* Sosa y el robo del kínder: la resistencia al silencio

* Complicidades agudizan crisis turística de Guanajuato

* Justicia injusta: abuso laboral en el Tribunal Electoral

1.- Protección del gobernador a ex tesorero de León evidencia complicidad

La acuciosa investigación de la reportera Melissa Esquivias para encontrar el modus operandi con el que el hombre de confianza y eminencia gris de Héctor López Santillana, el tesorero Enrique Rodrigo Sosa Campos, operó la instrucción de despojar de mil metros de terreno a un kínder público para ponerlo en manos de un empresario privado que tenía la frívola necesidad de ampliar una propiedad con intenciones recreativas, se convirtió en un diagnóstico profundo del hundimiento moral del panismo guanajuatense.

Atrapados con las manos en la masa en la recta final de una administración y el arranque de otra, los nuevos responsables debieron asumir costos que llegaron al compromiso de una investigación de la irregular y fraudulenta operación, a la suspensión de la obra de ampliación del particular y a presentar el caso ante la sala anticorrupción del tribunal administrativo del estado.

No paró ahí: la presentación del tema en la conferencia mañanera del presidente de la República generó una rápida reacción del empresario beneficiado, el inmobiliario Gabriel Padilla, para ofrecer la devolución del terreno al municipio a cambio del retorno del dinero pagado, dos millones de pesos.

Sin embargo, después de esas primeras consecuencias, la apuesta de los verdaderos autores intelectuales del regalo al empresario, el ex alcalde leonés Héctor López Santillana y el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, apostaron por el enfriamiento del tema y su virtual desaparición, para lo cual comenzó una nueva operación.

Lo primero fue frenar a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez para que investigara en serio las varias irregularidades encontradas en la administración que le precedió, con lo que la contraloría municipal disminuyó su ímpetu y entrego al tribunal de justicia administrativa un caso tan edeble en contra de Enrique Sosa, que facilitó la decisión del magistrado Arturo Lara de no entrar a fondo en el tema.

Lo segundo fue aislar al síndico independiente José Arturo Sánchez Castellanos, quien desde su llegada al cargo asumió el rol que le marca la normatividad a su cargo de vigilar el ejercicio de los recursos públicos. Los señalamientos del síndico sobre los casos del kínder y de la condonación del predial al Club Campestre de León, le provocaron un alejamiento del primer círculo de la alcaldesa y también del gobernador. Peor aún le fue tomado que externara sus puntos de vista en artículos periodísticos.

La tercera parte de la estrategia de encubrimiento fue designar a Enrique Sosa director en la Secretaría de Desarrollo Económico y a la postre, subsecretario. Ninguna de esas decisiones pudo ocurrir sin la autorización expresa del gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez, con lo quedó claramente expuesto de dónde venía la decisión de encubrir el abuso cometido en el kínder Juan Aldama para beneficio de un rico empresario que no tenía necesidad de ese despojo, más que como muestra de prepotencia y soberbia.

Sin embargo, la intención de encubrir un abuso de poder ostensible con decisiones de estado acaba de sufrir un tropiezo importante por la arrogancia de Enrique Sosa quien se sietne tan protegido desde el pináculo del poder estatal que acudió a la Procuraduría de los Derechos Humanos del panista Vicente Esqueda a presentar una denuncia en contra del síndico Sánchez Castellanos por haberlo afectado en su fama pública.

La errada estrategia del subsecretario de empleo y formación de la SDES, pues en todo caso debió manejar una denuncia por daño moral si se sentía exhibido en medios de comunicación, trajo de nueva cuenta el tema del kínder al escenario informativo y le permitió al síndico José Arturo Sánchez Castellanos publicar una nueva columna en su espacio semanal en el diario A.M.

Ahí el edil acusa a Sosa de pretender amedrentarlo para silenciarlo y lejos de ello le responde con valentía y claridad que continuará defendiendo el patrimonio de los leoneses y denunciando las conductas donde se evidencien abusos y violaciones legales.

Cobijado por un cinismo de antología que solo puede explicarse por la protección que le han brindado desde las alturas del poder estatal tanto López Santillana como Diego Sinhue, Enrique Sosa cometió un error garrafal: hoy, gracias a su denuncia por la afectación de su “buena imagen”, el caso del robo al kínder Juan Aldama sigue más vigente que nunca y seguramente trascenderá a los gobiernos que han tratado de invisibilizar una felonía al interés pública tan flagrante como innecesaria.

