* Mientras Sinhue evita debate con 4T, Lorena Alfaro da la batalla

* Intolerancia nacional, denuncia el PAN, pero la aplica en Guanajuato

* Zamarripa necesita que lo reivindiquen cada semana

1.- Guanajuato, precursor de la presencia excesiva del Ejército

El debate nacional sobre la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional ha tenido su capítulo guanajuatense esta semana, con los señalamientos del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández sobre un doble discurso en la entidad, al requerir del apoyo de las fuerzas federales mientras hay una oposición beligerante contra la militarización.

Quizá no sobre recordar que el Guanajuato gobernado por el panista Miguel Márquez Márquez fue uno de los primeros estados que apostaron fuerte por la militarización de la seguridad pública.

El exgobernador hizo acuerdos con la Sedena para incorporar a policías militares como parte de la estrategia de combate a la inseguridad: recorrió el estado convenciendo a alcaldes de aportar recursos para la construcción de cuarteles e instalaciones para esos batallones y viajó con empresarios para conocer ese modelo.

Dicho paso no fue el único donde benefició al ejército el ex gobernador que aún influye en la política estatal y que sin duda es el principal autor y el mayor beneficiario de la entronización de Carlos Zamarripa como zar de la seguridad en Guanajuato. Márquez también se adelantó al gobierno de la Cuarta Transformación en usar a los militares como contratistas de obra pública.

Ahí esta el eje metropolitano del Rincón, que sin ningún tipo de consulta previa, se asignó al cuerpo de ingenieros constructores de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando la encabezaba el general Salvador Cienfuegos. La obra se realizó en medio de una total opacidad, se aplicaron casi 700 millones de pesos y benefició terrenos propiedad de Miguel Márquez y su familia.

Así que hoy, cuando los diputados de Acción Nacional en el Congreso de la Unión se encuentran entre los más recalcitrantes e inspirados opositores a la militarización de la seguridad pública, harían bien en realizar una autocrítica, así sea ligera, a las decisiones de Márquez con quien la mayor parte de ellos colaboraron, que aparecen como precursoras de la actual preeminencia de los uniformados en la vida pública nacional.

Por eso el embate del secretario de Gobernación acerca del doble discurso de los panistas de Guanajuato en torno a la presencia de la milicia, tiene asideros en la historia reciente y en la realidad actual.

Adán Augusto López Hernández ni siquiera ha tenido que ir tan lejos para encontrar argumentos: el reciente despido de 100 policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Irapuato no hubiera sido posible sin el apoyo de los destacamentos de la Guardia nacional, tanto para resguardar el orden de la operación, como para suplir los huecos, aunque ello no haya frenado la violencia en esa ciudad.

La insistente andanada del funcionario federal, dos veces esta semana, encontró en la presidenta municipal de Irapuato una rápida respuesta. Lorena Alfaro fue más diligente para contestarle al funcionario federal que para mandar un mensaje de condolencia ante las víctimas de la última masacre en la ciudad que gobierna.

No parecen exageradas las réplicas de la alcaldesa al secretario, precisando generalizaciones, rechazando la politización del tema y al final tendiendo la mano para trabajar en forma conjunta en el complicado tema de la reconstrucción de la paz.

Sin embargo, no deja de apreciarse en los mensajes de Alfaro una maniobra tras de la cual se protege el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez, para evitar el incremento de la rispidez en la relación del estado con el gobierno federal.

La edil irapuatense abrumada por los hechos de violencia que escapan a su control, tiene ya muy poco que perder y de paso le hace un favor a su gobernador.

Ese juego, sin embargo, no puede pasar desapercibido y todo indica que desde el gobierno federal se seguirán apretando tuercas al estado, ya no tanto en búsqueda de que se respalden las iniciativas presidenciales en torno a la inseguridad en las Cámaras federales, sino simple y llanamente para continuar un proceso de socavamiento de los controles panistas de cara a las elecciones del 2024.

En esa lucha poco cuentan los intereses genuinos de los ciudadanos de Guanajuato, condenados a ser rehenes de tirios y troyanos, por lo que seguramente veremos pospuestas de nuevo las posibilidades de un trabajo serio, conjunto y ordenado para buscar la disminución y eventual erradicación de la violencia en la entidad.

2.- El debate se degrada en el estado por la intolerancia

A nivel nacional la queja es constante: la minimización y estigmatización que realiza permanentemente el presidente de la República de sus críticos y adversarios elude el debate informado, vulnera la rendición de cuentas y lastima uno de los mecanismos básicos de la democracia: el contraste de puntos de vista de los actores públicos ante los ciudadanos.

