* Miguel Márquez no suelta la rienda

* Diego y Zamarripa: vivir en la burbuja

* Corrupción de Santillana sigue con Alejandra

1.- La mejor jugada de Diego… la sugirió Miguel Márquez

Luego de lanzar al ruedo a su secretario de desarrollo social, Jesús Oviedo Herrera, como punta de lanza del programa gubernamental más ambicioso, con más tierra y más recursos, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez pareció cerrar la pinza al exhibir en redes la fotografía de una reunión con 4 ex mandatarios de Guanajuato.

Los adelantados nos imaginamos que esa comida, anfitrionada por un ex priista de corte jesuita como Jorge Videgaray Verdad, amarraba el plan de la sucesión dieguista e inmobilizaba a quien más amenazaba con intervenir en el proceso: el aún influyente Miguel Márquez Márquez, dueño de varias carteras en el gobierno de su sucesor donde es jefe político de funcionarios de peso o colocados en lugares clave como Carlos Zamarripa, Alvar Cabeza de Vaca, Juana de la Cruz Martínez y Ricardo Narváez.

No tardó mucho el propio Sinhue en salir a aclarar las cosas, 24 horas después de la foto inesperada declaraba ante los medios que la idea de la reunión “fue de Miguel Márquez”, con lo que mató cualquier sospecha de liberación y de autonomía de la nefasta influencia que lo tiene sometido desde que empezó el sexenio.

Por si fuera poco, Diego avanzó la inopinada tesis de que el propio Márquez y Juan Carlos Romero, “pueden ser candidatos presidenciales”, cuando no aparecen en ninguna encuesta y el segundo fue degradado de coordinador de la bancada federal panista a diputado de a pie.

Tras la aclaración, lo único que subsiste es la idea generalizada entre la clase política del estado, panistas y no panistas, de que las ataduras de Márquez hacia Sinhue no han perdido fuerza y que su influencia en la sucesión prevalece, muy por encima de la que puedan ejercer los otros asistentes al ágape de Videgaray.

Con el tema adelantado de la sucesión, dos años antes de las elecciones y 18 meses antes del destape formal, lo que queda es una lucha sorda de facciones al interior del gobierno del estado para rodear e influir en el delfín que parece haber surgido de un consenso forzado entre Márquez y Diego.

El panismo de Guanajuato, ensoberbecido por el hecho de ser el que mejor conserva la lealtad del electorado a su marca, por su éxito en desmantelar a las oposiciones y por su carácter de principal bastión antiobradorista, no piensa negociar sus posiciones con la dirigencia nacional de Marko Cortés y para empezar hay una guerra a fuego lento en contra de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, para evitar que despegue como alternativa a la sucesión, guerra a la que ella misma ayuda por las flaquezas de su equipo compacto.

Lo delicado de la sucesión del panismo imperial que nos gobierna en Guanajuato es que se resuelva entre unos cuantos actores, en ausencia de las bases de ese partido, reducidas a carne de nómina, y gracias a un electorado cautivo por las dádivas de una política social que no resuelve los temas de pobreza pero si proporciona lealtad en la urna.

El resultado está a la vista: políticos y funcionarios cada vez menos capaces, menos preocupados por el servicio a la población y más ambiciosos de privilegios pagados con recursos públicos: el círculo perfecto para construir incompetencia y corrupción.

2.- Zamarripa y Diego cada vez más solos

El estado vive dos realidades radicalmente distintas: el viacrucis diario de una población expuesta a una delincuencia sin freno, impune y cada vez más violenta; y la complacencia de los altos funcionarios del gobierno estatal para quienes todo va de maravilla, el fiscal es el mejor de México, el estado está en paz y solo hay que prepararnos para “administrar la abundancia”.

En Celaya, en Irapuato, en León, el miedo vive en las calles. No solo son las ejecuciones que pueden ocurrir a cualquier hora y en cualquier calle, sino el incremento de robos y asaltos en las colonias: a negocios, a domicilios, a vehículos, a transeúntes.

Para el gobernador Diego Sinhue Rodíguez; para las alcaldesas y alcaldes, para la prensa que tuitea propaganda en lugar de noticias, no pasa nada: la policía hace su trabajo, los incidentes son la excepción y Carlos Zamarripa es una auténtica bendición del cielo.

¿Ha ido usted a denunciar un delito al ministerio público? Cuando no ocurre que la víctima es tratada como si fuera el delincuente, pasa que le exigen investigar por su cuenta, como en Irapuato donde una madre que denunció abuso sexual contra su hijo, fue obligada a ir a pedir los nombres de los agresores a la escuela donde ocurrió el hecho.

