• Sánchez Castellanos, una excepción que genera esperanza
• El miedo del panismo dieguista a la democracia interna
• Préstamo para estadio será tema hasta fin de sexenio

1.- Un síndico defensor de ciudadanos no debería ser excepción sino regla

José Arturo Sánchez Castellano se ha convertido en un ave rara en el panorama público de Guanajuato, lo cual resulta a todas luces lamentable, debido a que su singularidad proviene de su congruencia, su valentía y una gran claridad para concebir que los intereses prioritarios a defender son los de los ciudadanos y no los de los funcionarios. 

Es decir, el síndico leonés destaca porque cumple el perfil que idealmente deberían tener todos los servidores públicos y, trágicamente,  casi nadie cumple.

Como dirigente empresarial se caracterizó, junto con el finado ex presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, por ser concienzudos críticos de las deficiencias gubernamentales en el tema de la seguridad pública.

Sus señalamientos irritaban constantemente a los zares de la seguridad, cada vez más poderosos por la desidia de la clase política panista en hacerse cargo de un tema que pese a todas sus complicaciones, es una de las razones de ser sustanciales de los gobiernos: mantener la paz pública, combatir los delitos y prevenir la violencia.

Recuerdo como un colérico Alvar Cabeza de Vaca, secretario de seguridad del estado, se lanzó en un noticiero radiofónico contra el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, con insultos y descalificaciones, incluso referentes a su aspecto físico, en una salida de tono que no debería permitirse a nadie que reciba un salario del estado y que tenga por misión servir a la comunidad, todo ello como respuesta a las críticas de Sánchez Castellanos por la deficiente política de seguridad, algo que sigue a la vista de cualquiera al que no ciegue la venda de una nómina gubernamental.

Sin embargo, José Arturo Sánchez no es ningún anarquista radical, sino sólo un representante empresarial con convicciones ciudadanas y con la arrogancia de sentirse perfectamente libre.

Su postura crítica frente a Andrés Manuel López Obrador, al que considera un político populista, lo llevó a confluir con el régimen panista de Guanajuato para buscar una posición gubernamental, barajando una candidatura a diputado federal que finalmente quedó en un sindicatura de corte ciudadano en el municipio de León.

Desde ahí ha enderezado su observación crítica y su actuación política a las malas prácticas gubernamentales con las que se ha topado. Actuaciones suyas han cuestionado decisiones como el indebido descuento al Club Campestre de León mediante la artimaña de clasificarlo como “predio agrícola y ganadero”: o la mutilación y venta del terreno de un kínder público a un particular que pretendía convertirlo en área recreativa de su residencia.

Sánchez Castellanos ha incomodado intereses poderosos de la actual administración estatal, le ha provocado dolores de cabeza a la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez, pero, sobre todo, ha logrado el resarcimiento de bienes en favor del municipio, tarea en la que persiste frente a las machincuepas de la burocracia y sus complicidades políticas, una de las cuáles pretendía obligarlo a pedir disculpas al impresentable extesorero de León, Enrique Sosa Campos, operador de los atropellos realizados por la administración de Héctor López Santillana.

Hoy el síndico leonés emprende una nueva batalla que seguramente le agradecerán muchos ciudadanos que han invertido su patrimonio en las colonias residenciales del norte de León y que habiendo buscado invertir en comodidad, tranquilidad y un modo de vida relajado, hoy se encuentran con que esa zona es una de las más conflictivas en temas como vialidad, contaminación y escasez de agua, todo por la tolerancia con los intereses inmobiliarios que han saturado la zona, atentando de forma suicida no sólo contra los intereses de los compradores, sino también contra las espléndidas oportunidades de negocio que significó el crecimiento de la ciudad más allá de la Presa del Palote.

Esa zona alberga numerosos fraccionamientos que pertenecen a políticos del PAN y a empresarios muy cercanos a ese partido, todos influyentes en los órganos de planeación y de normatividad de la ciudad, sin embargo ello no ha sido obstáculo para que las decisiones de la autoridad hayan resultado caóticas y complacientes con la avaricia especulativa y atentatorias del crecimiento equilibrado.

Esta semana Sánchez Castellanos destapó en un artículo periodístico una nueva intentona por violar las reglas de densidad de esos espacios urbanos, de parte de El Molino Residencial, mediante un proyecto de venta de terrenos para la construcción de edificios de departamentos, que de realizarse llevaría la densidad de la zona de 60 a 300 habitantes por hectárea, multiplicando la cantidad de autos y la demanda de servicios en espacios ya de por sí saturados.

Resalta el síndico en su argumentación, que esta empresa desarrolladora mantiene un adeudo cuantioso con el municipio, en obras de infraestructura, que fueron condiciones para los permisos que recibió, sin que ninguna autoridad municipal en el pasado haya exigido su cumplimiento.

León, una urbe pujante en su economía y su crecimiento, acumula importantes déficits de infraestructura por una planeación laxa, que lastiman la calidad de vida en la ciudad, complican la movilidad, aumentan la desigualdad entre sus habitantes y disminuyen, por tanto, la competitividad del municipio, lo que compromete su viabilidad en el futuro mediato.

Por eso es importante contar con funcionarios que para empezar digan la verdad, den la cara, asuman riesgos y cumplan con sus responsabilidades, todo eso que ofrecen cuando buscaban el voto de los ciudadanos. 

Puede ser que esta batalla quede solo en algo simbólico, si los compañeros del Cabildo del síndico Sánchez Castellanos obedecen las líneas oficiales y acuerdan traicionar a la ciudad para apoyar una ambición empresarial, como es, si no la norma, al menos la costumbre.

