• Catástrofe en seguridad desnuda a toda la clase política
• La sucesión de Sinhue entra en escenarios inéditos

1.- No son hechos aislados, es un desastre continuado.

Una cadena de acontecimientos violentos se ha registrado en Guanajuato desde la primera semana de marzo, justo después de que presentara su informe el gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez y a días de que hiciera lo propio el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre.

El 7 de marzo comenzó la deflagración criminal y social que viene consumiendo la región centro sur del estado y que ha colocado a la entidad en los medios nacionales e internacionales como epicentro de la violencia junto con Tamaulipas, pasando a segundo término al festivo rally automovilístico que se patrocina con fondos estatales para promover el turismo hacia la entidad.

Ese día ocurrieron dos hechos: el ataque e incendio provocado en un centro turístico en Celaya, La Palapa,  por parte de un grupo armado, donde fueron asesinadas tres personas, dos mujeres, y resultaron heridos cinco más. Por la noche ocurrió la desaparición de seis mujeres en el camino a San José de Guanajuato. 

El 11 de marzo, cuatro días después, un ataque armado se registró en un centro nocturno de Apaseo el Grande, aparentemente una represalia al ataque contra la Palapa. Ahí murieron 10 personas, ocho durante el hecho y dos más a causa de las heridas recibidas, entre ellas tres mujeres.

Cinco días después, el jueves 16 de marzo, cuando la nota había escalado a nivel nacional e incluso a medios de fuera del país, se sabría con información incompleta y confusa, que los restos de cinco de las mujeres desaparecidas habían sido localizados en una fosa con huellas de violencia y se esperaba la identificación de la sexta joven desaparecida.

Todos estos hechos parecen y están concatenados. Se trata de ataques y represalias entre dos grupos del crimen organizado que operan en Celaya y en el estado: Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. 

Durante dos semanas de marzo, comandos identificados con esas organizaciones delictivas se desplazaron impunemente con armas, sustancias explosivas y rehenes, en las calles y carreteras de Celaya, los Apaseos y Juventino Rosas, literalmente como Pedro por su casa, sin que policías municipales, estatales o federales se los impidieran de manera alguna.

Entre el 7 y el 16 de marzo Celaya y sus municipios vecinos volvieron a ser sede de batallas menos épicas y más sórdidas que las inscritas como decisivas en la historia de la revolución mexicana.

Fue hasta que la presión mediática y social se extendió y comenzó a impactar la imagen de los líderes políticos de la entidad, que los responsables empezaron a  dar la cara y a activarse.

Dada la rapidez con la que fueron detenidos los presuntos responsables de algunos de estos hechos, cuando creció la presión de la opinión pública, resulta lógico preguntarse si las autoridades no hubiesen podido actuar antes de que escalara la violencia. 

No parecen criminales muy duchos en ocultarse o en borrar indicios a juzgar por la rapidez con la que Carlos Zamarripa sacó las castañas del fuego cuando este le llegaba ya a los aparejos. 

¿No hubiese sido posible, con la alta tecnología constantemente presumida por los zares de la seguridad guanajuatense que incluye drones, helicópteros y una profusa red de cámaras, haber evitado el baño de sangre que se cebó en Celaya y la región durante estas dos semanas?

Ahora tenemos que una banda de sicarios tamaulipecos y un hondureño han actuado como mercenarios al servicio del CSRL, ese mismo del que se nos había dicho que estaba prácticamente extinguido y sus principales responsables detenidos en cárceles de alta seguridad.

¿Y dónde están los comandos armados de la otra fuerza beligerante, el CJNG, quienes se dieron el lujo de reivindicar el ataque a la Palapa, con el que todo se inició? ¿Se les investiga, se les detendrá?

La guerra prosigue en Guanajuato y tiene muchos episodios. 

Este jueves, por ejemplo, un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública informó de la detención de 3 hombres en Moroleón a bordo de una camioneta tipo SUV rotulada como patrulla de la policía municipal. 

Los individuos se acreditaron como uniformados locales pero no pudieron probar la legal portación de las armas, probablemente porque no corresponden a las que son reglamentarias para uso de las fuerzas de seguridad o porque no están incluídas en la licencia colectiva tramitada por el ayuntamiento ante la Sedena.

