* Premio de Periodismo a investigación que retrata la era Zamarripa

* La filantropía de un depredador: Gabriel Padilla y el kínder

* Instituto Cultural de León: zona de desastre

1.- Nadie quería verlo: Zamarripa causa del fracaso en seguridad

Fue una enorme satisfacción conocer este viernes el otorgamiento del Premio Nacional de Periodismo, en la categoría de multiformato, a la investigación Carlos Zamarripa: el caudillo de la justicia mexicana, realizado por un equipo de periodistas donde me incluyo, y apoyado por varios medios de comunicación locales, nacionales y latinoamericanos.

Lo fue sobre todo, por el contenido mismo del trabajo y su significado profundo para la realidad social y política de Guanajuato.

Cuando empezamos esta investigación, a principios del 2021, muy pocos líderes de opinión en México conocían la realidad institucional de Guanajuato aunque a todos les asombraba la repentina irrupción de una ola violenta en una entidad tradicionalmente pacífica, casi idílica.

En Guanajuato, mientras tanto, se había normalizado la presencia dominante del fiscal como un poder político totalitario y brutal al que nadie se atrevía a pedir explicaciones.

La fuerza de Zamarripa quedó expuesta cuando el ex gobernador Miguel Márquez decidió su sucesión con un diseño que garantizaba la imposibilidad de mover al funcionario, darle autonomía y un término temporal adicional que lo convirtió en el político de mayor vigencia institucional de la historia local: hasta 19 años en una posición de poder incontestable.

Y sin embargo, nada de eso se hilaba con la apabullante realidad de la inseguridad que se nos vino encima a partir de 2017 y que estalló en 2020 con casi 4 mil 500 homicidios dolosos y se prolongó en 2021 con el descubrimiento de un rosario de fosas clandestinas en varios municipios de Guanajuato.

¿Cómo podía ser que Guanajuato presumiera al “mejor fiscal del país”, como lo adulaba el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, en medio del naufragio de la tranquilidad y la paz de Guanajuato?

Los mismos años en que Zamarripa consolidaba su poder, recibía ingentes cantidades de recursos públicos, construía una super fiscalía y cuerpos de élite policial, el estado evolucionaba consistentemente a ser un campo de guerra de pandillas, conocía de la corrupción de sus policías municipales y se extendían la extorsión, el narcotráfico y la desaparición de personas.

¿Cómo era posible que no se ligaran esas realidades? No es extraño que los políticos vivan en su propia burbuja de autoelogios, sueldos altos y complacencia, pero aquí el silencio se extendió a los medios de comunicación, a los sectores académicos (en esos años Zamarripa recibió una maestría de la UG de Luis Felipe Guerrero Agripino) y a las organizaciones de empresarios, todos sumisos y crédulos frente a las explicaciones oficiales.

De ahí la importancia del trabajo periodístico hoy reconocido, el mismo viejo asunto de gritar que el “rey va desnudo”, cuando casi todos callan frente al hecho evidente y voltean a otro lado.

Como han dicho las valientes mujeres buscadoras de Guanajuato, surgidas solo y nada más de la necesidad de hacer algo frente a la inacción de sus autoridades: “cuando alguien quiere solucionar un problema empieza por aceptarlo”.

Y en Guanajuato ya es hora de aceptar, frente al apocalipsis de la violencia y la inseguridad, que el poderoso fiscal Carlos Zamarripa no es la solución, sino parte fundamental del problema.

Lo sabe mucha gente, pero los políticos, siempre acomodaticios, prefieren seguir volteando al otro lado.

Por eso es importante el premio, porque da un nuevo impulso para visibilizar ese enorme reto que tenemos como sociedad.

2.- Gabriel Padilla: hacer pasar un despojo como donación

No fue suficiente la operación de estado para legitimar el despojo de mil metros cuadrados de un jardín de niños públicos para saciar la desvergonzada intención de un heredero acaudalado de añadir amenidades a su finca a costa de un bien comunitario.

¿En qué estaba pensando el empresario Gabriel Padilla cuando le solicitó al gobernador Diego Sinhue Rodriguez y al alcalde Héctor López Santillana que le vendieran un terreno destinado a la educación en una colonia popular para ampliar su mansión y dotarla de una alberca?

El empresario, dueño de fraccionamientos, edificios inteligentes, torres de departamentos, bienes raíces en el extranjero y en playas de moda, debió estar muy distraído o lleno de soberbia para pretender que pasara desapercibida una inmoralidad que avergonzaría profundamente a su padre, el recordado empresario y político Rodolfo Padilla.