2.- Callejón del Beso: de conflicto a crisis, gracias a Navarro

Parece que todo lo que toca el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, está destinado a convertirse en un desastre.

Tocó el turno al sitió turístico conocido como el Callejón del Beso, en el centro de Guanajuato, surgido de la leyenda en torno a la cercanía de dos balcones, que se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los visitantes y escenario de fotografías para parejas de todo el mundo.

Como todos los sitios emblemátios de la ciudad, el Callejón del Beso es explotado por organizaciones de guías de turista que se han convertido en verdaderas mafias en la capital del estado y que nunca han podido ser reguladas por autoridades municipales o turísticas.

De ese comercio sin reglas claras se han beneficiado muchos propietarios de hoteles, de restaurantes, de comercios de artesanías y regalos e, incluso, museos de imitación, como la Hacienda del Cochero propiedad de Guillermo Smith, suegro de Alejandro Navarro, donde se lleva a los visitates con engaños a ver momias de utilería. O la Casa de los Lamentos, propiedad del propio alcalde, donde la mescolanza de objetos exhibidos incluye hasta figuras egipcias que nada tienen que ver con Guanajuato.

En esas condiciones, el alcalde está imposibilitado de obligar a los guías a comportarse de forma correcta y negociar en condiciones de equidad con los propietarios de los inmuebles que dan forma al escenario del Callejón del Beso, que se han convertido prácticamente en rehenes.

Cualquier conflicto del alcalde con los guías podría repercutir en sus propios negocios que se han beneficiado ampliamente de las omisiones para regular la actividad turística.

Instalado permenentemente en la fuga hacia adelante, al folclórico edil no se le ocurrió otra salida que amenazar a los dueños con la expropiación de las dos casas, un absoluto despropósito.

A Alejandro Navarro le hizo crisis su protagonismo este sábado cuando dio una rueda de prensa en el lugar del conflicto, que su administración había clausurado de forma temporal, pretextando la realización de mejoras, cuando recibió airados reclamos ciudadanos por la escasa claridad de sus medidas, negándose además al diálogo con los inconformes.

Parece que la estrategia tiktokera está mostrando sus limitaciones.

3.- Inaceptable maltrato en un tribunal

El acuerdo laboral obtenido por una trabajadora del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, después de denunciar despido injustificado y un inusitado maltrato laboral, que llegó a niveles de denigración, ejercido por la magistrada presidenta de ese órgano, Yari Zapata López, debe producir una seria reflexión.

La búsqueda de espacios libres de violencia para las mujeres y que respeten la dignidad humana, se ha convertido en un mantra de las instituciones. Se relizan, foros, congresos, seminarios y capacitaciones que parecen impactar poco la realidad.

El colmo es que desde el cargo más elevado de una organización cuya finalidad es impartir justicia, en este caso en el terreno electoral, pero además sancionar conductas como la violencia política de género, se reproduzcan actitudes inaceptables.

La aceptación del pleno del TEEG de un convenio reparatorio que acepta el despido injustificado, le valió a la demandante una indemnización por 632 mil pesos, sin embargo aún se reserva un reclamo ante el comité de igualdad laboral y género por la violencia sufrida.

La mejor manera de hacer avanzar a las instituciones es poniendo en práctica las nuevas regulaciones y no solo en foros edulcorados donde se dicen bonitas palabras.

Por lo pronto, el TEEG carece de la figura de un Ombudsperson ajeno al tribunal, como marca su propia normatividad, en otro incumplimiento que deja mucho que desear de quienes emiten sentencias y sancionan a los políticos que violentan la normatividad electoral.

Hay que decir que el TEEG vive situaciones irregulares desde hace años, como cuando su expresidente Gerardo Arzola Silva litigó personalmente ante el Congreso una reforma constitucional para poder despedir a un contralor que le era incómodo, lo cual le fue concedido por la pasada legislatura, a instancias de la mayoría panista que coordinaba Jesús Oviedo, hoy aspirante a la candidatura a gobernador.

Así, nomás no se puede.