En Moroleón es sabido que la alcaldesa Alma Denisse Sánchez Barragán, perteneciente a Movimiento Ciudadano, y quien llegó al cargo al relevar la candidatura de su madre asesinada en plena campaña, cuenta con un cuerpo de resguardo personal de personas no originarias de la localidad. De los 3 detenidos por las FSPE, uno es de Jalisco, otro de Michoacán y el  tercero de la vecina Uriangato, según acredita el parte respectivo.

La medida puede inscribirse en el tenso ambiente que se vive en la entidad donde las corporaciones municipales han sido acusadas de no cumplir con sus tareas y algunas de ellas han sido intervenidas por operativos estatales, además de que hay elementos y mandos detenidos de al menos dos corporaciones: Celaya y Romita, acusados de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, respectivamente.

Sin embargo, este sábado los tres elementos ya estaban liberados y lo presumían en sus redes sociales, sin que la Secretaría de Seguridad o la Fiscalía tuvieran versión oficial del desenlace.

Todo este panorama tiene que ser adivinado por los ciudadanos pues las explicaciones no existen por parte de la autoridad.

Mientras se vive una guerra abierta de grupos criminales y una reacción tardía de la autoridad, los ciudadanos nos movemos como rehenes en los campos de batalla en que se han convertido calles, carreteras y zonas residenciales de la entidad. 

Pese a ser “no beligerantes” los hombres y las mujeres de Guanajuato, estas cada vez en mayor número, están expuestos a toda clase de amenazas: desde ser víctimas de la delincuencia común, que crece al mismo ritmo que lo hace el mercado de sustancias prohibidas, hasta encontrarse en un fuego cruzado o en las cercanías de un lugar convertido en blanco de ataques en las represalias entre pandillas armadas.

Y de ello nada sabemos y nadie se digna informarnos. Hace una semana reseñamos como el síndico leonés debió cargar públicamente contra el secretario de seguridad de esa ciudad para poder recibir pormenores de hechos violentos sobre los que le reclamaban información vecinos de la ciudad.

¿Cómo esperan las autoridades que los ciudadanos colaboren para formar una gran alianza en contra de la delincuencia que ha tomado nuestras calles, si siguen tratándonos como menores de edad?

La pregunta que surge es si se trata solo de cerrazón y de prepotencia o si en realidad, tampoco ellos saben lo que pasa y se limitan a reaccionar dando palos de ciego. Lo primero sería indignante, lo segundo significaría una verdadera catástrofe.

Cada día se levantan más voces inconformes con el actuar de los funcionarios a cargos de la seguridad pública en los 3 niveles de gobierno, pero los políticos permanecen encerrados en su burbuja. 

A nivel nacional AMLO cree que la seguridad va muy bien y que basta con levantarse temprano para hacer la tarea. A nivel estatal el gobernador y los diputados no se cansan de aplaudir y defender al fiscal Zamarripa aún a costa de su propio capital político.

Sin embargo empiezan a ser legión los que han rasgado el velo de propaganda y ven con claridad que el rey, el virrey y toda la corte sencillamente van desnudos.

2.- La sucesión de Diego Sinhue entra en la recta decisiva

Los movimientos tácticos se han acelerado en las últimas semanas, sobre todo por parte de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, para ir definiendo la posiciones en torno a la carrera por la candidatura del PAN a la gubernatura.

Una vez que Marko Cortés adelantó la decisión, aún no formalizada pero ya políticamente inamovible, de que Guanajuato se reserve a una candidata mujer, abriendo la posibilidad de candidatos hombres en Yucatán y Ciudad de México, la mitad de los aspirantes quedó descartado y dejó solo a dos de las cuatro mujeres mencionada con presencia y posibilidades reales.

El juego que quiso abrir el gobernador Diego Sinhue Rodríguez en su papel de gran elector, una copia del proceso corcholatístico de Andrés Manuel López Obrador, sencillamente se cayó. Jesús Oviedo, Luis Ernesto Ayala, Daniel Díaz y Erandi Bermúdez, no podrán ocupar el papel de jugadores en una carrera que se acabó cuando ni siquiera había empezado.

La senadora Alejandra Reynoso y la alcaldesa de Irapuato Lorena Alfaro, están lejos de cualquier posibilidad de asumir siquiera el papel que les asignó Márko Cortés, una por su alejamiento de Guanajuato, tanto del panismo de base como de los ciudadanos; la otra por su emproblemada administración que la tiene en bajísimas tasas de popularidad.