Pero, aún más grave: ¿en qué estaban pensando políticos panistas como Sinhue o Santillana, para acomodarse a ese capricho y ordenar una alambicada operación que involucró a los dos gobiernos para satisfacerlo?

¿Qué tiene que ver una acción así como las leyes que protestaron cumplir y hacer cumplir?

¿Cómo aspiran a combatir las tentaciones autoritarias y el desapego a la ley que critican en su némesis, AMLO, haciendo lo que tanto repudian?

Tampoco sirvió de mucho mandar el burdo mensaje politico de que “aquí solo mis chicharrones truenan”, cuado el gobernador le dio un cargo de primer nivel al ex tesorero Enrique Sosa Campos, en la Secretaría de Desarrollo Económico, orquestador de las acciones para desincorporar el kínder de la SEG, hacerlo pasar por un “baldío”, engañar al cabildo y rematarlo con destinatario preciso: el arquitecto personal de Gabriel Padilla.

Todo ese dolo, documentado con claridad, no pudo ser armado para un caso de corrupción por la Contraloría municipal y permitió que el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Arturo Lara, se lavara las manos y desechara el tema.

Queda la pregunta: ¿De que sirven las múltiples instancias que se crean y se publicitan para “combatir la corrupción”, cuando una cuestión tan sencilla de probar, queda impune?

Han sido factores ciudadanos los que ha impedido que se consume una infamia: la indignación de las familias vecinas al kínder, sus resistencia a ser compradas por Padilla o por el municipio, el trabajo periodístico de la reportera Melissa Esquivia y su impacto en la opinión pública, además de la resistencia a someterse de algunos miembros del cabildo leonés.

Hoy Gabriel Padilla anuncia “la donación” de un bien que nunca debió caer en sus manos, pretendiendo revertir la mala imagen que solo le provocó su propio actuar.

Dos años después del despojo y un año después de que este se conociera públicamente, el anuncio no parece motivado por la filantropía, sino por un intento de salvar la cara y de controlar los daños en la imagen del empresario y sus benefactores políticos.

Lo que no debería pasar es que la devolución del terreno como donación vaya a ser intercambiada por otros favores interesados, sobre todo en el desarrollo inmobiliario de La Valenciana, que aún tiene pendientes para su total regularización.

Veremos si la administración de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez no cae en la recurrente práctica política de tapar un agujero haciendo otro.

3.- La cultura puede esperar en el municipio de León

Vaya lío el que se ha armado en el Instituto Cultural de León, tan minimizado en el reparto presupuestal por las recientes administraciones leonesas.

Acusaciones cruzadas entre la exfuncionaria Lizbeth Orozco y el ex director del ICL, Mario Méndez, donde se involucraron señalamientos de corrupción y de acoso laboral, terminaron por detonar una verdadera purga en la institución donde salieron ambos involucrados y, previamente, hasta el presidente del Consejo Ciudadano del organismo, el empresario Gabriel Pérez.

A los 942 mil pesos desaparecidos, que detonaron la crisis, se suman ahora los 455 mil pesos que recibió de finiquito Mario Méndez por apenas 11 meses en el cargo y una gestión con más pena que gloria.

Mucho dinero para una dependencia que ejerce 67 millones al año. Este incidente lleva ya una afectación del 2 por ciento del presupuesto anual para cultura del municipio de León.

Sin embargo, lo más grave es lo que refleja: Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, y su círculo cero, tan importante en su toma de decisiones, no parecen preocupados lo más mínimo por definir una política cultural y los responsables de llevarla a cabo con mínima eficacia.

Hoy, el ICL es dirigido por un titular interino, Mario Alberto Macedo, que además debe dividirse como responsable de los grupos musicales; el consejo ciudadano permanece acéfalo y la contraloría del municipio investiga casos de acoso laboral y de irregularidades en contratos.

Por si algo faltara se ha ordenado un estudio sobre los niveles salariales de esa y otras entidades paramunicipales, donde parece que los funcionarios se despachan con la cuchara grande.

Demasiados desórdenes para una administración municipal encabezada por una política que apuesta sobre todo a la imagen pública y no al trabajo interno y que, por si algo faltara, se promueve como aspirante a la gubernatura.

Pregunta seria: ¿no sería una mejor precampaña abocarse a gobernar con seriedad y dedicación, dando resultados, en lugar de la selfie cotidiana con la sonrisa a cien?

Al final, la sociedad lo que necesita son representantes que resuelvan problemas, no que ganen concursos de popularidad.

Pero parece que los políticos se han quedado sordos.