El hecho de que sea un edil con etiqueta de independiente quien sale a dar esta batalla en defensa de ciudadanos contra intereses corporativos, es otra muestra de la involución del panismo contestatario, democrático y pro persona a un partido esclerotizado, defensor de privilegios y colapsado por los intereses; aunque también exhibe la ausencia de una oposición medianamente funcional .

Se dice que a Sánchez Castellanos ya no lo soportan en las alturas del panismo. Eso no hace más que hablar muy bien de su paso por la administración pública. 

2.-  La democracia como una afrenta

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, está enfrentando una tormenta de velados ataques políticos que critican su indisciplina, su “ambición”, su determinación de buscar la candidatura del PAN a gobernadora sin contar con el beneplácito del actual gobernador, Diego Sinhue Rodríguez.

Sesudos análisis periodísticos con olor a consigna, cadenas de mensajería y memes en redes sociales, se ceban en la política que dijo en una entrevista de prensa “voy derecho y no me quito”, en relación a su intención de abanderar al PAN de Guanajuato en 2024.

En el fondo lo que parece estar detrás de este nado sincronizado, es la resistencia a llegar a una contienda interna en la que participen los militantes de Acción Nacional para decidir con su voto a la mejor aspirante a suceder al actual gobernador.

En el grupo político dominante en este partido existe la firme convicción de que la democracia interna significa debilitamiento y riesgo de división. Resulta notable ese pensamiento en un partido que peleó con uñas y dientes, a lo largo de medio siglo, porque los votos contaran y se contaran.

Aunque se maneja con gran desparpajo que el aparato vinculado a los gobiernos estatal y municipales está en movimiento a favor de Libia Denisse García, con lo que Alejandra Gutiérrez tiene escasas posibilidades de inquietar la que es a todas luces una candidatura oficial con enorme capacidad financiera, operativa y logística, de todos modos no se quiere someter a prueba a ese trabuco.

Por ello los mensajes, la presión, los ataques y la descalificación. Hoy la amenaza que busca amedrentar a Gutiérrez Campos es que se quedará sin nada: ni candidatura, ni alcaldía, ni senaduría.

Pareciera que ir en contra de la línea es un pecado de herejía suprema en el PAN, que será castigado no solo con la derrota, sino con el ostracismo y el escarnio. En el PAN de Guanajuato hoy podrían decir, con el desaparecido Fidel Velázquez: “la que se mueve no sale en la foto”.

En este temor cerval a lo que era uno de sus principios fundacionales, encontramos las razones profundas por las cuales el PAN actual no logra articular una oposición creativa y radical a los excesos del lopezobradorismo: en la vena autoritaria parecen más gemelos que adversarios.

3.- El préstamo envenenado para la compra del estadio León

Si el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez hubiera transparentado en su momento la decisión de ayudar a Grupo Pachuca con un préstamo para la adquisición del estadio León, probablemente no se hubiera ahorrado las críticas, la indignación de algunos sectores y hasta el agradecimiento de otros, como los domesticados líderes empresariales. 

Sin embargo, a estas alturas, el tema estaría suficientemente discutido y asimilado, en uno u otro sentido.

En cambio, la decisión de ocultarlo, tanto en la información al público como en las cuentas que se entregan al Congreso, ha postergado el necesario debate y lo expone cuando estamos a medio año del inicio del proceso electoral del 2024.

Si el crédito no tenía problema legal, es perfectamente legítimo y el gobierno puede explicarlo con solvencia, entonces la pregunta clave es ¿por qué el ocultamiento?

Llama la atención que la formalización del “apoyo económico recuperable” de 230 millones de pesos no haya sido firmada por el secretario de Finanzas del estado, el quisquilloso economista Héctor Salgado Banda, quien envió a su subsecretario Edmundo Alaín Soto Torres, a sacar las castañas del fuego.

También es notable que nadie haya cuidado la precisión jurídica de establecer que el otorgador del apoyo (en una cantidad nada desdeñable) era la entidad jurídica y fiscal “Gobierno del Estado de Guanajuato” y no la inexistente “el Estado de Guanajuato”, como lo convalidó el notario Luis Mariano Hernández Aguado, quizá ya fuera de práctica por estar más dedicado a sus otros intereses: los negocios inmobiliarios y el cabildeo político. Que se sepa, el estado de Guanajuato no tiene personalidad jurídica, cuentas bancarias, ni responsabilidades oficiales.

Más delicado aún es que se otorgue un préstamo multimillonario con dinero público y no se cuide que una de las garantías otorgadas para soportar el adeudo sea un predio afectado por una hipoteca ante el mismo acreedor, el gobierno del estado, por parte de la empresa  Fuerza Deportiva del Club León. Aunque la falla fue subsanada seis meses después, con otro instrumento notarial de sustitución de garantías, no deja de hablar de prisa excesiva y descuido garrafal.

El debate en sí no será por los detalles, aunque estos ilustran mucho sobre la insolvencia de la actual burocracia estatal. El tema de fondo es el apoyo con dinero público a una medida que parece muy frívola frente a la cantidad ingente de necesidades que exhibe Guanajuato.

Sin embargo, queda claro que nos encontramos frente a una constante del actual gobierno: importan la popularidad y la imagen, no la solución de los problemas.Y eso solo hace que los conflictos se acumulen, estallen en crisis y, como consecuencia, den al traste con la popularidad.

Es un círculo vicioso perfecto que se prestaría al humor político si no hubiera de por medio tantos recursos públicos y tanto esfuerzo social tirado por la borda. 

Y frente a eso palidece cualquier chiste.