir la confianza de una comunidad escéptica, marginada en la toma de decisiones, convertida en simple escenografía de luchas de poder cortesanas, enfrentada a numerosos retos externos y a una acumulación de pendientes internos.
El proceso sucesorio puso en evidencia muchas contradicciones en el seno de la casa de estudios, desde la fallida descentralización, la desigual velocidad de los campus y divisiones, la persistente violencia de género, la inseguridad en los entornos universitarios, la pertinencia de la oferta académica, la calidad de la misma y el excesivo costo de la burocracia cuya densidad ha complicado hasta los trámites más sencillos de la administración cotidiana de la institución.
Emprender reformas que enfrenten el deterioro implicará la construcción de consensos, pues los cambios siempre generan pérdida de privilegios adquiridos. Para ello hará falta reconstruir esa legitimidad que se perdió en un proceso sucesorio con dados cargados.
Aunque se anuncian protestas estudiantiles por el resultado de la elección, por lo visto hasta ahora la inconformidad está muy localizada y se aprecia difícil que ésta se generalice para producir un movimiento como el de 2019 que tomó descolocado a un rector como Agripino afecto al control policial de la información en el seno de la universidad.
Esto no quiere decir que la de Claudia Susana Gómez no vaya a ser una gestión observada. Lo será como ninguna en su arranque por varias razones: su carácter de no egresada de la propia UG, las novedades de su propio estilo aún por conocer y la sombra que Agripino y su poderoso grupo de poder proyecten sobre ella.
Si por decisión propia o por pactos bajo la mesa, Gómez ratifica a un porcentaje apreciable de cuadros agripinistas, el mensaje será nefasto. Si se los sacude en un afán de mostrar independencia, corre el riesgo de que la natural curva de aprendizaje opere en su contra.
Agripino no fue un gran rector en términos de resultados, pero fue un líder controlador hasta la obsesión en una organización que padece gigantismo y disfuncionalidad. La administración pudo haber sido torpe e ineficaz, pero el control político fue eficaz. El terror a las represalias fue la marca de la casa.
Un agripinato sin Agripino no será posible. Pero cambiar la herencia recibida no será fácil.
Claudia debe mostrar un estilo propio lo antes posible y una apertura del ciclo de tinieblas vivido hasta ahora. No será posible si no actúa con moderación, eficacia y rapidez.
La vergonzosa ceremonia transmitida sin pudor por la Junta Directiva este viernes no concluye un proceso, sino que abre varias incógnitas. Estaremos atentos a las respuestas.
3.- Somos el refugio del pensamiento ultraconservador
Como lo muestra la investigación de un equipo de reporteras de PopLab titulado “Dinero público, filantropía privada y discursos de odio para atender a grupos vulnerables en Guanajuato”, desde las arcas del presupuesto estatal se potencia la actividad de entidades privadas que hasta hace no mucho se sostenían por aportaciones de particulares, las cuales justifican su razón de ser en la atención a grupos vulnerables, pero no desperdician la oportunidad de difundir valores que no pocas veces chocan con la libre autodeterminación de las personas.
El discurso religioso puede aportar mucho a la sociedad si se muestra tolerante de quienes no lo comparten y evita dogmatizar. En el terreno práctico, la espiritualidad libremente elegida puede contribuir a formas de vida basadas en valores humanistas; sin embargo, la espiritualidad impuesta cae fácilmente en el terreno de lo dictatorial.
Lo que no tiene justificación es que la actividad de organizaciones que persiguen la difusión de valores, se sustente con dinero público, que por definición debe buscar impactar a toda la población sin distinciones.
Y aún menos justificable es que esos recursos se distribuyan sin ningún tipo de control o supervisión, prestándose con ello al desperdicio o la malversación, incluso al financiamiento de actividades que nada tienen que ver con los objetivos declarados.
Muchas de estas organizaciones realizan tareas que deberían corresponder al ejercicio de políticas públicas, aplicadas sin sesgos ideológicos y sujetas a escrutinios permanentes, a fin de valorar su pertinencia y su eficacia, así como una transparente rendición de cuentas.
No es el caso de los dineros públicos acumulados en el Fidesseg, un fidecomiso surgido del reclamo empresarial de devolver impuestos a la sociedad bajo condiciones definidas por consejos consultivos y directivos elegidos de forma discrecional y escasamente apegados a la transparencia.
No en balde Guanajuato es una entidad refractaria al avance de derechos logrado por movilizaciones ciudadanas, de mujeres y de minorías de la diversidad sexual, donde el pensamiento ultraconservador tiene representatividad en el gobierno desde donde hace sentir su influencia.
En este sentido y pese al entusiasmo que el panismo local ha mostrado por la emergencia de la candidatura de Xóchitl Gálvez, no es de descartar que la campaña del independiente Eduardo Verástegui, radical de derecha, cale en Guanajuato y reciba firmas y votos, en caso de consolidarse como candidato.
El panismo de la entidad vería como hace crisis su doble discurso y se expondría a una doble erosión por ambos flancos. Es el riesgo de la hipocresía.
