* Diego cree tener un control que hace agua por todas partes

* El secretario de Finanzas le pone freno a los proyectos del gobernador

* Los diputados naufragan de nuevo ante el *gaslighting* de Zamarripa

1.- Cuando Diego despertó, Márquez aún estaba allí

Hasta el día de hoy, el gobierno encabezado por el joven político leones Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no logra consolidarse pese a su gran inversión en imagen: compra de espacios en redes sociales y apuesta por el control de los medios de comunicación masivos vía la publicidad oficial.

El punto central, contrastante con la apuesta en la mercadotecnia, en lo que coinciden observadores de la vida pública, líderes de diversos sectores y empresarios, es que al gobernador le hace falta hacer política, más política y mucha política.

Los puestos claves de la estructura política del gobierno están ocupados por cuadros panistas que o bien tienen agenda propia o bien son absolutas nulidades.

La secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, se mueve como pez en el agua en las redes sociales, maneja su agenda con pulcritud pero el desmembramiento de su dependencia la deja con muy pocas responsabilidades reales para impactar en los temas complicados de la gobernanza.

Y sin embargo, le está sacando partido al puesto para posicionarse como la precandidata más firme a suceder a su jefe, en caso de que la favorezca la selección de género. Todo lo cual adelanta tiempos y pone a la funcionaria en el ojo del huracán y en la mira de otros aspirantes.

El líder del Congreso, jefe de los panistas y de casi todas las oposiciones, Luis Ernesto Ayala, está colocado en una posición donde lo único que logra es exhibir tibieza y mediocridad.

El colmo ha sido que reclute asesores del viejo PRI para fortalecer su conducción de la bancada, como si en 30 años el PAN no hubiera logrado consolidar cuadros políticos. Por si algo faltara se enfrenta a la agenda de respeto a derechos humanos que impulsan organizaciones feministas y de la diversidad sexual, ante lo cual carece de respuestas y de argumentos.

En el PAN, otrora centro neurálgico de la continuidad panista en el poder, la dirigencia se ha degradado a niveles no vistos nunca antes. Eduardo López Mares parece el Jaime Martínez Tapia que dirigía al PRI de Rafael Corrales Ayala, el último gobernador priista.

Sumiso, gris, incapaz de generar estrategias, carente de ideas, ha debido recurrir al ex gobernador Juan Manuel Oliva, mediante un contrato de asesoría, para “recuperar orientación doctrinal”. Se ve difícil que logre algo productivo buceando en el pasado.

Con esas limitaciones en la columna vertebral del PAN-Gobierno, la operación política recae, indefectiblemente, en el operador de confianza del gobernador, el jefe de gabinete Juan Carlos Alcántara Montoya, un ingeniero civil que fue el eje de ataque de la campaña a la gubernatura del finado Ricardo Torres Origel en el año de 2012 y que colocó a Miguel Márquez en serios predicamentos en el debate y en la construcción de su candidatura, la cual salió adelante por el apoyo del aparato estatal que encabezaban el propio Oliva y Fernando Torres Graciano, convertidos en una verdadera aplanadora corporativa.

Al igual que su mentor, Alcántara ha mostrado ser un sobreviviente y a pesar de no ser oriundo de Guanajuato, es hidalguense, ha logrado convertirse en el articulador de las políticas públicas del actual gobierno, supliendo muchas veces a los propios secretarios de despacho que andan cada uno tirando de su propia cuerda.

El tiempo y la agenda no alcanzan para todo. La falta de definición política del gobernador para cortar el cordón umbilical que le sigue atando a Márquez y cuyos personeros ocupan las carteras más poderosas de su gabinete –Alvar Cabeza de Vaca, Héctor Salgado Banda, Daniel Díaz Martínez, la siempre intrigante Juana de la Cruz Martínez Andrade, más el intocable fiscal autónomo Carlos Zamarripa Aguirre-, limita el esfuerzo para dotar a este gobierno de rostro y alma propios, lo que complicará su papel en la sucesión que viene.

En el entorno de Diego se tiene la firme creencia de que las cosas están bajo control, que las lealtades que se expresan de palabra son de verdad y que podrán hacer y deshacer a su antojo.

La verdad es que la comprobada perversidad de Miguel Márquez, su capital acumulado en metálico y en influencia política y su infiltración de puestos claves del gabinete dieguista podrían propiciar el engaño perfecto: que Diego Sinhue crea que está eligiendo un sucesor cuando en realidad está ungiendo a otro delfín de su propio creador.

Ese es el verdadero metaverso en el que está sumergida la política cupular de Guanajuato al día de hoy y no el de la mentefactura, que no deja de ser otro artificioso autoengaño que luce bien en carteles, etiquetas de twitter y banners publicitarios, pero que se desmorona al contacto con la realidad.

2.- Salgado Banda: mucho doctorado, poca flexibilidad

La obsesión del Secretario de Finanzas del gobierno estatal, Héctor Salgado Banda, por mantener la calificación crediticia de Guanajuato se está constituyendo en un serio obstáculo a muchos de los proyectos que podrían ser emblemáticos de la administración de Diego Sinhue Rodríguez, pero que se ponen en riesgo conforme pasan los meses y se acerca la recta final del sexenio.

