* La inseguridad regresa a Celaya y el estado finge ignorancia

* Christian Cruz se dice protegido por el círculo cero de Sinhue

* PAN se exhibe al cubrir deficiencias de Vicente Esqueda

1.- Nadie está a salvo en la región Laja-Bajío, ni el delfín del gobernador

El secretario de Desarrollo Social y Humano, Jesús Oviedo Herrera, vivió en carne propia la situación que afrontan decenas de ciudadanos a diario en la carreteras del triángulo del huachicol en Guanajuato.

El miércoles pasado, cuando se dirigía a una reunión de trabajo a Celaya, fue interceptado en la carretera libre Salamanca-Celaya, a la altura de Villagrán, despojado de su vehículo que conducía un asistente y abandonado a la vera de la vía.

No ha sido el único. En la zona se ha reactivado la presencia de bandas organizadas que a plena luz del día interceptan a los viajeros, los asaltan, roban mercancías y automóviles. Además, han provocado accidentes graves cuando los blancos elegidos no se detienen o tratan de pasar los obstáculos que colocan en la cinta asfáltica.

Hay denuncias en las redes sociales, hay alertas en las aplicaciones de mensajería, lo que no hay son advertencias oficiales, vigilancia de corporaciones estatales o federales, ni información clara a los ciudadanos.

La fiscalía de Carlos Zamarripa ni siquiera se digna a informar sobre las denuncias de robo de vehículos, un delito de su entera responsabilidad. La secretaría de Alvar Cabeza de Vaca, no patrulla la zona tratarse de vías federales. Los recorridos de la guardia nacional no logran disuadir a los maleantes y, al final del día, los ciudadanos de la región y los que transitan por ahí se encuentran en la más absoluta de las desprotecciones.

El delito de que fue víctima el secretario de Desarrollo Social, quien además es precandidato a la gubernatura decretado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, no es el primero que afecta a un integrante del gabinete. En 2020 en Celaya le fue robada la camioneta al chofer del secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga.

Antes, en 2019, el entonces diputado Paulo Bañuelos también fue víctima de un asalto parecido, hoy es secretario de Desarrollo Agropecuario.

Quizá por esos antecedentes, para el gobierno ya se trata de una cuestión normalizada: la delincuencia de Celaya y sus alrededores es vista como parte del paisaje y a nadie le preocupa combatirla.

El gobernador ya se olvidó del “Golpe de Timón” el pretencioso operativo que pretendía desarticular el cártel de Santa Rosa de Lima y que solo tuvo efectividad mientras asistieron a las fuerzas locales corporaciones federales como la marina y el ejército. Mientras que el operativo “Guanajuato Seguro”, solo ha sido un eslógan vacío.

El “incidente”, que más bien parece parte del escenario de inseguridad para todos que se vive en la región, levanta alertas de cualquier manera sobre las condiciones en las que se llevará a cabo la actividad electoral que arranca el próximo año y las campañas que les seguirán a partir de principios del 2024.

Pacificar Guanajuato y combatir la impunidad son exigencias de la sociedad que el gobernador Diego Sinhue no ha podido cumplir y que sobrevivirán para los aspirantes a sucederlo. Uno de ellos, y no de los menores, es precisamente el secretario que fue víctima de la violencia criminal en esta semana.

Guanajuato presume en muchas de sus políticas públicas que ha logrado metas importantes sin depender de la federación. No se entiende que en el asunto básico de construir un Guanajuato en paz, renuncie a avanzar por su cuenta y prefiera culpar de inacción al gobierno federal, antes al de Peña Nieto y hoy al de López Obrador.

Más bien suena a pretexto y a renuncia a atender el reclamo social más sentido.

O peor aún, a complicidad.

2.- Secretario general del Congreso al servicio del círculo cero de Diego

¿Era necesaria una cacería de mandos medios en las áreas dependientes de la secretaría general del Congreso del Estado de Guanajuato? ¿La decidieron los diputados de la Junta de Gobierno, el presidente de la misma, Luis Ernesto Ayala, o fue iniciativa de Christian Cruz, el excedido secretario general?

Los que saben como están las cosas en esta administración dejan en claro que Cruz Villegas llegó al cargo que ocupa en el Poder Legislativo con la bendición absoluta de Juan Carlos Alcántara, jefe de gabinete de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que nada tuvo que ver Luis Ernesto Ayala, por eso su actitud de perdonavidas en el congreso.

Cruz Villegas se dio el lujo de decir a los integrantes de la Junta de Gobierno que “así se corría a la gente en la administración pública y que él si sabía de eso”.