¿Le han robado algún vehículo? Tras perder un día en la denuncia y en la baja de las placas, puede usted enterarse a la vuelta de los meses que el auto fue encontrado, pero que hay que pagar varios meses de hospedaje en una pensión privada para recuperarlo, en un evidente negocio entre ministeriales y particulares.

La fiscalía solo es de primer mundo en las declaraciones del gobernador, los informes del fiscal y los aplausos de los diputados. Para todos los demás es una dependencia agresiva, insensible, intimidatoria, corrupta y, por encima de todo, profundamente ineficiente.

En estos días se acumularon 10 mil homicidios dolosos solo en lo que va de la administración de Diego Sinhue Rodríguez. La pandemia de Covid lleva acumuladas 15 mil defunciones oficiales en Guanajuato, la violencia no aprece irle muy a la zaga.

Además, la baja relativa del año pasado y de los primeros meses del 2022 se ve opacada por la presentación de masacres a sangre fría que siembran el terror y aumentan la vulnerabilidad de la población, como la reciente de Celaya.

¿Qué hace falta? Lo primero, que quienes conducen los asuntos públicos rompan la burbuja donde habitan y conecten con la realidad de los ciudadanos para que dejen de descalificarlos por percibir que las cosas no van bien. Se trata de una doble violencia: no atender los problemas reales e invisibilizar a una sociedad víctima.

Lo segundo: empezar a trabajar en el proyecto de remontar el deterioro acumulado y abandonar la manía de emplear la promoción y la auto alabanza como únicas políticas públicas.

Lo contrario solo profundizará la crisis y nos enfrentará a consecuencias difíciles de prever, como pasa con las que ya vivimos y que hace unos años ni siquiera imaginábamos.

3.- La corrupción instalada en el municipio de León

Se acabó muy rápido la intención de Alejandra Gutiérrez Campos, primera mujer panista en gobernar León, de hacer una administración diferente, sin complicidades, con transparencia y cercana a los ciudadanos.

Tras los primeros jalones de oreja desde el gobierno estatal, la lucha contra la corrupción de su antecesor se congeló.

Primero se validó la venta del terreno de un kínder a un amigo del gobernador, Gabriel Padilla Cordero, mediante el sencillo recurso de realizar una deficiente investigación desde la contraloría municipal a cargo de Viridiana Márquez.

Y aunque se logró la devolución del impuesto predial indebidamente condonado al club campestre, se dejó impune la responsabilidad de quien formalmente la validó, el ex director de desarrollo rural Rodolfo Ponce, sancionado simbólicamente con 20 días de suspensión, pero premiado con un asecenso burocrático a una subsecretaria del gobierno estatal.

Con estos hechos, Alejandra Gutiérrez dejó en evidencia su afirmación de que “no sería tapadera”, lo fue en detrimento directo de su credibilidad personal y su capital político.

Sin embargo, ahora la corrupción que emerge ya no es la de asuntos heredados por Héctor López Santillana, sino los cometidos en la administración actual por parte de funcionarios que teóricamente son sus subordinados.

Esta semana fue denunciado formalmente el posible contubernio de funcionarios públicos de la secretaría de seguridad y una empresa proveedora de torretas para patrullas, para generar un sobreprecio para el municipio de entre 3 y 7 millones de pesos.

El asunto fue tan escandaloso que 5 de los 11 integrantes del comité de adquisiciones del municipio votaron en contra de la licitación. El síndico apartidista José Arturo Sánchez Castellanos validó la compra bajo protesta pero decidió acudir formalmente a la contraloría a denunciar el proceso para que se abra una investigación y lo dio a conocer en su colaboración semanal en un diario leonés.

El tema tiene inconforme a buena parte de la administración municipal panista, partidarios todos de lavar la ropa sucia en casa. Pero tiene particularmente incómoda a la alcaldesa, pues el área de seguridad es uno de sus dolores de cabeza al generar constantes conflictos pero donde no puede hacer nada porque la ratificación de Mario Bravo Arrona, secreto a voces, es una decisión tomada en Guanajuato por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Se sabe además que el mayor apoyo del secretario de seguridad de León es el primer notario Luis Mariano Hernández Aguado, gracias a la relación laboral de varias décadas con una persona del entorno familiar del jefe policiaco. El notario que apadrinó a Diego Sinhue en sus inicios laborales no solo parece tener influencia en el Poder Judicial, en Sapal, en la SMAOT, sino tambien en el área de seguridad de León.

Y contra esa red de influencias, la alcaldesa parece haber decidido no confrontarse, aunque en ello le vaya su imagen de mujer implacable con las prácticas indebidas en el servicio público.

Quizá por eso haya incrementado sus escapadas a los temas nacionales de su partido, para eludir la dura realidad local.