* Víctimas en Guanajuato desprotegidas por decisión de estado
* Organizaciones de la sociedad le quitan la iniciativa a partidos
* Inseguridad desatendida en León, pecado de la precandidata
1.- Convencen a Rochín de que postergue su renuncia ante crisis sistémica
En Guanajuato la política pública para atender a las víctimas de delitos, de la inseguridad y de la violencia es prácticamente inexistente. La creación de las comisiones de búsqueda de personas víctimas de desaparición y la de atención a víctimas, ocurrió a regañadientes, a contrapelo de la visión oficial de que Guanajuato es un paraíso.
No se trata solo de personajes como Héctor Díaz Esquerra y Jaime Rochín del Rincón, pues más allá de sus perfiles y sus carreras, lo cierto que es que las dependencias que coordinan son solo chipotes en la estructura de un estado que rechaza voltear hacia las víctimas porque “ensucian” su discurso de que en Guanajuato todo es “grandeza”, “maravilla” y “primeros lugares”.
En buena medida, la crisis por la cual se perdió la paz en Guanajuato tuvo sus causas en esa concepción donde lo que se niega no existe, lo que se deja de ver, desaparece y lo que no se nombra no tiene por qué preocupar.
Hace una década, en sus informes de gobierno, Miguel Márquez le dedicaba dos párrafos al tema de seguridad, uno de ellos para presumir la compra del sistema de vigilancia tecnológico Escudo. Su vocero, Juan Aguilera, hoy funcionario televisivo y empresario deportivo informal, afirmaba que “la seguridad no vende”.
Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca se hacían cargo de la ropa sucia, de limpiar el escenario para que Márquez sonriera y se dedicara a los negocios a través de su compadre Rafael El Gallo Barba, en una historia que seguramente tendrá nuevos capítulos ahora que el ex gobernador regrese a la política a través de un asiento en el Senado de la República.
Y así, nos fuimos de 600 asesinatos dolosos al año en 2012, a 2 mil 600 en 2018, cuando Márquez entregó el poder junto con la continuidad garantizada de Zamarripa y Cabeza de Vaca como condición ineludible al nuevo gobernador.
Las causas: negar la realidad, cerrar los ojos, permitir que se consolidara un cartel local y que creciera el robo de combustible culpando a gobierno federal y sin mover un dedo, solo con ánimo justificatorio; abandonar a las policías municipales a la corrupción y al dilema de plata o plomo. En síntesis, olvidarse de gobernar.
Pero la realidad es terca, más que Zamarripa, Márquez y Cabeza de Vaca juntos, que por más que se empeñaron no lograron ocultar la tragedia de las desapariciones y las fosas clandestinas, que estallaron con fuerza entre las manos de un desconcertado Diego Sinhue Rodríguez y le hicieron trizas su discurso festivo y chabacano de una “grandeza” que en realidad es pequeñez acomplejada.
Por eso la decisión de reconocer, así fuera tardíamente, la obligación de crear instituciones impulsadas a nivel federal por la movilización de víctimas y colectivos, como las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas.
Sin embargo, el cumplimiento de la ley no trajo consigo un cambio en la voluntad para enfrentar los problemas ingentes de Guanajuato. Persiste la idea de que la crisis de seguridad y la ausencia de paz son “molestias menores” frente a la gran epopeya industrializadora que convirtió el Guanajuato agrícola en el clúster automotriz del país, pese a que ese giro no hizo sino traer una desigualdad más acentuada y violenta.
Con su intentona de renuncia mediante una carta entregada en la secretaría de Gobierno un tanto a hurtadillas, Jaime Rochín del Rincón logró un movimiento reflejo del gobernador Diego Sinhue y de la secretaria de gobierno y encarrilada precandidata a gobernadora, Libia Denisse García, para prometerle que las cosas mejorarán.
