* Municipios en barrena y abandonados a su suerte

* Héctor López Santillana sueña con ser el plan B del 2024

* Crisis humanitaria causada por decisiones políticas

1.- León, Irapuato, Celaya, se larvan las crisis.

A un año de la jornada electoral donde fueron electos, los ayuntamientos panistas de Celaya, Irapuato y León emiten señales de alarma que deberían preocupar a los encargados de la estrategia política de ese partido a nivel estatal.

En Celaya la violencia ha repuntado y el trabajo policiaco que había avanzado en la anterior administración parece perderse bajo la gestión del veterano ex priista Javier Mendoza Márquez. Tampoco avanza el trabajo social y el político queda a deber al tratar de contemporizar con el viejo panismo celayense para evitar conflictos.

Por lo pronto la violencia resurge en la zona sur del municipio y ni la presencia de la guardia nacional logra inhibirla, las comunidades sufren y los únicos que parecen escuchar a los pobladores son los sacerdotes que dan su servicio en la zona y que también temen por su seguridad.

La liberación de un ex convicto detenido hace un par de años y presentado como “lugarteniente del Marro”, parece ser el detonador de la nueva ola de crímenes, entre ellos varias masacres que colocan de nuevo a Celaya en el foco nacional, justo cuando se preparaban anuncios de inversiones importantes para la región. Sin embargo, ninguna esfera oficial aborda el tema y se tiene a la población a merced de rumores y versiones a medias, lo que no deja de ser otra forma de victimización.

En Irapuato empiezan a acomodarse las cosas, tras los cambios en la secretaría de Seguridad Pública, donde la posición ha sido recuperada por Alvar Cabeza de Vaca con uno de sus alfiles: Luis Ricardo Benavides, un cuadro policiaco con antecedentes en Querétaro, Aguascalientes y San Miguel de Allende, antes de que el secretario de seguridad del estado lo hiciera director de un centro estatal de prevención de la violencia, que por lo visto no ha servido de nada.

Sin embargo, esta decisión marca una ruptura con Sophia Huett, la comisionada estatal de seguridad que fue muy crítica de la represión de las feministas el primero de mayo pasado.

Irapuato además está convertido en zona de guerra entre dos cárteles y la presencia de más militares y guardia nacional no ha traído precisamente más seguridad, sino más bien riesgos para la población.

En ese panorama, la alcaldesa Lorena Alfaro no puede darse el lujo de cometer nuevos errores. parece que la época de los viajes ya pasó y que la apuesta por el turismo tendrá que esperar. La prioridad hoy debe ser reorganizar la policía, depurarla y trabajar en pacificar al municipio, esquivando los conflictos políticos en la cúpula.

En León, aunque se tiene el mayor número de asesinatos en cifras absolutas, el impacto se diluye por la magnitud de la urbe. Sin embargo, el problema de inseguridad parece quedar en segundo término ante la crisis de gobernabilidad que se genera desde la cúpula del ayuntamiento, donde la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos padece el activismo desaforado de su cónyuge, Eduardo Ramírez Valdez, quien no se limita a dirigir las políticas de asistencia social, sino que mantiene una dinámica donde se mezclan los negocios, el manejo de la imagen de su esposa y un proyecto de futurismo que hoy por hoy parece no tener destino.

La alcaldesa trata de asumir una imagen de energía y de disciplina, pero se desdibuja totalmente cuando permite las intromisiones de Ramírez en áreas que solo deberían ser de su estricta competencia, como el gasto de comunicación social y las contrataciones de proveedores.

Eso fue lo que detonó con el caso Syntagma – Synamica, donde la cercanía entre Eduardo Ramírez y Humberto Ruiz ha sido pública desde años atrás, incluso en aventuras empresariales que no llegaron a buen puerto.

Cuando el tema ha detonado públicamente, las respuestas desde el municipio han sido de dos tipos y ninguna parece muy eficiente: un silenciamiento de los medios de comunicación tradicionales para eludir el tema, lograda gracias a chantajes con la asignación de contratos publicitarios, lo que va acompañado de la represión de los reporteros de la fuente y las constantes amenazas de exhibirlos ante sus jefes a la menor provocación; y las desafortunadas explicaciones de la alcaldesa, donde pasa por alto todo el espíritu de responsabilidad en el ejercicio del gasto público para definir que los millones dedicados a la imagen municipal “son cuestión de gustos”.

Con mucha rapidez, gracias a sus asesores, a su círculo cerrado de decisiones y a una vena autoritaria, el de Alejandra Gutiérrez se desliza rápidamente a ser otro gobierno “de revista”, como lo definiera en un golpe de genialidad política el veterano Alfredo Ling Altamirano, cuando fue enviado por Miguel Márquez como marcaje personal de la alcaldesa priista Bárbara Botello.

Frente a este panorama, donde la columna vertebral del estado en términos de población pero también de voto panista, está viviendo momentos complicados, no se registra ninguna acción de contención desde el gobierno del estado, donde a final de cuentas se centraliza la política estatal.

Poco puede argumentarse sobre autonomías, cuando en las áreas de seguridad, por ejemplo, los titulares se designan en la esfera estatal, casos Léon e Irapuato; o cuando se piensa que la realización de obra pública y la inversión en política social, depende de las lineas de financiamiento estatal.

La falta de previsión para reorientar políticamente las administraciones municipales de las mayores ciudades del estado puede dar lugar a complicaciones a futuro.

Por cierto, aquí es donde más se nota la incompetencia del dirigente estatal panista, el evanescente Eduardo López Mares, quien se la pasa combatiendo molinos de viento en ruedas de prensa que a duras penas generan notas perdidas en páginas interiores.