La competencia se limita a dos aspirantes mujeres que ya han tenido choques en el pasado reciente, como cuando ambas buscaron la candidatura a la alcaldía de León, de donde salieron una como la primera panista propuesta para gobernar la mayor ciudad y la otra como secretaria de gobierno del estado.

Alejandra Gutiérrez y Libia Dennise García no solo son candidatas viables, sino que se han convertido en abanderadas de grupos políticos conformados al calor de la sucesión y con intereses marcadamente contrapuestos.

En torno a la alcaldesa de León se agrupan los inconformes con el dedazo, los que ven a la secretaria de gobierno demasiado liberal para el PAN, los que quieren regresar por sus fueros y se sienten desplazados por Sinhue y su grupo de operadores políticos. A ellos les ha dicho Alejandra Gutiérrez que irá hasta el final del recorrido y no aceptará posiciones de consolación como una senaduría o repetir en la alcaldía.

La fortalece en esa postura el paraguas de protección que extiende sobre ella Marko Cortés, dirigente nacional del PAN y donde no es remoto que se sumen gobernadoras como la vecina Teresa Jiménez y su cónyuge, el guanajuatense Luis Alberto Villarreal.

Una adquisición importante de Alejandra ha sido el ex gobernador Miguel Márquez Márquez, que pese a su corrupta gestión al lado de su compadre el Gallo Barba, conserva popularidad entre panistas y entre la población abierta. El de Purísima no quiere dejar de ser influyente, juega con la posibilidad de aceptar una senaduría, pero sobre todo buscaría mantener control en espacios como las secretarías de salud y educación, además de su ascendiente sobre el área de seguridad.

Por su parte, Libia García dio un salto cuántico al convertirse en la candidata oficial del aparato gubernamental dieguista, como quedó expuesto en la comparecencia-destape del 15 de enero en el comité municipal del PAN en León, donde un acto rutinario de diálogo con panistas de base se convirtió en una cargada desbordada.

Ya no es más la política disruptiva que salta fuera de la caja y trae refresco a un panismo bastante anquilosado. Hoy es la titular oficial de un delfinato al que respalda un presupuesto global de 120 mil millones anuales y un gasto especializado de 2 mil millones para el proselitismo político a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a donde no necesita irse como titular para que trabaje a su favor.

Para la secretaria de gobierno trabajan hoy prácticamente todos los secretarios de estado y el comité estatal del PAN, en un ánimo de continuidad que se retroalimenta conforme pasan los días y convierte al gobierno en un aparato electoral, pero al mismo tiempo le quita protagonismo al gobernador Sinhue y lo aleja de la posibilidad de arbitrar la contienda.

El escenario que hoy puede preverse, con estos elementos de análisis, es el de una competencia reñida que incluirá por igual tácticas válidas y golpes bajos.

Decisiones como la de enviar al secretario de vinculación de la alcaldía de León, Daniel Campos, a una precampaña adelantada por el estado, por parte de Alejandra Gutiérrez hablan de una voluntad de quemar naves e ir al todo por el todo.

Es el escenario que menos quería el gobernador Sinhue quien aspiraba a una reposada contienda donde todos se esforzaran en ganar su favor para beneficiarse con un dedazo en las postrimerías de 2023.

Esa posibilidad ya quedó atrás. Los precandidatos descartados por la elección de género hoy valoran a dónde se inclinan entre ambas precandidatas y en lugar de servir para el amortiguamiento, parecen ir por la agudización del conflicto.

El escenario, de cualquier manera, no parece negativo para el PAN, pues una contienda interna apasionada más que divisiones, como parece temer el gobernador, puede dejar a un partido revitalizado y recuperar el empuje que le ha hecho perder su burocratización y dependencia de la nómina gubernamental.

Eso sí, para un proceso con las características del que se vislumbra, no servirá de mucho un dirigente de tan cortas luces y escaso ascendiente como el irapuatense Eduardo López Mares, rebasado por todos los flancos.

La solución a ese problema tampoco es complicada: la secretaria general Rosario Corona podría convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia estatal del PAN, con plenas credenciales y capacidad ejecutiva acreditada. Sería además una solución consecuente y a la altura de los tiempos.

Veremos si la imaginación se impone o si el PAN de Guanajuato se queda atrapado en sus telarañas medievales. De cualquiera manera, los tiempos prometen tornarse interesantes.