Sin embargo, aunque aumenten los recursos escasos que hoy tienen a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas con solo seis asesores para miles de personas que acuden por ayuda, lo cierto es que si no cambia la visión integral del estado sobre ese tema, se tratará de un paliativo que tarde o temprano hará crisis de nueva cuenta.
La paz perdida no es solo un resfriado para un estado exitoso, ni siquiera es un síntoma. Se trata de un malestar profundo derivado de las consecuencias de políticas desiguales que deben ser revisadas a conciencia, pero muy seguramente eso quedará para después del 2024.
2.- En el 2024 el tema será el acercamiento con los reclamos sociales
Treinta años de hegemonía panista han tenido un efecto catastrófico en el sistema de partidos de Guanajuato, de por sí débil y apenas simbólico.
Empecemos por el propio PAN, que dejó de ser un organismo vivo, con debate interno, con injerencia en la toma de decisiones del poder público, para convertirse en una dependencia gubernamental más, con un burócrata al frente que recibe instrucciones desde la oficina del gobernador, al igual que ocurre con el coordinador parlamentario de la mayoría.
Eduardo López Mares, político marginal de retórica escatológica, está en la jefatura del partido por una “cualidad” que suple sus defectos y hace olvidar su falta de virtudes: es mandable. Para trabajar en la maquinaria del partido tiene unas segundas manos eficaces: la secretaria general Rosario Corona, quien no se distrae para mantener activa la maquinaria electoral ahora también imbricada con el asistencialismo gubernamental.
Para suplir la energía del panismo insurgente que conquistó el poder hace 30 años, este partido ha recurrido a la costumbre priista de cooptar a las oposiciones y desarmarlas como alternativa política para convertirlas en simples comparsas en el reparto de poder.
PRI y PRD, las fuerzas políticas que ocuparon la segunda y tercera posición durante las pasadas décadas, hoy son simples partidos satélites, el segundo de ellos ya en una franca vía de extinción, con el registro perdido a nivel estatal, pese a su alianza electoral con el PAN.
El PRI, viviendo la ignominiosa situación de ser dirigido por la delegada potosina Ruth Tiscareño en funciones de presidenta, quien además se apropio de una diputación local mediante la fabricación de una residencia ficticia, se vinculó tanto al PAN que ni siquiera la ruptura de la alianza Va por México a nivel nacional, lo hace separarse de los compromisos adquiridos por Alejandro Arias a título personal con el gobierno panista.
El partido emergente, Morena, sigue asediado por las divisiones, la mediocridad y la inconsecuencia Ocupó en automático el espacio de segunda fuerza política estatal por el ascendiente de Andrés Manuel López Obrador y la debacle priista, pero no por un esfuerzo local consistente.
El partido estrena dirigencia por una alianza entre Ricardo Sheffield y Mauricio Hernández, pacto que no garantiza longevidad.
Ocho legisladores morenistas no logran convertirse en una fuerza política en el Congreso, carentes de ideas, no logran amalgamar las diferentes experiencias y la inexperiencia parlamentaria vulnera sus esfuerzos.
Estos parlamentarios se ponen exigentes con los alcaldes que ganan de más, pero nada dicen de sus doscientos mil pesos mensuales que los alejan de la realidad de la mayoría de los guanajuatenses y significan más que el sueldo del presidente.
Movimiento Ciudadano es un misterio. La reciente adición de una cuadro jóven y bien preparado como Juan Pablo Delgado ha rendido dividendos. El grupo que encabeza ha representado frescura en el Congreso y en el ayuntamiento de León, pero su mayor logro ocurrió por fuera de esas instancias con el amparo para obligar al Congreso asignar presupuesto a políticas públicas en favor de la comunidad de la diversidad sexual.
Sin embargo, ese partido también ha reciclado políticos tradicionales y su permanente caza de votos llega a traicionar sus posturas más progresistas.
El Partido Verde paga sus veleidades con una declinación irrefrenable. Hoy quieren aparecer críticos de quienes hasta hace no mucho eran sus compañeros de viaje. Nadie se las cree y van a la baja votos, prerrogativas y destino.