Muchos quizá no lo recuerden, pero la debacle del PRI de 1991 empezó unos años antes, con crisis políticas en León e Irapuato, alcaldes defenestrados e interinatos. Habría que revisar esa historia.

2.- Movimientos del gabinete mandan señal equivocada

Resulta inevitable asociar los movimientos en el gabinete legal y ampliado de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, con las decisiones para orientar la sucesión del 2024. Tras el evidente destape de Jesús Oviedo Herrera mediante el lanzamiento de una nueva orientación de la política social y el anunció de una asignación de 2 mil 700 millones de pesos, se produjeron los relevos.

Casual o coincidentemente, tres de los cuatro nuevos funcionarios anunciados tienen conexiones evidentes con el ex alcalde de León, Héctor López Santillana.

Ramón Alfaro, el nuevo secretario de desarrollo económico, es su alfil y su criatura, lo ha seguido siempre y le es fiel sin discusión; en realidad, su presencia al frente de SDES es un santillanismo disfrazado, todo el sector sabe que las decisiones trascendentes serán acordadas con el director del GPI.

Graciela Amaro, nueva directora del Iplaneg, no es santillanista, después de 14 años al frente del Implan solo se puede pensar en ella como una técnica institucional pues incluso sirvió en el gobierno priista de Bárbara Botello, sin embargo, Santillana fue su último jefe y habrá quienes se equivoquen sobre su adscripción.

La nueva subsecretaria de turismo, Guadalupe Robles, llega al cargo por su gran amistad con el influyente diputado Aldo Márquez, presidente de la comisión de ese ramo y el mismo empresario de rubros de hospitalidad; empero coincide en que fue la operadora de la Feria de León buena parte del gobierno del ex alcalde.

Sólo Jesús Correa, en INAEBA, parece no tener que ver con López Santillana ni con nadie. Su designación es un autentico rompecabezas, pues ni siquiera conoce el tema educativo, menos el especializado de la alfabetización, su fortaleza es la operación política y quizá deba su nombramiento a un tema de equilibrio frente al alcalde priista de San Miguel Allende, Mauricio Trejo, donde Correa ha hecho su carrera política.

De cualquier manera, ya hay panistas inconformes con la construcción de la candidatura de Oviedo, que buscan un plan alternativo en la figura del gobernador interino que sucedió a Juan Manuel Oliva y antecedió a Miguel Márquez.

Ante el pasmo en el que se encuentra el eterno suspirante Luis Ernesto Ayala y su corte de asesores priistas, López Santillana parece representar las aspiraciones de un panismo rancio que no quiere soltar la mazorca.

Y esa lectura no la propició nada más que la falta de estrategia de quienes operaron los cambios con los que se quería amarrar el lanzamiento de Oviedo. Vaya pifia.

3.- Politizar oficina de derechos humanos, la peor decisión

Lo que se vive en Guanajuato alcanza tintes de dramatismo. La violencia que trata de ser minimizada a cómo de lugar por las autoridades, colgándose de las estadísticas más absurdas y cerrando los ojos ante los hechos estremecedores que llenan las páginas de los medios y aterran a la población, está afectando a muchos inocentes.

Las organizaciones de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional realizaron un puntual pronunciamiento, donde evidencian que el caso del niño Juan David, de once años de edad, victimado a golpes por su padrastro, un policía en activo, no es sino un puntual reflejo de la crisis de derechos humanos y violencia generalizada que vive la entidad.

La situación queda en evidencia ante la ausencia de pronunciamientos e incluso de mensajes de solidaridad de instituciones como el congreso del estado, la procuraduría de los derechos humanos y la procuraduría especial de protección a niños, niñas y adolescentes.

Hace unas semanas, en el informe del fiscal Carlos Zamarripa, este presumió que se habían recibido menos recomendaciones de la PRODHEG en 2021 que en 2020. No es casual, es el año en que llegó a la dependencia el panista Vicente Esqueda Méndez, justo el político al que le levantó el veto el gobernador Diego Sinhue Rodríguez por la guerra sucia en su precampaña, gracias a la intercesión del fiscal y del secretario de seguridad Alvar Cabeza de Vaca.

Esqueda pagó con creces el servicio siendo aún más laxo que Raúl Montero para revisar la actuación de las áreas de seguridad en Guanajuato. Es decir, nada o muy poco mejoró en el respeto a los derechos humanos por parte de policías, y ministerios públicos, pero en cambio mucho dejó de hacer la instancia de los derechos humanos en Guanajuato.

En el año que más quejas hubo de grupos organizados de colectivas de buscadoras, fue cuando el sedicente ombudsperson de Guanajuato decidió tirarse a la hamaca y hasta la fecha.

Desde el Congreso se le ha exigido muy poco y habrá que ver si la modalidad establecida por el diputado David Martínez Mendizábal para revisar el informe del procurador con la participación de organizaciones de víctimas trae alguna luz sobre el desempeño de una oficina que gasta 120 millones al año y que hasta ahora solo ha servido para revivir a un panista caído en desgracia.

Ese parece ser el grado de importancia que el gobernador de Guanajuato y los diputados que validaron el nombramiento de Esqueda, le concedieron a la oficina encargada de proteger a los ciudadanos de abusos y omisiones de las diversas autoridades de Guanajuato, justo en los tiempos de mayor inseguridad y violencia de la era moderna.

La crisis de derechos humanos no solo proviene de las afectaciones a los ciudadanos que provoca la negligencia y el abuso oficial, sino sobre todo de la inoperatividad de la instancia encargada de investigar y reparar el daño y ahora solo dedicada a refuncionalizar a un político sin los menores antecedentes en el tema.

Por donde se le vea, no se vale.