Temas impulsados por otros integrantes del gabinete, como el parque multimodal de Celaya, que defienden tanto Mauricio Usabiaga de Desarrollo Económico, como su muy probable sucesor, Héctor López Santillana, de Guanajuato Puerto; o la carretera Silao – Dolores Hidalgo, ya derivada del gobierno federal al estatal para que opere su concesión, no caminan por el dogmatismo del irapuatense Salgado Banda que le lanza a sus alternantes su doctorado en economía en Londres como argumento para ganar las discusiones.

En cambio, el tesorero si hizo avanzar contra viento y marea la arrendadora Guanajuato Leasing, que controla a través de su hombre de paja, Ricardo de la Peña Rodríguez, el director el ISSEG, de quien depende formalmente y que maneja la información al respecto como el secreto mejor guardado, pasando por alto todas las obligaciones de transparencia.

Con la arrendadora que está conformada por un 49 por ciento de capital público, a través del ISSEG, y un 51 por ciento de socios particulares, Salgado Banda ha proporcionado un espléndido negocio a sus selectos invitados al ofrecerlos una rentabilidad que pocos negocios dan en estos tiempos, pues tiene como clientes cautivos a toda la estructura de gobierno y a los municipios para dotarlos de vehículos, por lo pronto, y más tarde de otro tipo de equipamientos.

Aunque el secretario de Finanzas le vendió al gobernador la idea de que el mecanismo contribuirá a fortalecer el fondeo del ISSEG, en realidad los principales ganones son un grupo de empresarios cuyos nombres se resisten a revelar tanto Salgado Banda como De la Peña.

No es el único tema que hace levantar las cejas sobre la ortodoxia financiera de Salgado. Su favoritismo hacia BBVA Bancomer como financiero de los créditos gubernamentales y como fiduciario de los fideicomisos estatales, tampoco suena muy transparente.

Ahí está el caso del enrevesado crédito de 70 millones de pesos al municipio de Guanajuato, para construir el objetado museo de las momias sin permisos y autorizaciones.

El beneficiario fue BBVA Bancomer y los tiempos del Congreso y de Finanzas corrieron sobre mantequilla, no así en la federación, donde el empréstito aún carece de número de inscripción ante la Secretaría de Hacienda.

El ascendiente que ha adquirido Salgado Banda a los ojos de Diego Sinhue y que opera en sentido contrario a los proyectos de su gobierno, hacen pensar a más de alguno en el origen del funcionario, que llegó al gabinete ampliado de Miguel Márquez, precisamente al ISSEG, de la mano del autoexiliado Rafael “Gallo” Barba.

¿Será mano negra para debilitar aún más el margen de maniobra de Diego en la sucesión?

Si no es planeado, que maña se da para parecerlo.

3.- Zamarripa, el gesto de enojo no oculta el desastre

Los diputados de diferentes partidos, incluidos algunos panistas, trataron de establecer un diálogo con el fiscal Carlos Zamarripa en su reciente comparecencia por el informe del ejercicio 2021. Ni los críticos ni los acomedidos tuvieron respuestas. Los legisladores no fueron lejos en su interrogatorio: el funcionario los paró en seco con retruécanos, respuestas falaces, hosquedad e incluso enojo.

Resulta lamentable que uno de los tres poderes del estado se tenga tan poco respeto y permita el ninguneo a que los somete el funcionario. Ya en el pasado se les ha criticado a otras legislaturas su sumisión y su carácter de simples aplaudidoras al funcionario responsable de la alta impunidad y la ineficacia frente al desastre de la inseguridad en Guanajuato.

Primero fue el titular del Ejecutivo, Diego Sinhue Rodríguez, quien decretó que Zamarripa es “el mejor fiscal de México”, lo que no extraña en un funcionario que ha optado por darle la espalda a la realidad para vivir en una burbuja de dulces sueños y futuro resuelto para siempre, aunque se retire de la política en 2024.

Una vez más, los diputados se mostraron incapaces de encontrar los hilos finos de la catástrofe que es el combate a la delincuencia y la investigación de los delitos en Guanajuato para enfrentar al funcionario. El experto gaslighteador en que se ha convertido el fiscal, surfea por todas las interrogantes y, ayudado por el rígido formato, logra convertir en fortalezas sus mayores defectos.

Sin embargo, afuera de los muros de cristal del Congreso de Guanajuato, en las calles donde la gente no gana los sueldos de ensueño de los diputados, se sabe, se siente y se sufre una realidad muy distinta: ahí no hay discursos que valgan ni berrinches del fiscal: el crimen se enseñorea sobre los ciudadanos que viven riesgos todos los días: ser robados, agredidos, secuestrados o extorsionados.

Lo dicen todas las encuestas desde hace años: la inseguridad es el mayor problema de Guanajuato. Lo dicen las páginas de los diarios: las fosas se multiplican en muchos municipios de la entidad (la última, masiva, en León); las mujeres desparecen; los homicidios son el pan diario y las armas circulan sin control.

Pero el fiscal se enoja si le preguntan los diputados que tienen la representación ciudadana y pese a ese alto encargo, se achican y se dejan impresionar por el malencarado servidor de sí mismo que es el fiscal, pues hace tiempo que no se debe a los ciudadanos que pagan su sueldo.

Y le faltan todavía seis años más de encargo, donde se enfrentará a otras dos legislaturas sin que eso lo preocupe: ya sabe que es el dueño del balón, de la cancha y del árbitro.

Qué tiempos.