Ante ese panorama, contrasta la energía de las organizaciones emergentes desde la sociedad civil: las buscadoras que asombraron a México con el escalamiento de la estela de luz, los ciudadanos que lograron la suspensión provisional de la militarización de la guardia nacional; los mismos colectivos que vencieron las murallas de aislamiento del fiscal Carlos Zamarripa; las jóvenes feministas que han sacado a la calle a miles de personas en algunas de las ciudadaes más conservadoras de México; los estudiantes que realizaron la manifestación más numerosa de los años recientes en Celaya y los que paralizaron a la Universidad de Guanajuato y sentaron a las autoridades a una negociación obligatoria.
Estos movimientos y otros en muchos municipios de la entidad, han recibido el menosprecio de los políticos y de los expertos, se les ve episódicos e incapaces de continuidad y se confía siempre en que dejaran el campo libre a la incuria corrupta de los políticos que mientras soslaya y administra los problemas se dedica alegremente a hacer negocios con las decisiones públicas.
Veremos cuál de estas visiones prevalece en los próximos años, pero una cosa es cierta: hace buen rato que la clase política ha dejado de representar los intereses colectivos para representarse solo a sí misma. Y eso siempre tiene fecha de caducidad.
3.- Alejandra: aspirar al estrellato sin atender pendientes
En León se mantiene una sorda guerra violenta entre pandillas del mundo criminal que ha elevado el número de muertes a las peores cotas de los tiempos recientes e incrementa la intranquilidad entre los ciudadanos.
Sin embargo, no es lo único que ocurre. Quizá significa una mayor afrenta para los pobladores de la ciudad el crecimiento de los asaltos en las calles de la ciudad que no respetan edades ni actividades.
En las últimas semanas los incidentes se concentra en los entornos de los campos universitarios de la ciudad y no tardan en desatarse reacciones entre el estudiantado, como ya lo resienten las autoridades de las propias casas de estudio.
Sin embargo, la policía de León, comandada por Mario Bravo Arrona cuya mayor virtud no es una carrera destacada o una formación sólida, sino el respaldo que recibe del gobernador del estado y que ha significado su imposición en el equipo de Alejandra Gutiérrez, se ha mostrado renuente a atender las peticiones de más y mejor vigilancia.
Enérgica con todos sus colaboradores y echada siempre para adelante, la alcaldesa panista no tiene forma de hacer entender a Bravo que su desempeño significará un impulso o un lastre a sus aspiraciones políticas en las que está invirtiendo tiempo y dinero que podrían estar orientados a metas más urgentes y menos personales.
Alejandra le colocó un marcaje personal a Bravo a su llegada: el comisionado de seguridad Víctor Aguirre Armenta, un ex alto cargo de la procuraduría de derechos humanos y hombre de su confianza, cargo creado para supervisar el apego a políticas respetuosas de derechos humanos en la secretaría de seguridad y la policía.
A un año de aquella decisión, Aguirre Armenta permanece encapsulado en la estructura de la secretaría y su función no tiene sentido: no hay respeto a los derechos humanos en una policía que persiste en sus viejas prácticas, ni contrapeso a Bravo.
Esta semana se hizo viral la réplica del secretario de seguridad a los cuestionamientos sobre la falta de seguridad en la vecindad de la Universidad De La Salle campus Campestre. Mario Bravo aseguró que si vigilan y que además hay quejas de ruido excesivo de los vecinos de la zona, deslizando un tema de responsabilidad hacia los estudiantes, como si se pudieran equiparar el ruido de las fiestas con los delitos.
Son el tipo de respuestas que pueden socavar la proyección de Alejandra Gutiérrez, al final del día la jefa política de Mario Bravo, aunque sea del dominio público que ella no lo mantiene ahí, sino solo lo tolera.
Esta historia seguramente continuará.