Poco importó que el Congreso presuma un comité de igualdad y no discriminación, ya que una de las personas cesadas recibió el argumento de que “eres demasiado viejo para el cargo”.

Lejos del distintivo que alguna vez presumió Éctor Jaime Ramírez Barba de “great place to work”, Cruz se lanzó a una limpia de funcionarios para hacer huecos y acomodar a cuadros panistas no por perfil, sino por instrucciones.

Luis Ernesto Ayala solo repite que “renunciaron, no fueron cesados”. sin embargo ni siquiera se tomó la molestia de preguntar, se quedó con las explicaciones de Cruz Villegas al igual que la mayor parte de los integrantes de la Junta de Gobierno, salvo la representante de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel, que se dio a la tarea de localizar a las personas despedidas y escucharlas, solo para confirmar las vejaciones de que fueron objeto y desmontar las mentiras del secretario general ante la Junta de Gobierno.

La circunstancia ha escalado y ahora Luis Ernesto Ayala debió aceptar la realización de un estudio de clima laboral en las áreas administrativas del Congreso, lo que mantendrá la vista puesta en su secretario general que vino a traerle problemas, donde no había ninguno.

Y con esa descontrol, el ex alcalde leonés todavía piensa que puede construirse como una alternativa para la carrera panista por la gubernatura.

Así de famélica anda la caballada.

3.- PAN encubre la ineficacia de Esqueda en Derechos Humanos

El PAN de 30 años en el poder se está volviendo muy predecible. Ante la apertura a críticas y señalamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil al desempeño del procurador de los derechos humanos panista, el primero de la historia, se cerraron en banda y aplicaron una moción de censura a la intervención del morenista David Martínez, presidente de la comisión respectiva en el Congreso.

La idea del académico no pareció ser del agrado de sus compañeros de comisión, quienes desde la comparecencia de Vicente Esqueda se prestaron para que el funcionario evitara entrar en aguas profundas y solo surfeara sobre los problemas que vive el estado en materia de violaciones a derechos humanos y para los cuales la dependencia que encabeza ya no es ni siquiera un paliativo.

En sintesis, a legisladores como la joven Briseida Magdaleno, de quien se esperaría una visión más fresca que viniera a renovar el anquilosamiento del panismo gobernante, la revisión de la actuación del procurador se convirtió en la oportunidad para mostrar solidaridades partidistas y no para hacerse cargo de las necesidades de los ciudadanos.

Para el priista Gustavo Reyes Alfaro fue la oportunidad para seguir quedando bien con el PAN, como es la tónica marcada por el coordinador Alejandro Arias.

Y como el presidente de la comisión prefirió retomar los señalamientos de las organizaciones ciudadanas y no las complicidades partidistas, en la sesión de Pleno esta semana, donde debería presentarse el análisis del informe, se recurrió al expediente de la censura, validada por la mayoría panista.

No se percatan los panistas que con su actitud lo único que hacen es convalidar la crítica, surgida desde espacios de la sociedad, de que Esqueda no obedece a los intereses amplios de los guanajuatenses, sino a los muy estrechos de una cúpula partidista que cada vez se muestra más cerrada y alejada de las verdaderas preocupaciones de sus representados.

La partidización del ombudsperson de Guanajuato, cada vez más clara y ratificada desde una nueva legislatura, evidencia una profunda confrontación del panismo con sus propios principios y con la capacidad que hasta ahora habían tenido para leer los cambios que vive el estado.

Lástima de los 120 millones de pesos que gasta al año la procuraduría de los derechos humanos, no en salir a la defensa de las garantías de los guanajuatenses, sino para darle chamba a una burocracia dorada y expulsada de otras instancias de gobierno, entre otras cosas por su incapacidad.

Poco podrá esperarse de una oficina que cambió radicalmetne su sentido y que ha dejado de simular un compromiso con la defensa de derechos para asumirse como una pieza más del engranaje para alimentar a una voraz clase burocrática que solo se sirve a sí misma.

Lo que pasó en el congreso en estos días es el mejor diagnóstico de la profunda crisis de representación que vive el panismo hegemónico de Guanajuato.

Vaya contrasentido: en lugar de que el procurador de derechos humanos haga su trabajo y fortalezaca la gobernabilidad del estado, son los diputados del PAN los que deben salir a curbir las deficiencias de su correligionario que ni sabe, ni quiere aprender sobre derechos humanos y con ello comprometer su propia representación.

Tal pérdida de rumbo debería ser motivo de preocupación para ese partido, si es que hubiera un rescoldo de autocrítica.

No parece ser el caso.