El PAN se sitúa en primera fila del reclamo por la falta de condiciones para una discusión pública informada y racional. La postura es atendible, sin embargo, una buena forma de apuntalarla sería que allí donde ese partido domina el escenario, se respetara la posibilidad de hacer lo que reclama en el ámbito nacional.

Uno de esos lugares es Guanajuato.

Sin embargo, la semana que pasó fue pródiga en evidencias de que los representantes panistas no están dispuestos a predicar con el ejemplo, sino muy en contrario a mostrarse como discípulos aventajados de la intolerancia de Andrés Manuel López Obrador.

Así, en el Congreso del Estado se pudo ver y escuchar a diputadas panistas, encabezadas por Katya Soto y Susana Bermúdez, orquestar una andanada de burlas en contra de su compañera legisladora del PVEM Martha Ortega cuando presentó una propuesta legislativa para proteger los derechos de madres y padres que sufren la pérdida de un hijo antes del nacimiento.

El escarnio de las legisladoras de Acción Nacional se centró en el hecho de que Ortega forma parte de la bancada feminista que ha buscado avanzar en el tema derechos de las mujeres, entre ellos el de la despenalización del aborto y el acceso a la interrupción legal del embarazo.

Para las mujeres de la bancada blanquiazul proponer la despenalización del aborto es equiparable a “estar de acuerdo con matar bebés en el vientre materno”, por lo que ironizaron sobre la iniciativa de cunas vacías: “primero quieren que los maten y luego lloran cuando no nacen”, con una simplificación absoluta de ambos temas.

Sin embargo, ninguna de las legisladoras que se burlaron tuvieron el valor de subir a la tribuna a entablar una discusión con argumentos.

No es la única actitud que vulnera el debate. En el ayuntamiento de León, el síndico José Arturo Sánchez Castellanos, que ni siquiera es panista, se ha convertido en un descalificador sistemático de los regidores de Morena, donde lo menos que les ha dicho ha sido ignorantes.

No tendría que ir muy lejos el también empresario para darse cuenta de que la ignorancia de la que se queja en sus adversario también la tiene en su bancada, donde buena parte de sus compañeros votan solo por línea y sin aportar argumentos. La actitud rijosa del síndico es alentada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, quien incluso ha permitido violencia política de género en el cabildo, como ya lo consideró el Tribunal Estatal Electoral.

Se quejan de la polarización en el escenario nacional, pero la propician alegremente en casa.

Lucidos estamos.

3.- Al rescate del soldado Zamarripa

Si el fiscal autónomo de Guanajuato fuera la mitad de eficiente que presume el gobernador del estado, si acaso tuviera el respaldo ciudadano que se quiere aparentar, no sería necesario que una semana tras otra el aparato panista de gobierno saliera a hacer campaña en favor del funcionario.

Ahora fueron unos correos internos de la Sedena encontrados en el cúmulo de los Guacamaya Leaks, los que permitieron la nueva defensa del fiscal Carlos Zamarripa.

Según los documentos, al fiscal de Guanajuato no se le conocen vínculos con la delincuencia organizada, que es lo mismo que afirman de una enorme cantidad de funcionarios de toda ralea los correos electrónicos hackeados de la Sedena.

No se trata de ninguna clase de investigaciones formales, tampoco de documentos de inteligencia de cierta profundidad. Son simples fichas elaboradas por mero trámite, prácticamente derivadas de recortes de prensa.

Tan equívocas y superficiales son las referencias de los correos que todavía vinculan a Zamarripa con quien fuera su jefe, el ex procurador Daniel Chowell Arenas, de quien se desligó y con quien se enfrentó a los seis meses de haber tomado posesión, recomendado precisamente por él.

Sin embargo, más allá de lo impreciso de la información, lo que llama la atención es la necesidad de los jerarcas panistas, del propio gobernador y de los medios afines al establecimiento político de Guanajuato de exonerar a Zamarripa y reivindicarlo cada dos por tres, con lo cual de paso evidencia su absoluta falta de autonomía.

Resulta claro que si el fiscal de Guanajuato estuviera haciendo bien las cosas y tuviera a Guanajuato en niveles aceptables de acceso a la justicia y combate a la impunidad, serían sus propios resultados los que hablarían por él y no la multitud de sus interesados aliados.

Una cosa es segura: la decisión de Diego Sinhue Rodríguez de ratificar a Zamarripa y luego otorgarle nueve años de poder sin control en la fiscalía, a través de un Congreso sumiso y acrítico, le seguirá pensando en los años que vienen y, muy seguramente, marcará su mandato.